En un escenario marcado por el proceso inflacionario, con estimaciones al alza para el mes de abril, y salarios que no logran ganarle a las subas mensuales de precios ni recuperar todo lo perdido para 2019, el acceso al crédito por parte de las familias y las empresas muestra signos de contracción. Al segundo semestre del 2022, el saldo de financiamiento de personas humanas había caído 13% en términos reales y el de las pequeñas empresas en 14% interanual. En el primer trimestre de este año los préstamos en pesos al sector privado acumulan nueve meses consecutivos de caídas.
Desde fines del año pasado las entidades financieras registraron una caída en el financiamiento a empresas, tanto pequeñas, medianas y grandes, en tanto que la demanda de crédito de las familias también da señales a la baja, sobre todo en tarjetas de crédito y otros préstamos al consumo. Si bien se mantienen por parte del Banco Central (BCRA) incentivos para el acceso, la poca elasticidad de financiamiento del sector privado y el aumento de las tasas de interés para estimular el ahorro en pesos, genera un encarecimiento que complejiza el panorama. De esa manera, se sostiene una baja tanto en el segmento de créditos de las familias como del segmento de empresas en general.
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Panorama del crédito familiar
Según datos oficiales del Banco Central, para fines del 2022 en materia de financiamiento, el 54,5% de la población adulta accedía al sistema financiero ampliado (SFA) que incluye también a emisoras de tarjetas de crédito y compras no bancarias, y a proveedores no financieros de crédito. En relación se destaca “el sostenido crecimiento, con un aumento neto de 1,6 millones de personas durante el 2022, y que alcanzó un total de 19,3 millones en diciembre de 2022”. No obstante el último informe de Inclusión Financiera de la entidad advierte que en el mismo período "el saldo total de financiamiento de personas humanas se redujo 13% en términos reales (descontada la inflación)”, continuando una senda decreciente.
En la misma línea, contar o no con un ingreso registrado es un factor determinante para el acceso al crédito, y afecta tanto la demanda como la oferta. Entre las variables que determinan el tipo de préstamo, montos e interés disponible aparecen el nivel de ingresos, las condiciones laborales, el perfil de gastos y el historial crediticio de las personas interesadas, para establecer si es posible o no el repago de la deuda. Los datos del BCRA dan cuenta de que quienes tienen trabajo en relación de dependencia o una jubilación superan en más de la mitad al total de quienes acceden a productos de crédito, duplicando el saldo promedio por deudor de quienes tienen trabajos independientes, que suele acceder a montos considerablemente inferiores.
Lo anterior se explica ya que “la reducción del saldo promedio de financiamiento, levemente interrumpida durante la pandemia COVID-19 por políticas contracíclicas, acompaña el movimiento de la remuneración promedio de la economía y el incremento en el costo de financiamiento durante el segundo semestre de 2022”, analizan desde la entidad que regula el sistema financiero en el país. Si bien a febrero de este año el empleo registrado privado continúa creciendo, con 33 meses consecutivos al alza y recuperación plena de los puestos perdidos en la gestión de Cambiemos (2016-2019) y en la pandemia, los ingresos personales de la mitad de las y los asalariados registrados privados están aún 14 puntos por debajo de la línea de pobreza por ingresos (CBT para familia tipo $177.063 en febrero).
Otro aspecto que se destaca es la creciente expansión, en los últimos años, de los proveedores no financieros de crédito, que “continúan con la incorporación de nuevos deudores y alcanzaron 6,2 millones de personas adultas financiadas, superando a las emisoras de tarjetas de crédito no bancarias (5,2 millones)”. En este punto se trata sobre todo de “proveedores que otorgan préstamos personales de forma digital y por montos reducidos”. Sin embargo, durante el 2022 “este grupo registró también una disminución del saldo total financiado de 3% y una caída del saldo promedio por deudor del 28%”.
A diciembre del 2022, 37 de cada 100 adultos se financiaba con entidades financieras y 28 de cada 100, con proveedores no financieros de crédito. Esos valores implican un crecimiento de 1,9% y 3,6% respectivamente, con relación a diciembre de 2021 y de 1,6% y 8,1% con relación a 2020. La diferencia radica en que si bien ambos tipos de proveedores se encuentran bajo la órbita del BCRA, las regulaciones aplicadas impactan de manera diferenciada en quienes buscan financiamiento, ya sea por los requisitos de documentación, tipos de productos, costo y monto del financiamiento y formas de gestionar el crédito. Mientas los proveedores no financieros ofrecen a sus clientes préstamos personales y asistencias por tarjeta de crédito, las entidades financieras tienen un abanico más amplio de productos que incluye los adelantos en cuenta corriente y los préstamos prendarios e hipotecarios, entre otros.
Panorama del crédito productivo
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) son parte fundamental del esquema productivo del país, con un rol central en la generación de puestos de trabajo y en el desarrollo económico. Las posibilidades de acceso al financiamiento condicionan sus niveles de inversión y ampliación productiva, sobre todo para las que se desarrollan en actividades industriales.
En los últimos años, el BCRA implementó diferentes iniciativas para mejorar ese acceso y responder tanto al impacto de la emergencia sanitaria como para reducir barreras ya existentes, según datos de la Encuesta de Empresas de Argentina del Banco Mundial del 2017, en nuestro país “un 21% de las pequeñas empresas (5 a 19 empleados) y 43% de las medianas (20 a 99) utilizaban el crédito bancario para financiar capital de trabajo, mientras el indicador se elevaba hasta 54% en el caso de las grandes (+100). En cuanto al crédito bancario en general, 35%, 53% y 64% de las pequeñas, medianas y grandes empresas, respectivamente, lo utilizaban”.
