Empresas ficticias y artilugios contables: cómo evaden impuestos las corporaciones del agronegocio argentino

No es novedad, a través de una serie de mecanismos las grandes corporaciones del mundo extendieron, en las últimas décadas, sus propias firmas a países de baja o nula tributación con el propósito de eludir el pago de impuestos. Sin embargo un informe al que accedió este medio reveló qué sucede en la región con las grandes empresas del agronegocio de capital argentino y multinacional. Según la investigación, estas firmas cruzan el charco para crear “empresas cáscara” que no tienen actividad productiva concreta, ni capital fijo y casi no contratan empleados pero aún así facturan y ganan millones de dólares: unas 20 empresas del sector radicadas en Uruguay facturaron US$ 42.000.000.000 en 2021, lo que equivale al 43% del valor bruto de producción, el 72% del PBI, y el 300% de las exportaciones del país oriental.

Los datos relevados en el informe Cruzar fronteras para cosechar ganancias realizado por los economistas Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti dan cuenta de cómo las grandes empresas “planifican fiscalmente” para disminuir su carga impositiva y de esa manera “el valor creado en distintos países es trasladado a aquellos distritos en los que se pueda abonar menos impuestos  ya que el principal objetivo de la operatoria de esas firmas no es productivo sino que apunta a eludir el pago de tributos”. Tal es el rol que tienen las subsidiarias creadas como “empresas cáscara” que las firmas uruguayas pertenecientes a grupos locales argentinos representan más del 40% de la facturación total del grupo. Este tipo de maniobras de abuso fiscal corporativo prioriza el desarrollo de actividades financieras en lugar de inversiones productivas ya que además “se endeudan con otras empresas relacionadas del mismo grupo y obtienen ganancias financieras a través de activos atados a los precios internacionales de los commodities” por lo que su incidencia no es menor si se considera “el gran poder económico de estas empresas dado que acaparan la generación de divisas tan necesaria en contextos de restricción externa en países en desarrollo”.

Para tener una idea de la magnitud del daño que provocan este tipo de prácticas opacas, hacia 2021 las pérdidas fiscales en todo el mundo como consecuencia del abuso fiscal transfronterizo por parte de empresas multinacionales y de personas que ocultan activos fue de US$ 483.000.000.000, según las estimaciones de la Global Alliance for Tax Justice y Tax Justice Network. En el caso específico de la Argentina, el mismo informe señala que el Estado deja de recaudar entre US$ 1.200.000.000 y US$ 2.400.000.000 cada año.

Las empresas estudiadas en la investigación argentina fueron Vicentin Sucursal Uruguay SA, Cargill Commodities Trading SRL, Cargill Uruguay SA, Bunge Montevideo SA, Bunge Uruguay Agronegocios SA, Bunge Agritrade SA, Bunge International Commerce Ltd. Sucursal Uruguay, Nidera Seeds Uruguay SA, COFCO International Uruguay SA, COFCO International Services Uruguay SA, Molinos Overseas Commodities SA, LDC Uruguay SA, LDC Trading & Service Co. SA, Urugrain SA, AGD Trade SRL, ADM Uruguay SCA, Syngenta Agro Uruguay SA, Adecoagro Uruguay SA, Monsanto Uruguay SA, Viterra SA, Fisway SA.

Maniobras de evasión en el agronegocio

El informe, publicado por la Fundación Friedrich Ebert Argentina, analizó un conjunto de 20 “empresas cáscaras” establecidas en Uruguay que pertenecen al agronegocio y que captan ganancias desde países de la región, a partir de información contable y entrevistas a involucrados en Montevideo. El punto de partido fue dar cuenta de los mecanismos de abuso fiscal mediante la radicación en Uruguay de las grandes corporaciones del agronegocio multinacionales y de capital argentino. 

