Otro golpe a los más pobres: el impacto de la desregulación del precio de las garrafas

El Gobierno eliminó el tope al precio máximo otorgado por la Secretaría de Energía para las garrafas de gas, utilizadas por más de 20 millones de personas en todo el país (43% de la población), conformado por una parte importante de sectores de bajos ingresos. Al mismo tiempo, a través de la resolución 216 publicada esta semana en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo puso un precio de referencia (no precio máximo) sugerido al mercado, que implicó una suba de 32% respecto a la última suba del verano. La desregulación del mercado del gas envasado y la suba de hecho del precio impacta de manera significativa en los sectores vulnerables.

En febrero, la Secretaría de Energía había fijado el precio de la garrafa de 10 kilogramos (la de mayor demanda) para la provincia de Buenos Aires en $ 6.499, pero ahora –además de eliminar el tope – la cartera estimó el valor de referencia para esa misma garrafa en $ 8.500 (la de 12 kg quedó en $ 10.200 y la de 15 kg en $ 12.750). 

Vale aclarar que el precio venía teniendo una diferencia por provincia, dependiendo, entre otras cosas, de los costos de la logística que -en los hechos- podría implicar una diferencia de hasta el 50%, como ocurre en las provincias del sur del país. También hay diferencias en los valores en Corrientes, Formosa y La Rioja, por sólo nombrar estas provincias. 

En invierno, el costo mensual en garrafa para una familia tipo (entre tres y cuatro garrafas) que vive en Neuquén o Río Negro, sin acceso a la red de gas natural, podría llegar a los $ 80.000, porque los envases de 10 kg se conseguían antes de la medida del gobierno a $ 15.000 en la distribuidora, pero ascendía más de $ 20.000 si se las adquiría en negocios de cercanía. El cálculo depende de la cantidad de integrantes de la familia, el tipo de consumo y la eficiencia del aislamiento que tenga el hogar. 

Si bien hay que esperar a ver cómo se mueve el precio en el mercado en los próximos días, una certeza que surge de la medida del gobierno libertario es el impacto significativo en los sectores de bajos ingresos que no tienen conexión a la red de gas natural. Sobre todo teniendo en cuenta que, al eliminarse el tope, en un futuro el precio podría ser superior al sugerido por la cartera energética. Esto va a depender de la oferta y la demanda. 

Siguiendo con el precio referencial de la Secretaría de Energía, una familia de cuatro o cinco miembros que vive en el conurbano bonaerense sin acceso a la red y que consume en invierno hasta tres garrafas de 10 kg por mes (calefacción, baño y concina) gastaría $ 25.000 mensuales, si la retiran de la distribuidora y la localidad no tiene alto costo logístico. Por este motivo, a partir de la medida del Gobierno comenzaron a formarse filas de personas en las distribuidoras para conseguir una garrafa antes que suba el precio.

Programa Hogar

Por un lado, la medida del Gobierno desregula el precio de las garrafas. Por otro, perjudica a los beneficiarios del Programa Hogar, un subsidio destinado a los sectores de bajos ingresos sin acceso a la red, creado en marzo de 2015.
El subsidio del plan Hogar (tarifa social) es directo, es decir, los beneficiarios pagan la garrafa al precio de referencia, pero a fin de mes reciben un reintegro a través de la tarjeta de la Anses. Formalmente el programa cubría el 80% del precio de la garrafa establecido por el gobierno, pero la cobertura se fue achicando. 

Desde agosto de 2023 el subsidio del Programa Hogar quedó congelado en $ 1.778 (promedio ponderado por ventas del país) pero el precio de la garrafa aumentó en ese mismo período. Esta semana llegó $ 8.500 sólo como precio sugerido, aunque en el circuito de distribución o en los comercios de cercanía el precio final podría ser más elevado, incluso llegando al doble. Es decir, el subsidio quedó congelado, pero el precio de la garrafa se incrementó al menos tres veces en doce meses.