Etiquetado frontal: se cumple en un 60% pero con escasa adhesión provincial y resistencia empresarial

Así lo asegura un informe privado que remarcó que solo siete provincias adhirieron a la ley nacional. En CABA se registró un 80% de incumplimiento en la ubicación en góndola. Hasta cuándo tienen tiempo las empresas para adecuarse.

19 de agosto, 2023 | 00.05

A casi un año y medio de reglamentada la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como ley de Etiquetado Frontal, un informe privado mostró que en todo el país se registra un avance del 63,3% en los aspectos necesarios para su implementación, sin embargo, alertó que a la fecha solo siete provincias adhirieron a la normativa. A su vez un relevamiento en la Ciudad de Buenos Aires indicó que “en el 83% de los supermercados se detectó incumplimiento respecto a la disposición de productos en la góndola”. 

Los datos nacionales se difundieron en el marco del 1° Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina que tuvo lugar la segunda semana de agosto en CABA, allí se informó sobre el avance del la normativa aprobada a fines del 2021 que busca “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, dar información nutricional comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores”, según el texto de la ley. 

En la actividad, impulsada por las organizaciones Fundeps y Fundación Sanar, se presentaron los resultados del mapa del etiquetado frontal nacional, creado para dar cuenta de los avances de la ley en cada una de las provincias. Según se resaltó, a nivel país queda pendiente la creación de un registro nacional de infractores, no obstante preocupa más la realidad provincial ya que, pese a que la ley es de cumplimiento obligatorio,  resulta evidente la falta de la adhesión y la puesta en marcha de herramientas en cada territorio. 

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En esta coyuntura se lazó también la campaña No lo dejemos pasar una propuesta de varias organizaciones (FIC Argentina, FAGRAN, Fundación Sanar, Fundeps y Consciente Colectivo) que busca generar “el primer reporte ciudadano sobre la implementación de la ley de etiquetado”. La iniciativa surge a partir de la identificación de diversos incumplimientos en los sellos de los productos y su disposición en la góndola. “Hace unos meses realizamos un estudio de investigación para conocer cómo se está implementando la ley y en el 67% encontramos promociones asociadas al precio en productos con sellos, lo cual evidencia un incumplimiento a lo dispuesto en la ley, y en el 12% de los productos relevados los sellos no se encontraban en la cara principal del envase”, señaló al momento del lanzamiento Leila Guarnieri, de la Fundación InterAmericana del Corazón. 

Avance nacional de la ley

El avance de la ley de Etiquetado Frontal (N°27.642) “se encuentra completo en un 63,3%”, detalló el informe del Mapa Normativo del Etiquetado Frontal en Argentina desarrollado por la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y la Fundación Sanar. El proyecto da cuenta de los avances de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el dictado de normas locales sobre el tema y visibiliza el proceso de regulación a nivel nacional de esta ley sancionada en octubre de 2021 y reglamentada a inicios del 2022. 

La ley, resistida al momento de su discusión y aprobación por parte del sector industrial más concentrado, busca asegurar el acceso a información clara y verídica sobre el consumo de alimentos, sobre todo aquellos con elevada cantidad de azúcares, grasas saturadas, grasas totales, calorías, sodio y cualquier otro elemento perjudicial para la salud, mediante el etiquetado frontal con octógonos negros en los productos. También regula la alimentación en espacios escolares, las compras públicas, la publicidad, promoción y patrocinio de la industria alimentaria.

De acuerdo al informe al que accedió este portal, que monitorea el avance de los diferentes aspectos que hacen a la efectiva implementación, sólo siete provincias adhirieron a la ley, y con diferente porcentaje de avance nacional: Chaco (65%), Salta (67%), La Rioja (65%), Neuquén (75%), Río Negro (70%), Chubut (63%) y Tierra del Fuego (67%), en tanto que en lo específico, ninguna avanzó en normas complementarias para efectivizar la aplicación en los respectivos territorios, sobre todo en materia de compras públicas, alimentación escolar, publicidad y puesta en marcha de mecanismos de fiscalización y control. 

