Las corporaciones agroexportadores extranjeras se plantan ante la mínima posibilidad de que Vicentin quede bajo control estatal, situación que podría ponerle un límite concreto al aceitado esquema de evasión fiscal que caracteriza la actividad. Pese a que la nacionalización podría beneficiar al sector por una menor necesidad de derechos a la exportación para el conjunto de la economía, a partir de mayores ingresos que generaría la empresa al Estado, la preocupación real pasa por la doble contabilidad de estas empresas, de la que Vicentin no era ajena. El año pasado Vicentin representó el 10 por ciento de los ingresos fiscales en concepto de retenciones de toda la economia. En paralelo realizaba operaciones triangulando con Uruguay y Paraguay. Solo con este último país logró eludir 200 millones de dólares.
La facturación del grupo Vicentin, principalmente vinculada con la exportación de soja, alcanzó el año pasado los 4200 millones de dólares, a un tipo de cambio mayorista promedio del ejercicio de 48,50 pesos (comenzó en 37 pesos y en octubre ya estaba en 60 pesos hasta cerrar el año), equivale a unos 210.000 millones de pesos, el doble de lo que adeuda a la banca pública y a proveedores y que desencadenó en el defaul de fin del año pasado. Es difícil entender cómo una empresa del calibre de Vicentin, que opera en el negocio más rentable (sin contar la especulación financiera) del país, terminó en una crisis que, puertas adentro, los empresarios del sector reconocen que fue autoinflingida.
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La empresa diversificó sus negocios en varios rubros del negocio agroexportador y también en distintos países, donde aprovechaba las ventajas impositivas pero también habría realizado maniobras concretas de fraude fiscal, según denunció el titular del Banco Nación, Claudio Lozano, quien inició la investigación sobre las deudas del Grupo Vicentin. La empresa contaba con una oficina en Paraguay, con seis empleados, desde donde se facturaron embarques por 200 millones de dólares. Los barcos salían vacíos desde allí, pasaban por el puerto santafesino de San Lorenzo, cargaban los granos y despachaban a destino. El nivel de embarques que realizó bajo esta modalidad lo coloca a Vicentin como el mayor exportador de granos del país vecino, granos que se cargaban en puertos argentinos.
La apuesta había sido que el negocio, mientras continuará el macrismo, no se iba a acabar nunca. "Ganamos por paliza con Mauricio. Acordate que ganamos en primera vuelta", le había dicho Alberto Padoan en junio al representante de un socio local que se lo relató a El Destape. La respuesta fue ante la consulta de si había cambiado el panorama político luego de que Crsitina Fernández designaba formalmente a fin de mayo a Alberto Fernández como candidato presidencial. Vicentin, a través de sus subsidiarias, fue el principal aportante a la campaña presidencial de Mauricio Macri, con una donación total de 13,5 millones de pesos, un vuelto si se lo compara con los 2910 millones de pesos que no pagó en retenciones por su embarque de Paraguay.
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Los ingresos por molienda de oleaginosas en el país fueron de 3000 millones de dólares (sobre los 4200 millones de total de facturación), de los cuales el 85 por ciento representa la exportación de soja (2550 millones de dólares). A una retención de 30 por ciento (tuvo sus alteraciones en 2019), Vicentin aportó 765 millones de dólares al Fisco, equivalente a 37.100 millones de pesos, casi un diez por ciento de la recaudación por este impuesto durante todo el año (398.311 millones de pesos).
La posibilidad de contar con un jugador de esta envergadura bajo control estatal permitiría no solo tener una empresa testigo en el sector, sino que los ingresos derivados de la actividad directamente a las arcas públicas descomprimiría la presión fiscal sobre actividades que generan genuinamente divisas. Sin embargo, los dueños de los grandes grupos económicos, a través de medios de comunicación que conforman sus carteras, buscan bloquear cualquier posibilidad de expropiación para mantener sus privilegios en una actividad de alto nivel de informalidad (en impuestos y en condiciones laborales) y avanzar en ese marco a una mayor extranjerización de la actividad. Lo que les redunda en menos impuestos.
En Argentina, diez agroexportadoras acaparan 90 por ciento de la venta internacional de granos. Se trata principalmente de multinacionales extranjeras o de sociedades entre empresas locales y capital foráneo, y las primeras cinco controlan más del 50 por ciento del mercado. Las cerealeras están exentas de la obligación de liquidar al Banco Central los dólares en el corto plazo, a partir de las distintas flexibilizaciones que llevó a cabo el gobierno de Cambiemos en la normativa del mercado único y libre de cambios. Además, estas empresas son agentes del Estado que retienen los derechos de exportación a los productores directos.
El sector liquidó el año pasado 22.750 millones de dólares, mientras que Vicentin registró operaciones por unos 2550 millones, incluyendo su participación en Renova. La molienda de oleaginosas representa un 85 por ciento de los ingresos de la compañía y el 15 por ciento restante se distribuye entre biocombustibles 7 por ciento y otros (fundamentalmente trading de cereales) el 8 por ciento.
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