“Al investigar a la empresa Vicentín -a partir del default y la deuda millonaria con el Banco de la Nación Argentina- nos encontramos con cuestiones contables tributarias que nos hacían ruido e investigando dimos con todo un régimen tributario en Uruguay que existe desde hace muchos años pero que es poco conocido en Argentina y poco debatido sobre cómo se lo utiliza y qué hacen las empresas del sector del agronegocio, por lo que comenzamos a investigar cuáles son las prácticas que tienen estas empresas internacionalizadas”, indicó en diálogo con este portal Gustavo García Zanotti, autor de la investigación junto a Alejandro Gaggero. Los resultados del informe son contundentes: “identificamos prácticas empresarias para disminuir la carga impositiva a través de la creación de filiales en Uruguay que realizan transacciones con una parte que produce y que agrega valor, que se encuentra radicada en Argentina o en Brasil. El objetivo de trasladar ganancias, es decir, si la ganancia se genera por ejemplo en nuestro país por una actividad productiva, mediante una serie de transacciones intrafirma (entre empresas del mismo grupo) esa ganancia se trasladada fiscalmente a Uruguay y así pagan menos impuestos”, detalló García Zanotti. 

¿Cómo lo logran? Mediante la creación de empresas tipo “cáscara” radicadas en una guardia fiscal o, en este caso, en Uruguay. Se trata de empresas formalmente registradas pero que no realizan ninguna actividad productiva, tienen escaso o nulo personal contratado, y hasta muchas veces no tienen presencia física o una simple oficina administrativa en el país donde están emplazadas. “Si bien es algo que se puede identificar en todas las grandes empresas internacionalizadas, es decir no es una práctica específica del agronegocio, la particularidad que tiene el agronegocio es que genera divisas para la Argentina y justamente por estas prácticas se afecta a la economía nacional. Por un lado se perjudica la capacidad de recaudación del Estado por la disminución contable de ganancias a nivel local y su traslado ficticio a Uruguay, pero también entran menos divisas por las prácticas de desvío de precios de transferencia, es decir, a través de subfacturación de exportaciones que implica que la empresa en Argentina le vende a la misma empresa uruguaya pero a un precio menor que el de mercado, y así están ingresando menos divisas por los bienes comercializados”, detalló el investigador sobre las consecuencias de este tipo de maniobras y ejemplificó “entrevistamos a un gerente de una filial en Uruguay quien nos dijo que se trataba de una ‘oficina con tres empleados pero que facturaba como una multinacional’".

Durante las últimas tres décadas la cúpula empresarial argentina experimentó procesos de internacionalización y extranjerización, con impacto en la planificación fiscal y la fuga de capitales, principalmente a través de compras de empresas competidoras y de reestructuraciones que dejaron a las empresas locales como eslabones de una red global, cuyo control último pasó a depender de firmas localizadas en países de baja o nula tributación. “Una de las razones centrales de esta relocalización del centro financiero de los grupos consiste en los beneficios impositivos que esos países ofrecen a las empresas holding, al no gravar las utilidades de las firmas subsidiarias, que utilizan como supuestas intermediarias comerciales o proveedoras de servicios, y que operan fuera de sus fronteras”, se señaló en el informe y destacó además que “el secreto sobre la titularidad de una entidad legal permite que, en caso de que las autoridades descubran que una empresa estuvo participando en hechos de corrupción, las personas físicas involucradas se mantengan a salvo al no poder ser identificadas”.

Otro punto para entender el funcionamiento de las empresas radicadas en el vecino país tiene que ver con la función financiera de esas subsidiarias. “Muchas de esas empresas juegan en lo que se podría denominar una bicicleta financiera. Es decir, como no tienen capital fijo ni invierten en términos productivos, la única inversión que desarrollan es financiera ya que se endeudan -por 10 mil millones de dólares como por ejemplos las que estudiamos- con otras cáscaras en otras guaridas fiscales y a eso lo invierten en activos financieros atados a los precios internacionales, como los commodities, que además como en los últimos años aumentaron muy de golpe los precios por la pandemia y por la guerra de Ucrania, amasaron una ganancia financiera bastante importante”, detalló Zanotti. 

¿Cuánto ganan estas empresas cáscara?

Las empresas del agronegocio radicadas en Uruguay facturaron US$ 42.000.000.000 en 2021, lo que representa 43% del valor bruto de producción, 72% del PBI, y el 300% de las exportaciones de ese país. Vale aclarar que las ventas de las empresas uruguayas en realidad son “una ficción contable” y en los hechos las mercaderías “de ningún modo zarpan del puerto uruguayo, así poseen una facturación que resulta sobredimensionada en comparación a la economía donde están radicadas”. Los datos recabados en la investigación mostraron además que “en las empresas estudiadas, el gasto en empleados constituye 0,14% de lo facturado y terminan abonando tasas impositivas muy bajas, por ejemplo en 2021 destinaron solo 2% de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”. 

