Vicentin acumuló más de $ 99.000 millones de deuda con sus acreedores luego de una serie de maniobras de endeudamiento masivo y giros al exterior. Ante esto, el Gobierno nacional estableció la intervención previa a la expropiación, cuyo proyecto aún no giró al Congreso a la espera de una propuesta alternativa ante la enorme presión de Cambiemos y la oposición conservadora, que reclaman que el problema se resuelva en la causa judicial de quiebra. Si bien la mayoría de ese pasivo es reclamado por bancos, productores e instituciones impositivas, los propios dueños de la compañía serían los principales beneficiarios de que la Justicia tome el caso como uno más, ya que entre ellos y empresas vinculadas pretenden que les paguen $ 5.800 millones.
Quienes manejaban la empresa y, por lo tanto, generaron el default aparecen entre los acreedores que se favorecerán de que el concurso preventivo de acreedores siga su trámite en Santa Fe y divida los activos o reestructure las deudas sin auditarlas. Mientras el Ejecutivo no meta su nariz, las familias con linaje a Vicentin se pueden repartir una porción sustancial de la torta después de llevar al proyecto cuasi-centenario a la cesación de pagos.
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En conjunto, estos representan el 4% del total de los interesados. Los propios dueños y las compañías controladas o subsidiarias reclaman $ 5.779 millones, casi el 6% del total del pasivo. En su tercer reporte, el director del Banco Nación Claudio Lozano reveló que "lejos de ser 'los muertos o los heridos' de la debacle de la empresa, son los responsables últimos de la misma. No hay dudas de que deben ser los últimos a considerar en el concurso de acreedores en marcha".
La mayor cantidad de acreedores está integrada por 98 accionistas, que se erigen como el 3,7% del total. En conjunto pretenden cobrar $ 351 millones. Las empresas controladas o vinculadas a Vicentin que figuran en la causa son tres. Forman parte del mismo conglomerado que está en concurso preventivo, pero aún así exigen $ 5.428 millones, que equivalen al 5,5% del total de la deuda bajo concurso.
Los apellidos que más se repiten entre las 98 personas controlantes que reclaman $ 351 millones son Alal, Bacca, Bandeo, Banegas, Bonora, Boschi, Buseghin, Buyatti, Cardozzo, Colombo, Franzoi, Gazze, Hacen, Hahn, Hamud, Nardelli, Lorenzo, Padoan, Rodríguez, Roeschlin y, como era de esperar, Vicentin.
Los accionistas más significativos, que piden por encima de $ 10 millones, son quince. Los primeros cuatro le reclaman a la propia empresa de la que era dueños y gerentes un monto superior a los $ 13,5 millones, el promedio que piden cada uno de los 1.895 productores. Se trata de Olga Vicentín de Rodríguez ($ 65,3 millones), Susana Vicentín de Boschi $ 28,2 millones), Pedro Germán Vicentín ($ 20,2 millones) y Sergio Manuel Nardelli ($ 15,5 millones).
También están Marta Virginia Gazze de Prato, con $ 14,1 millones, Verónica Laura Vicentín, con $ 12,4 millones, Fernando Rubén Vicentín, con 11,8 millones y Amelia Vicentín de Alal, con $ 11,6 millones. Mientras que con cifras en torno a los $ 10 millones se encuentran Virginia de Prato, Nazarena María Rodríguez, Cecilia María de los Ángeles Vicentín y Rubén Darío Vicentín.
Del análisis que realizó Lozano, al que El Destape tuvo acceso, surge que 29 de los 98 accionistas portan el propio apellido de Vicentin. Bien porque se trata de su propio apellido o porque es el apellido de origen que conservan aún habiendo contraído enlace legal. Incluso aparece la propia empresa Vicentin como accionista que le reclama a ella misma $ 1,4 millones de deuda por dividendos desde 2014 hasta 2019.
Estos 29 del linaje Vicentin le reclaman a la firma de su propiedad nada menos que $ 219 millones. La cifra representa el 62% de los $ 351 millones que reclaman el conjunto de los accionistas. Se trata de una exigencia de $ 7,5 millones en promedio.
