El financista rosarino Luis Herrera, sus dos hijos y su esposa fueron imputados hoy en 85 casos de estafas y administración fraudulenta de fondos de sus clientes, que causaron un perjuicio de unos 7 millones de dólares, informaron fuentes judiciales.
A pesar de la imputación, el financista quedó en libertad al comprometer el pago de una fianza por U$S 3 millones, añadieron los informantes.
Herrera fue detenido el martes pasado junto a sus hijos por la Policía de la ciudad santafesina de Rosario, por orden del fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno, quien hoy los acusó por los delitos de estafa y administración fraudulenta, agregaron los informantes.
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El fiscal solicitó durante la audiencia la prisión preventiva de los cuatro imputados, pero la jueza Paula Álvarez rechazó el planteo y ordenó su libertad con restricciones –como prohibición de salir del país- y el pago de una fianza por U$S 3 millones, detallaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Herrera estaba al frente de la reconocida agencia de bolsa local Fernández Soljan, que perteneció a su suegro, y fue presidente del Rofex en 2012 e integró la comisión directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Hasta septiembre de 2021, cuando la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió las actividades de la agencia bursátil, Herrera ocupaba el cargo de tesorero del Matba-Rofex, el mercado de futuros.
Según la acusación del fiscal Moreno, el financista se valió “del nombre, prestigio, confianza, imagen y operatividad en el tiempo” de la agencia de bolsa que dirigía para “desplegaron una serie de maniobras que generalmente pueden caracterizarse como captación y recepción irregular de fondos de propiedad de un público indeterminado, valiéndose de la posición jurídica de vulnerabilidad propia de los consumidores”.
En la acusación, Moreno indicó que Herrera persuadía a sus clientes de que “sus ahorros eran recibidos en carácter de comitentes del ALYC (Agente de Liquidación y Compensación) para ser aplicado a inversiones en el mercado de capitales regulado por la ley 26.831, a cambio de la cual se les prometía un rendimiento de renta fija”.
“Pero lo que realizaban era recibir el dinero en efectivo de forma irregular no ajustándose a las formalidades impuestas por la normativa tributaria”, dijo el fiscal.
Y apuntó que “este dinero, en lugar de ser aplicado en la toma de posiciones a través de los mercados y/o agentes habilitados bajo la ley de mercado de capitales, eran aplicadas a operaciones financieras irregulares no especificadas (préstamos, cambio de cheque, cambio ilegal de divisas) y/o a la apropiación de los fondos en beneficios propio de los directivos”.
De acuerdo a la investigación, a partir del año pasado el financista entró en crisis “a consecuencia de una pérdida de confianza”, por lo que los inversores comenzaron a reclamarle su dinero, pero los imputados “comenzaron a manifestar excusas dilatorias” que originaron nuevos reclamos.
Según el fiscal, Herrera continuó captando nuevos ahorristas mientras no reintegraba el dinero que anteriores inversores le reclamaban.
El financista Herrera presentó un concurso preventivo de acreedores a principios de este año, pero le fue rechazado por la Justicia en primera y segunda instancia, lo que ocasionó su cesación de pago.
Para la Fiscalía, al verse en problemas para devolver el dinero a los inversores, comenzó a desviarlos “dando origen a un sistema de estafa piramidal”, que se sostiene mientras existen nuevos ahorristas que realizaban aporte al mismo.
La Fiscalía estimó que Herrera les provocó a las 85 víctimas de las presuntas estafas un perjuicio patrimonial de unos U$S 5.660,100 y €34.400.
También lo acusó, junto a sus hijos y su esposa, Marcela Fernández, de haber sustraído “la totalidad de los fondos líquidos correspondientes a las cuenta comitente de una de las víctimas” por U$S 18.200 dólares, y de otra por $10.969,70.
Con información de Télam
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