Puntualmente, de acuerdo a la investigación entre los años 2017 y 2021, “las mayores ventas de las firmas estudiadas son realizadas por las filiales Bunge Agritrade y Cargill Commodities Trading, con una facturación de US$14.000.000.000 cada una, representaron 67% de las ventas del conjunto”. Otro aspecto tiene que ver con el peso que posee la facturación de las firmas cáscara en el total de la facturación de todas las filiales que pertenecen al grupo económico o a la multinacional a nivel mundial. Por ejemplo, “las firmas uruguayas pertenecientes a grupos locales argentinos - ACA, AGD, Pérez Companc y Vicentín- representan más del 40% de la facturación total del grupo”. En particular, la empresa argentina Molinos Agro de Perez Companc “destina toda su producción al mercado externo, y en los libros, las ventas son realizadas a su contraparte a través de la uruguaya Molinos Overseas Commodities”. 

En cuanto a las ganancias brutas, las empresas charrúas del agronegocio tuvieron ganancias por US$ 475.000.000 en 2021 llegando a US$ 3.954.000.000 en los últimos cinco años a pesar de que no realizan ninguna actividad productiva real, lo que se explica por “la intermediación a través de los desvíos de precios de transferencia (US$ 2.569.000.000 en los últimos cinco años) como de operatorias con los contratos futuros de commodities”. Sobre esto último, llama la atención el incremento en la ganancia de las firmas de Cargill en 2020, ya que sus balances contables muestran una ganancia de US$ 1.815.000.000. 

Por otra parte, en cuanto al patrimonio -el stock de riqueza transferido al país con baja carga impositiva con el propósito de protegerla- firmas del agronegocio en Uruguay ostentaban un patrimonio neto de US$ 1.314.000.000 en 2021, siendo “Bunge, Cargill, Dreyfus, Syngenta y Pérez Companc las que concentraron en gran medida el monto total del patrimonio neto del conjunto”. Se agrega que muchas de las firmas distribuyeron dividendos en estos cinco años y “acumularon un saldo por US$ 1.230.000.000, entre ellas se encuentran Bunge, Syngenta y Dreyfus”. 

Las “ventajas” de Uruguay 

Un país de baja o nula tributación es un Estado nacional o subnacional que deliberadamente crea una legislación para facilitar que no residentes realicen transacciones que les permitan evitar el pago de impuestos o la aplicación de normas en sus países de origen, dando lugar a una pantalla legal que esconde a los beneficiarios efectivos de esas transacciones. Por eso, detalla el informe Cruzar fronteras para cosechar ganancias, ellos desempeñan “un papel central en uno de los problemas más importantes que enfrenta la economía latinoamericana: la fuga de capitales a través de mecanismos de planificación fiscal”, en otras palabras, “la salida de capitales para escapar de regulaciones estatales. Si bien no toda salida de capitales es necesariamente ilegal, la evidencia demuestra que su principal origen son los flujos financieros ilícitos relacionados con prácticas de evasión fiscal, y que los actores principales son grandes empresas transnacionales”. 

El Índice de Paraísos Fiscales Corporativos denominó como “eje de la elusión fiscal” a Reino Unido, Países Bajos, Luxemburgo y Suiza. La Red para la Justicia Fiscal estimó que para 2021 esos países eran responsables del 46% de los riesgos de abuso fiscal corporativo en el mundo. A nivel sudamericano, Uruguay juega un rol relevante como país de baja tributación. 

“El común denominador que tiene una guarida fiscal es que son economías chicas, Uruguay es una economía relativamente chica y en el siglo XX implementó regímenes para reducir impuestos y fue tomando características de guarida fiscal para atraer al capital extranjero. Hubo un auge de medidas de desregulación a partir de su última dictadura cívico-militar en los ‘70 y luego con el neoliberalismo de los ’90. Actualmente no es una guarida fiscal porque fue cambiando algunas regulaciones por presiones tanto de la Unión Europea como de Argentina, directamente perjudicada por estas prácticas”, explicó Gustavo García Zanotti sobre el esquema impositivo que diseñó Uruguay para las trasnacionales. 

