Otro conflicto crece entre Nación y las provincias: el futuro del agua

La disputa entre el Gobierno y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encendió la pelea entre Nación y las provincias. Además de la coparticipación de fondos, el fin de las concesiones hidroeléctricas abre un nuevo foco de conflicto, en especial con el territorio patagónico. 

La era privatizadora en las empresas hidroeléctricas que comenzó hace 30 años ahora se encuentra en un limbo y el Gobierno se cierra cada vez más para encontrar una solución consensuada. Nación y las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro deberán sentarse a la mesa para definir el futuro, con miradas aún no comunes acerca del negocio. Participación privada, liderazgo de Enarsa o protagonismo federal eran las opciones que se barajaban en el mazo antes de la irrupción de Javier Milei en la presidencia.  

En 2023, la Secretaría de Energía designó a Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) como veedor de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyos plazos de concesión estaban próximos a vencer, y estableció que una vez finalizados los plazos, las concesionarias iban a continuar a cargo durante 60 días corridos. Ya vencieron los contratos firmados en 1993 en el marco de la privatización de Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima (Hidronor). 

Sin embargo, entre 2023 y 2026 vencerán en total los contratos de concesión de 17 centrales hidroeléctricas, que fueron otorgadas en la década del 90 por plazos de 30 años. Los contratos se originaron en las privatizaciones del menemismo y el inminente vencimiento enciende el debate sobre el rol que debe asumir el Estado de cara al futuro.

En una acción conjunta, los gobernadores de Río Negro y Neuquén notificaron al Estado Nacional respecto de la gestión de concesiones hidroeléctricas en la región. La misiva contiene una férrea defensa de los recursos naturales de las provincias y buscando establecer un claro precedente. En definitiva, Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa lo que buscan es ser parte de la discusión junto con Nación de las nuevas concesiones que se hagan en las centrales.

En lo inmediato, las concesionarias a las que se les vencen los contratos son AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila).  El mandatario rionegrino envió una carta documento dirigida al Ministerio del Interior, sustentada en los artículos 1, 5, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos.

Por su parte, el gobierno de Figueroa envió carta documento al secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia.

En el proyecto de Ley de Presupuesto para este año que había presentado el gobierno anterior, se preveía la creación de una empresa estatal para el sector hidroeléctrico. Se trataba de Energías Hidroeléctricas S.A.U., una firma que iba a depender de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) y, si avanzaba la iniciativa, se dejaba afuera a las provincias de la discusión. El foco de las intimaciones actuales recae, precisamente, en el inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. 

Los gobiernos de Río Negro y de Neuquén exigen que el Estado Nacional, y sus dependencias, se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos sin obtener previamente el consentimiento de las provincias. Las notificaciones advierten que cualquier acción unilateral por parte del gobierno nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. 

Este año también vencen más concesiones de represas del país privatizadas en los primeros años de la década del 90, como las hidroeléctricas Nihuil (Mendoza), Agua del Toro (Mendoza) y Río Hondo (Santiago del Estero). En 2025 vencen las concesiones de las centrales Futaleufú (Chubut) y Cabra Corral (Salta). En 2026 culminan los contratos de concesión de Ullum (San Juan) y El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán). En 2029 vence la central Pichi Picún Leufú (Neuquén) y en 2044 (único contrato de concesión de 50 años) termina el plazo de la hidroeléctrica Florentino Ameghino (Chubut).

La energía hidroeléctrica representa entre un 10 y 15 por ciento de la matriz energética del país. Posibilita la producción de alimentos, energía y es insumo de los procesos productos; y vía de comunicación y comercio. 

Las provincias sostienen el control de sus recursos y el rol de las hidroeléctricas

Un documento que circula dentro de la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo de Neuquén marca duramente las pautas de un nuevo esquema de negocios. La provincia tiene en su territorio tres cuencas hídricas primordiales cuyos principales ríos son el Colorado, el Neuquén y el Limay.

La participación de las energías renovables en la cobertura de la demanda eléctrica pasó de equivaler el 2,3% de la demanda en diciembre de 2015 a un valor estimado en más del 10% en diciembre de 2019. Hoy, un tercio de la matriz de generación eléctrica de Argentina es libre de emisiones, y se estima que en 2030 será dos tercios libre de emisiones.

El dilema de las regalías y la constitución el 94

Por lo producido de generación de energía hidroeléctrica en base a un recurso de jurisdicción provincial como el agua, se cobran por parte del dueño del recurso un impuesto denominado “regalía”. En el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del 12% se distribuye entre ellas.

Con el precio de la energía eléctrica regulado por el Estado, cambiaron las condiciones del efecto cobro de las regalías hidroeléctricas. Como en los últimos años el valor de la energía para el cobro de la regalía estuvo fijo, se generó un punto de conflicto entre la provincia y la Nación. La controversia pasa por el valor a través del cual se calcula el monto de las regalías, dado que el espíritu de la ley dispone que se debe cobrar por el monto de las ventas realizadas por la empresa generadora. Sin embargo, en la actualidad el cálculo para el cobro de las regalías se realiza por el valor mayorista.

En agosto del 2021, Neuquén realizó un reclamo formal aduciendo el pago atrasado de 1.164 millones de pesos por parte de Nación (más intereses). En respuesta, la Secretaría de Energía actualizó el monto de pago de regalías, dejando sin respuesta la demanda provincial por lo adeudado, afirman desde la cordillera.

La Constitución Nacional, luego de su reforma de 1994, dispuso que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Este “dominio” sobre los recursos naturales alcanza también necesariamente su aprovechamiento. La mayor tensión entre las provincias y el Estado se origina a partir de la convergencia de atribuciones que ambas órbitas de poder estadual detentan respecto de la energía hidroeléctrica. En definitiva, quién comanda el negocio.

Los equipos legales neuquinos sostienen que Nación no puede vaciar de contenido las prerrogativas que detentan las provincias; menos aun cuando se gestiona y se decide sobre recursos naturales cuya titularidad exclusiva corresponde a los Estados locales. De este modo, las provincias titulares del dominio originario del recurso agua deben tener participación obligada y activa.

Del otro lado del mostrador deslizan que las grandes obras para el andamiaje del negocio hidroeléctrico las hizo el gobierno nacional. En un lapso de décadas, las provincias poco hicieron en términos de giro de recursos para que del agua broten dólares.