El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, justificó la propuesta del Gobierno para saldar la deuda que mantiene la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con las energéticas a través de un bono en dólares que vence en 2038. Ante el rechazo manifestado por la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) mediante una nota enviada al ministro de Economía, Luis Caputo, Chirillo reivindicó el plan de pagos oficial al asegurar: "Estamos buscando la manera de poder pagar".
En el descargo a través de su cuenta de X, el funcionario responsabilizó al gobierno anterior por la deuda, señalando que "el congelamiento tarifario de Alberto Fernández generó que las distribuidoras no lleguen a cubrir el costo de abastecimiento. La diferencia entre el costo reconocido y el real hizo que esas distribuidoras lleguen sólo a pagar sueldos. Así se generó la deuda con Cammesa".
"Hoy Cammesa no tiene efectivo para pagar ni quién le de a la maquinita de imprimir, como le dieron el último año, por lo que quedaban estos dos meses donde se buscó una solución. Estamos buscando la manera de poder pagar", agregó el funcionario mileista. La oferta del Ejecutivo implica una quita del 50% del monto adeudado, mediante la entrega de un bono en dólares (AE38) para diferir los montos vencidos correspondientes a diciembre y enero.
Una vez determinados los importes mediante la suscripción de los acuerdos individuales respectivos, las facturas serán canceladas sujetas a los siguientes principios:
a. Las Facturas de los Deudores del MEM con vencimiento en febrero y marzo 2024 serán canceladas en su totalidad mediante los planes de pago que CAMMESA acuerde con cada agente deudor los que deberán sujetarse a las siguientes condiciones: tasa de mercado banco nación; y plazo de 48 meses.
b. Las Facturas de los Deudores del MEM con vencimiento en abril de 2024 deberán ser canceladas en su totalidad en un plazo de 30 días corridos de la entrada en vigencia de la Resolución.
c. Las facturas con vencimiento mayo de 2024 deberán ser canceladas en su totalidad en los términos y condiciones establecidas en la normativa vigente.
d. El incumplimiento de lo establecido en los incisos (b) y (c) inhabilitará al agente deudor en falta a celebrar acuerdos de pagos en las condiciones establecidas en el inciso (a) o la caducidad del acuerdo si este fuese anterior al incumplimiento.
Las generadoras manifestaron su rechazo a la modalidad de pago con bonos dispuesta en la Resolución publicada este miércoles. El Gobierno oficializó el régimen de pagos para saldar la deuda que mantiene Cammesa con las empresas generadoras de energía, a través de la Resolución 58 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La normativa establece “un régimen de pagos excepcional, transitorio y único para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero 2024 correspondiente a los Acreedores del MEM con el objeto de restablecer la cadena de pago de las transacciones económicas corrientes y con ello preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad, ante el déficit de los recursos disponibles en el Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y la emergencia declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y el Decreto N° 70 del 20 de diciembre de 2023″.
En un comunicado, las generadoras informaron: "Nuestros asociados nos han manifestado su rechazo a la modalidad de pago dispuesta en la Resolución". La propuesta para pagar con un bono una deuda por más de un billón de pesos que el Gobierno mantiene con las generadoras de energía provoca resistencias en ese sector empresarial. El objetivo es cancelar la deuda por subsidios energéticos con una quita del 50 por ciento. En un extenso comunicado, las empresas listaron los principales riesgos de aceptar la propuesta de pago del gobierno:
- Resulta una afectación de los derechos contractuales de los agentes generadores y violación a su derecho de propiedad privada.
- Impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales.
- Implica una quita adicional en la remuneración de los generadores que vendan energía al spot en pesos, la cual ya se ha visto desvalorizada fuertemente por la elevada inflación de los últimos meses.
- Afecta en forma directa los programas de operación, mantenimiento e inversión en generación incrementando innecesariamente el riesgo del sistema eléctrico, en particular a las centrales que venden sus energía en el spot, en pesos y a precios desactualizados.
- Resulta una alteración a contratos adjudicados en procesos licitatorios públicos lo que genera un precedente que desalentará nuevas inversiones.
- Compromete la responsabilidad de CAMMESA y del Estado nacional, en tanto la misma afectaría derechos adquiridos de los agentes generadores.
- Afecta la seguridad jurídica en general, de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad ya que sería la primera oportunidad desde la creación del MEM.
"Alertamos a usted respecto a la situación crítica que están pasando los agentes generadores de CAMMESA, sin mediar razón alguna y en una clara violación de los procedimientos. Si bien se rechaza la resolución en su totalidad, el hecho de que sujetar el pago de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero, resulta especialmente inaceptable", destaca el documento.
En la resolución de Energía se insta a las distribuidoras a regularizar el pago de la deuda con Cammesa, es decir, abonar el 100% de sus facturas de energía de febrero y marzo con un plan de pagos. En el Gobierno entienden que los aumentos de tarifas habilitados en esta primera parte del año deberían permitir la normalización del flujo de pagos. Las compañías de distribución advierten que sus ingresos se verán afectados por la decisión de suspender la fórmula de indexación mensual, que estaba prevista para aplicarse desde mayo, bajo el objetivo oficial de apuntalar la baja de la inflación y evitar cargar con más incrementos a la clase media.
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