Las organizaciones aclararon que lo anterior no implica que la población no encuentre de ningún modo los productos con los sellos correspondientes en la mayoría de las provincias que todavía no adhirieron a la ley federal, y de igual manera, es posible denunciar su incumplimiento ante el Ministerio de Salud Nacional, sin embargo, “la adhesión y dictado de normas complementarias por parte de las provincias y CABA es de suma importancia para asegurar la plena implementación de todas las medidas que la ley establece, y así proteger efectivamente la salud de la población, adaptando la normativa a la realidad de cada jurisdicción y mejorar su implementación a nivel local”, señalaron.

Panorama del cumplimiento empresarial

La ley de Etiquetado Frontal se reglamentó en marzo de 2022 y se fijaron dos etapas para su implementación. Por un lado, para los productos elaborados por grandes empresas entró en vigencia en agosto de 2022, teniendo la posibilidad de pedir prórroga y extender el plazo hasta febrero de 2023, en tanto que la segunda etapa de implementación venció en mayo pasado. Por su parte, para los productos elaborados por las pequeñas y medianas empresas la entrada en vigencia comenzó en febrero de este año, también contando con la posibilidad de obtener una prórroga, que vence este 19 de agosto próximo, y la segunda etapa tiene fecha límite en noviembre de 2023. En ambos casos, cuando se trate de envases litografiados o pintados, el plazo máximo se extiende hasta mayo de 2024.

Al respecto, desde la Fundación InterAmericana del Corazón (FIC Argentina) realizaron un relevamiento para conocer el panorama de cumplimiento en los primeros meses de este año, en seis supermercados de distintas cadenas en CABA. Según los datos publicados se observaron “incumplimientos tanto en los envases como en los puntos de venta”. 

Puntualmente, “en el 83% de los supermercados se detectó incumplimiento respecto a la disposición de productos en la góndola, es decir, se hallaron productos cuyos sellos no estaban visibles al consumidor sin que se deba dar vuelta el envase, por ejemplo, en botellas de gaseosas y frascos de mermeladas”, sumado a que “en el 67% de los supermercados se encontraron promociones asociadas al precio -como 15% de descuento y 50% de descuento en la segunda unidad- en productos con sellos, lo cual también evidencia un incumplimiento a lo dispuesto en la ley”. Además, se detectó respecto de los octógonos negros en bebidas y alimentos de consumo masivo que el 19% de los productos no cumplía con el tamaño correspondiente y en un 12% no se encontraban en la cara principal del envase.

El informe agregó que “se identificaron acciones que los fabricantes comenzaron a implementar a partir de la ley, que no se enmarcan en incumplimientos estrictamente pero que podrían funcionar como estrategias para evitar las disposiciones”, Por ejemplo una “falsa doble cara frontal” que implica que “algunas empresas colocaron el logo de la marca en dos sitios del envase, correspondiendo sólo una de ellas a la cara principal. Esta cara, tal como define la ley, es ‘aquella que posee el logo o marca más la denominación de venta’ y es donde deben ser colocados los sellos. Esta misma estrategia, que pretende evitar la exhibición de las advertencias también fue reportada en México a partir de la adopción del etiquetado frontal”, comentaron. La estrategia buscaría “asegurarse estar legalmente amparados, pero generando confusión al momento de la exhibición de los productos en la góndola, logrando en la mayoría de los casos que la cara expuesta al consumidor sea aquella que no presenta las etiquetas, es decir, la falsa cara frontal”. 

Para la organización, “estos incumplimientos detectados ponen de manifiesto la necesidad de que el Estado adquiera un rol activo en la tarea de fiscalización para garantizar su cumplimiento y que esta política tan importante para la salud pública resulte efectiva”.