En este sentido, se destaca la implementación de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva de MiPyMEs (LFIP) que desde el 2020 fijó que “las entidades financieras deben mantener un saldo de financiaciones comprendidas que sea, como mínimo, equivalente al 7,5% de sus depósitos del sector privado no financiero en pesos sujetos a encaje fraccionario, cuya tasa de interés está sujeta a un tope máximo”. De esta manera se busca promover el acceso de estas empresas a un costo menor al promedio del mercado, beneficiando ya a más de 370.000 firmas.
En ese marco, la cantidad de empresas MiPyMEs con financiamiento en el sistema financiero ampliado alcanzó a 1,04 millones en diciembre de 2022, cercano al 63% de las empresas de este tipo aunque, por otro lado, “el saldo de financiamiento registró una caída de 14% interanual a precios constantes”. Es decir que si bien la cantidad de empresas con financiamiento de este sector experimentó un aumento significativo en el año 2022, cayeron los saldos de crédito en términos reales.
A pesar de la consolidación de la recuperación de la actividad económica, los niveles de financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas durante el año pasado se encuentran en “una senda decreciente”, y al interior se observa que “sólo las empresas de tamaño pequeño experimentaron una dinámica positiva, más vinculada al desarrollo de la actividad económica, mientras que las empresas micro y medianas mostraron una reducción del saldo de financiamiento”.
MÁS INFO
Inicios del 2023
De acuerdo a los últimos datos del Banco Central para el mes de marzo, los préstamos en pesos al sector privado acumulan nueve meses consecutivos de caídas, así “en los últimos 12 meses el crédito habría acumulado una caída de 13,8% en términos reales”.
De acuerdo al reporte monetario del Banco Central, en este 2023 se registra una fuerte contracción de la financiación mediante tarjetas de crédito, “se redujeron 0,9% triplicando la contracción promedio del crédito al sector privado en su conjunto”, y respecto de marzo del año pasado la caída acumulada, en términos reales, alcanzó el 12,3%. Asimismo, los préstamos personales se encontrarían 18,8% por debajo del nivel registrado hace un año atrás.
En cuanto al crédito comercial, “mostró una dinámica dispar dependiendo del tamaño de las empresas. Se observa una contracción del financiamiento a MiPyMEs del orden del 8,3% interanual a precios constantes y 12,8% de grandes empresas”. No obstante, en términos del PIB “el crédito a las empresas de menor tamaño relativo se ubicó por encima del registro previo a la pandemia y de su promedio histórico”. La Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva (LFIP) sigue siendo la principal herramienta para canalizar el crédito productivo a micro, pequeñas y medianas empresas y a fines de marzo los préstamos otorgados acumularon aproximadamente $4.882 miles de millones desde su lanzamiento. Los préstamos prendarios se encuentran 5,4% por debajo del nivel de un año atrás y el saldo de los créditos hipotecarios acumula una contracción de 36% en los últimos doce meses.
Brechas de género
Las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres representan aproximadamente un tercio del total global y están sujetas a desafíos adicionales, como es poder acceder a financiamiento. “Las restricciones financieras que enfrentan las mujeres se encuentran asociadas con características propias de las empresas que operan, usualmente pequeñas, vinculadas al sector de servicios o de sectores informales. Asimismo, pueden enfrentar condiciones de financiamiento más costosas dado que suelen ser vistas como menos calificadas que los hombres”, indica el informe del BCRA sobre inclusión financiera.
Para 2020 se estima que un 33% (unas 180.000) del total de las MiPyMEs (541.000) estaban lideradas por mujeres (un 31% en el caso de las constituidas como personas humanas). De éstas, “el número con financiamiento creció de 155 mil en marzo de 2019 a 323 mil en diciembre de 2022, un aumento de 108%. Por su parte, la de los hombres pasó de 282 mil a 542 mil durante el mismo período (suba de 92%)”. La diferencia central radica en los menores montos promedio a los que acceden, ya que “el saldo promedio de las MiPyMEs de mujeres a diciembre de 2022 representaba un 47,6% del saldo promedio de las empresas lideradas por hombres”, mostrando una brecha de género en términos del monto financiado.
Entre las razones, el documento oficial indica que “una primera explicación se podría encontrar en el tamaño de las empresas, ya que el financiamiento está asociado al tamaño de la empresa y las empresas lideradas por mujeres son, en general, más pequeñas”, esto último debido, en gran medida, a un menor tiempo disponible para destinar a sus actividades profesionales por la mayor dedicación relativa a las tareas de cuidado.
Se agrega además un aspecto vinculado a las ramas de actividad, “en una mayor proporción las empresas de mujeres operan en el sector de servicios y comercio, mientras que las de los hombres lo hacen en el sector industrial o manufacturero”. Se observa una mayor concentración en los sectores de servicios y comercio de las mujeres (88%) que de los hombres (76%), mientras que en la rama industria y minería ocurre lo contrario (9% en el caso de mujeres y 13% para los hombres). Así, las empresas del sector comercial o de servicios suelen tener menos activos fijos que impliquen títulos de propiedad (terrenos, oficinas, plantas de producción), que son los que habitualmente las entidades financieras valoran positivamente a la hora de solicitar garantías.