Los principales motivos por los que la sociedad acumuló este pasivo con sus dueños son obligaciones de pago reclamadas, distribución de dividendos, pago de impuestos y el abono a las obras sociales de salud. Una de las últimas deudas que le reclama a su propia empresa es el giro de ganancias que debió haberse realizado el 16 de mayo del 2019, el último año de Cambiemos, por $ 5,6 millones.
Las empresas relacionadas que reclaman millones en la causa
En el concurso figuran tres firmas controladas o vinculadas con las que tiene deudas la casa matriz. Vicentin Paraguay SA, Diferol SA y Renova SA reclaman en conjunto $ 5.428.292.913,15.
De estos atados a sociedades que responden al artículo 33 de la ley 19.550, Diferol SA es acreedor de $ 2,7 millones. Vicentin concentra el 95% de sus acciones.
La mayor tajada, $ 4.079,2 millones, corresponden a Vicentín Paraguay. De esta, Vicentín SAIC posee el 97%. Han recaido acusaciones de triangulación de la empresa para evadir impuestos, dado que la paraguaya entra en el podio de las mayores exportadoras de ese país pese a casi no poseer activos ni personal allí. Según consta del legajo que obra en el concurso preventivo revisado por Lozano, este monto se origina en 17 exportaciones que van ente febrero y el 9 de agosto de 2019, fecha en la que el Banco Nación registró el primer incumplimiento. Quizás no por casualidad, la operación de mayor envergadura se realizó el 2 de agosto de ese año, por 30.000 toneladas, que correspondieron a $ 579,7 millones.
Por su parte, Renova SA exige $ 1.346,4 millones. De esta empresa, la central posee en la actualidad un tercio del capital, pero hasta el 2 de diciembre de 2019 ostentaba la mitad. Tres días antes del anucio de “stress financiero” se formalizó la venta del 16,67% del paquete a su socia, Glencore, que antes compartía el restante 50%. Esto se concretó antes del default con sus proveedores y ya varios meses después de los reiterados incumplimientos que tenía con la banca pública.
La alianza con Renova que data de 2006, cuando se inicia las operaciones en pos de la planta de procesamiento de soja, aceites y biodiesel, que se concreta en el 2013. Hasta el último mes de 2019, la propiedad se repartía en partes iguales por Vicentin y Glencore. El 2 de diciembre, tres días previos a la oficialización de la cesación de pagos y una semana previa al recambio del Gobierno nacional, la argentina le vende una porción, por lo que la multinacional pasa a controlar el 66,67%.
En el legajo se perciben 53 operaciones con Vicentin poco más de 60 días. Entre el 30 de noviembre de 2019 y el 6 de febrero de 2020, Vicentín realizó casi una operación por día con Renova en la que no cumplió con los pagos, generadose una deuda con un crecimiento exponencial. Es decir, que desde antes del traspaso accionario a Glencore y hasta tres días previos a que se iniciara el concurso preventivo.
En efecto, el 30 de noviembre se registran 10 operaciones por “fasón de servicios varios” (terciarización) por un total de $ 638,4 millones, que representan el 47% del total de deuda que le reclama a Vicentin. Al 4 de diciembre, un día previo a la autodeclaración de “default”, las acreencias sobre Vicentin se incrementaban a $ 752 millones. Del 31 de diciembre al 1 de enero, ambos feriados, se regitraron 15 operaciones por un total de $ 290 millones de deuda adicional.
Para Lozano, el hecho de que se registraran operaciones hasta el último día hábil previo al llamado a concurso ilustra significativamente "el interés que debe comandar el estudio en profundidad de cada una de las acreencias que esta empresa vinculada a Vicentin (y que hasta un ayer nomás era controlada por la misma) tenga semejante crecimiento exponecial de la deuda que le reclama". El Ejecutivo nacional dictó la intervención, a cargo de Gabriel Delgado, y adelantó que propondrá su expropiación al Congreso.
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