En esa línea amplió que, sin embargo, “continúan existiendo resabios importantes en su régimen tributario para que las empresas realicen prácticas de planificación fiscal. Uno es el régimen que se denomina de ‘zonas francas’, es decir, un espacio geográfico dentro del país que permite desarrollar cualquier tipo de actividad comercial, industrial o de servicios, sin limitación alguna y con exoneración total de todo tributo impuesto”. En la actualidad existen once zonas francas en todo el territorio uruguayo con más de 1000 empresas radicadas, las más importantes están situadas en la intendencia de Montevideo: Zonamérica, Aguada Park y WTC Free Zone. Otro tiene que ver con “un régimen especial de la Dirección General Impositiva (res. 51/97) específico para empresas que sean intermediarias y que no produzcan ni comercialicen bienes en Uruguay, que únicamente pagan el 0,75% de impuestos a la renta (a la ganancia) cuando la alícuota general estándar es del 25%, entonces hay una diferencia muy grande que favorece a firmas tipo cáscara, ya que si agregan valor se las penaliza, entonces en le caso de las empresas del agronegocio los derivados de soja, por ejemplo, no tocan piso uruguayo y así no pagan más impuesto”. 

Impacto en la economía y posibles respuestas

Para Gaggero y García Zanotti las consecuencias de estas prácticas de abuso fiscal son “muy severas” y afectan tanto en materia fiscal, como en la escasez de dólares y en términos distributivos a la economía nacional.

Según dijo Zanotti a El Destape “se puede entender, si nos posicionamos del lado del empresario, que la Argentina tiene mucha inestabilidad y que necesita resguardar capital y hasta se protegen judicialmente en países con secreto bancario, pero es necesario decir -porque suele estar fuera de la agenda- que esto también tiene incidencia en la economía argentina en general, ya que la parte local relacionada con la actividad productiva se ve doblemente estrangulada: por un lado tiene menos ganancias disponibles para apalancar y financiar el proceso productivo y además la multinacional privilegia las inversiones financieras de las empresas cáscaras”. 

Al respecto, sobre las herramientas que tiene el Estado para hacer frente al abuso fiscal de las grandes empresas del agronegocio, el economista evaluó que “existen herramientas para controlar, sobre todo para impedir la desviación por precios de transferencia. En el agronegocio en particular hay un precio de referencia internacional que la Secretaría de Agricultura publica regularmente, porque tiene que cobrar retenciones en base a lo que se declara, es decir, no pueden especular con un precio menor de entrada. Sin embargo hay un gris, que es el tiempo que tienen las empresas en declarar justamente el precio, una cosa es cuándo realizan la transacción intrafirma y otra cuándo realizan el embarque de esas materias prima, puede darse una diferenciación grande porque tienen 360 días para declarar el precio de contrato entre partes relacionadas, y ahí aparecen las maniobras de subfacturación porque las declaraciones juradas de embarque se hacen con retraso, y esto viene de la Ley de Granos de la última dictadura cívico-militar (decreto 21453/76) por el que las empresas del agronegocio fijan un precio y después rinden al Estado mucho menos en la venta final, sobre todo en momentos como con el aumento de precios de los commodities en 2020 y 2021, y parte del año pasado”. 

En ese sentido, consideró que “es necesario en términos de regulación modificar la Ley de Granos que regula la actividad” y sumó también que "hay que controlar, pero lo cierto es que las herramientas que tiene AFIP son pocas. Es decir, las capacidades estatales se han visto disminuidas en los últimos años por lo que hay que empoderar a la AFIP en ese sentido. Por ejemplo, abrir una causa en un Tribunal con respecto al derecho tributario lleva muchos años y además en general los tribunales son muy amigos de fallar a favor de la empresa”. Con respecto a Uruguay, “me parece que hay que buscarle la veta diplomática junto con Brasil, con el Mercosur, para que termine con esos regímenes especiales”. 

Finalmente, el investigador destacó que “estas empresas tienen un rol central como proveedoras de commodities y materias primas en el mundo y, es ese esquema, deberían invertir y producir más, pero generan un excedente tan grande que no saben qué hacer con esa ganancia, se observa solamente leyendo las memorias de los balances de estas empresas. Frente a esto el Estado debería cumplir un rol cobrando más impuestos, la sociedad necesita que ese excedente lo capte el Estado y que lo redistribuya”.