El presidente Alberto Fernández se reunirá con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, para analizar medidas ante el aumento de precios que registran diversos productos que la Argentina exporta y que impactan en la economía nacional. Desde Casa Rosada aclararon que una suba de retenciones "solo lo puede hacer el Congreso".
Según confirmaron fuentes oficiales, el jefe de Estado mantuvo contacto con Domínguez y con otros ministros del área económica durante el fin de semana.
Además, adelantaron que podrían conocerse medidas en las próximas horas. "Hay que sacar el tema de la suba de retenciones. Eso solo lo puede hacer el Congreso", señalaron voceros cercanos a Fernández.
En ese sentido, explicaron que en el abanico de medidas que se podrían adoptar para mitigar el impacto interno de las subas se cuentan desde los fideicomisos hasta el aumento del diferencial del Derechos de Exportación, donde el Ejecutivo tiene aún margen de acción sin pasar por la legislatura.
En medio de una escalada de precios internacionales y frente a una inflación local impulsada en parte por los alimentos, el Gobierno anunciará una suba de retenciones para todas aquellas materias primas en las que la Ley de Solidaridad del 2019 permita un margen de aumento con el objetivo de financiar a productores locales, en principio a panificadoras y fabricantes de fideos, para desacoplar precios internos de externos. Esta es una de las medidas que se incluye en el paquete anti-inflacionario que el gobierno irá anunciando en los próximos días, según pudo saber El Destape.
Este domingo el Ministerio de Agricultura suspendió el registro de exportación de la harina y el aceite de soja, según una resolución dictada por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, para detener las inscripciones de nuevas declaraciones juradas hasta que se conozcan las nuevas alícuotas.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, había incluido en el presupuesto 2022 un artículo para prorrogar hasta 2024 la facultad que le daba la norma conocida como Ley de Solidaridad. Pero todo esto quedó sin efecto luego que el oficialismo no consiguiera los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la ley. Y, más allá de que el Poder Ejecutivo prorrogó por decreto el presupuesto de 2021, lo cierto es que las facultades vencieron el 31 de diciembre pasado, como se estableció en la ley de emergencia económica de 2019.
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