La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó que la Unidad de Información Financiera (UIF) sea querellante en la causa por las 950 cuentas de argentinos en el exterior sobre las que la AFIP macrista fue notificada y no tomó acciones. Si participa en el expediente, el organismo podría conseguir datos de inteligencia internacional sobre este millar de evasores que atesoran U$S 2.600 millones fuera del país. Por esto, apelarán la decisión ante la Cámara Federal.
Ante la existencia de divisas de ciudadanos en cuentas en el exterior que no fueron declaradas ante la autoridad fiscal, se deben investigar las potenciales maniobras de lavado. Ese fue el planteo de la UIF, que fue rechazado por la magistrada, según confirmó El Destape.
La decisión da indicios de que busca que la pesquisa se focalice en la responsabilidad de los exfuncionarios de AFIP que fueron notificados de este listado de 950 cuentas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto puede derivar en un final trágico, puesto que el poder económico (representado en parte en este grupo de potenciales mega evasores) puede quedar fuera de la lupa judicial. La causa podría, en última instancia, desviar la investigación y sólo enfocarse en controladores estatales de segunda o tercera línea.
En esta causa penal se investiga también si la información fue adulterada, recortada o eliminada parcialmente, puesto que se desconoce cuál fue la verdadera cadena de custodia. De este modo, se podría haber dado lugar a la prescripción de obligaciones impositivas en beneficio de los titulares de las cuentas alteradas u omitidas.
La jueza entonces se aboca a analizar las consecuencias jurídico-penales derivadas de la inacción de algunos funcionarios y de la manipulación de la información, lo que daría lugar a complicidades de funcionarios públicos con evasores. Si fuera el caso y esas personas se adhirieron al blanqueo de capitales de Mauricio Macri podrían sufrir consecuencias penales.
El pedido de participación de la UIF se encamina a analizar los hechos que habrían llevado a la evasión de los dueños de las cuentas ocultadas, la responsabilidad de ex funcionarios, la eliminación de parte de esos datos y determinar el origen de todo ese dinero. La pretensión no es caprichosa, sino que desviar dinero de la mirada del gobierno y no pagar los tributos perjudica al orden económico financiero del país y al conjunto de la sociedad, ya que se trata de menos recursos con los que cuenta el Estado para llevar adelante sus políticas.
En este caso se tratan de U$S 2.700 millones en cajas en el extranjero, poco menos de los U$S 3.000 millones que pretende recaudar el Gobierno con el proyecto de aporte de las grandes fortunas. En conjunto equivalen a $ 200.000 millones al tipo de cambio actual.
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La investigación sobre los evasores
Desde el organismo anti lavado van a apelar tal definición debido a que consideran fundamental que desde la unidad se investiguen estos hechos, pudo saber este medio. La investigación penal se originó ante una presunta protección de los funcionarios de Cambiemos en AFIP a los aparentes evasores al ocultar la información sobre 950 cuentas de argentinos en el exterior por U$S 2.600 millones. La agencia recibió esos datos por la OCDE en el marco del proceso de intercambio entre organismos tributarios en 2017, por lo que fue guardada en la oscuridad por dos años enteros. El escándalo fue publicado por primera vez por Alejandro Bercovich siete meses atrás en BAE Negocios.
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