El ENRE emitió un duro informe sobre la gestión energética del macrismo, en la que se favoreció los negocios de las empresas distribuidoras, sin regulación de sus planes de inversión, en desmedro de un fuerte incremento dolarizado de las tarifas de los hogares. En el documento se recomienda "considerar nula la Revisión Tarifaria Integral (RTI) aprobada durante el gobierno de Cambiemos, dando inicio a un período de transición cuyo objetivo sea la realización de un nuevo diseño tarifario que acompañe la recuperación de la actividad económica y se ajuste al marco normativo vigente".
El informe del organismo se conoce en medio de la apertura de la discusión sobre el costo de los servicios de luz y gas, luego de cuatro años de fuerte incremento de las tarifas que impactó de lleno en los bolsillos de los hogares. "Se sugiere una reforma de la estructura del organismo regulador para dotar de mayor institucionalidad el proceso de revisión tarifaria, otorgando mayor transparencia en la información y comunicación con los usuarios", destaca el informe del ENRE.
MÁS INFO
La magnitud de los aumentos fijados por Cambiemos previamente a la RTI generó una "fuerte caída de los ingresos de los hogares y una suba de costos en el aparato productivo, generando crisis económica y malestar social". De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, el rubro electricidad, gas y otros combustibles representó el 5,9 por ciento del total de gasto de consumo de los hogares en 2017/2018. En el Gran Buenos Aires fue el 5,4 por ciento del gasto en consumo de los hogares, cuando en la década anterior rondaba el 2,8 por ciento. "Esto obliga a repensar el monto del subsidio y la necesidad de reconocer diferentes tratamientos para los sectores vulnerables (su consumo energético ronda el 10 por ciento de sus gastos mensuales).
Cuadro de situación
El organismo relevó todo lo actuado por las autoridades nacionales durante el macrismo y por el propio ente regulador en ese momento. El ENRE durante el macrismo aprobó sin ninguna justificación los planes de inversión presentados por las distribuidoras, aún cuando registraban grandes diferencias entre sí, tanto en monto como en cantidad de obras. Un ejemplo que ofrece el informe es que el plan presentado por Edesur era muy limitado, a pesar que la calidad de servicio (driver de la inversión) que presentaba no era sustancialmente mejor a la de Edenor.
EL ENRE de Macri validó la infraestructura existente, sin importar si es la que el regulador considera óptima, o al menos responde a la operación deseada por quien concesiona el servicio público.
"El resultado fue un fuerte impacto negativo sobre la economía de los hogares y los sectores productivos. Esto evidencia que el objetivo prioritario del gobierno fue dotar de ingresos a las empresas y reducir los subsidios, sin importar sus efectos sobre los usuarios ni otras consideraciones respecto a la prestación del servicio", señala el ENRE. Lo que sucedió entonces es que los usuarios financiaron las nuevas inversiones, que pasan a engrosar la base de capital de las distribuidoras.
El informe sostiene que las tarifas resultantes de la RTI no fueron ni justas, ni razonables, ni transparentes, ya sea desde el punto de vista del nivel tarifario como de la estructura tarifaria. Con el pretexto de gradualidad del ajuste económico se generaron diversos cuadros tarifarios opacos, que no permiten conocer sus costos reales, al tiempo que se aplicó una constante refinanciación de una aparente deuda por la aplicación de la RTI, que volvió imprevisible la aplicación de los mismos, con la consiguiente afectación del derecho de los usuarios a una información adecuada y veraz.
La determinación incorrecta del Costo Propio de Distribución de las concesionarias con el aumento constante de los precios de energía y potencia y la dolarización de los precios de la generación, generaron un desfasaje entre el esquema tarifario y la realidad macroeconómica que repercutió negativamente en el ingreso de los hogares y en los costos de las empresas contribuyendo a profundizar la crisis económica del país. "Por lo expuesto, la RTI carece de validez jurídica en tanto no tuvo en cuenta la realidad social y económica del país, ni fue razonable en su diseño y aplicación, vulnerando el marco regulatorio y los derechos de los usuarios", concluye el informe del ENRE.
El ente regulador, para el nuevo escenario tarifario, aconseja establecer una dinámica de funcionamiento sectorial que evite el apalancamiento financiero de las concesionarias en las deudas con organismos públicos. "Específicamente, resulta necesario rediseñar el papel de CAMMESA, organismo que durante los últimos 15 años ofició como el principal prestamista de las empresas distribuidoras, señala el organismo.
En el informe se sugiere, además, la impugnación del Acuerdo de Regularización de Obligaciones, firmado en 2019 entre la entonces Secretaría de Gobierno de Energía y las concesionarias. El estudio entiende que existen elementos suficientes para entender que dicho acuerdo lesionó el interés público y el de los usuarios.
Cerrar sesión