La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) dio luz verde para avanzar en el análisis de la política de sobrecargos que aplica el organismo a sus préstamos, uno de los puntos reclamados hace casi dos años por Argentina. Además, avaló plantear la creación de un fondo fiduciario que permita la reasignación de los recursos en Derechos Especiales de Giro -la moneda del FMI- hacia los países que más lo necesitan.
En la Asamblea Anual del FMI, del que participó la titular Kristalina Georgieva, los ministros de Economía y presidentes de Banco Centrales de los países miembros le otorgaron mandato al directorio del FMI (y consecuentemente al staff) para la ejecución de las políticas del próximo período. Tras ello, el organismo envió un comunicado con un decálogo de puntos, de notorio interés para la Argentina en el contexto de la pandemia y de la negociación de un nuevo programa de financiamiento.
"Agradecemos al FMI su actualización sobre la política de recargos y esperamos un análisis más detallado en el Directorio Ejecutivo del FMI, en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios", expresó el Comité del organismo en el punto ocho del documento. El pronunciamiento replicó el texto que ayer publicó el G20 en apoyo a una revisión de la política de sobrecargos del FMI, que la Argentina, México y el conjunto de países en desarrollo nucleados en el G24 solicitaron a los países avanzados, para poder hacer frente a la crisis de deuda, entre otras medidas.
Si bien el FMI no fue explícito en lo que respecta al tiempo que puede llevar esta revisión, es una buena noticia para la Argentina en el contexto de la negociación de un nuevo programa para refinanciar la deuda de los 44.000 millones de dólares contraídas por la gestión anterior.
La Junta de Gobernadores también apoyó "los esfuerzos del FMI para buscar opciones para la canalización voluntaria de DEG de miembros con posiciones externas sólidas, de acuerdo con sus procesos internos, en beneficio de los países de ingresos bajos y medios vulnerables".
Entre los aspectos concretos de esta iniciativa, el Comité apoyó "el establecimiento de un Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad (RST) en el FMI, para proporcionar financiamiento asequible a largo plazo para ayudar a los países que emprenden reformas macrocríticas para reducir los riesgos para la estabilidad prospectiva de la balanza de pagos, incluidos los relacionados con el cambio climático y las pandemias". Este Fondo sería el mecanismo que utilizará el organismo para distribuir los DEG desde países que no lo necesitan a aquellos que sí lo necesitan, aunque aún falta avanzar en la modalidad del Fondo, y en quiénes terminarán accediendo a esos recursos.
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