El gobierno de Javier Milei determinó, este martes, una reducción gradual de los subsidios energéticos a la luz y gas, que traslade a los usuarios "el costo real de la energía" e implemente, tras un período de transición, un nuevo esquema equivalente a la Canasta Básica Energética que había sido anunciada en febrero.
Así lo estableció el decreto 465/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial. En él, se establece que se va a "trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado".
Sin embargo, esta implementación se hará de manera gradual, en un período "que se extenderá desde el 1º de junio hasta el 30 de noviembre de 2024", aclara además el decreto firmado por Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. Aun así, agrega que este período podrá ser ampliado por una única vez.
Durante este período, la Secretaría de Energía podrá, entre otros puntos, "establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados" pero, al mismo tiempo, "aplicar descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas". También podrá modificar la "denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE.
Juan José Carbajales, titular de la consultora energética Paspartú, advirtió que "se elimina el tope que impedía aumentar por arriba del 40% (N2) y 80% (N3) del nivel salarial" y que todavía "no se determina el porcentaje del costo de las facturas de gas + luz a subsidiar", pese a que en las audiencias de febrero se había barajado la cifra de un 10% del total del ingreso del hogar.
Carbajales explicó que, básicamente, el Gobierno lanza así "finalmente la herramienta para 'focalizar' los subsidios energéticos y acercar los hogares al costo real de consumir gas y electricidad".
Los argumentos del Gobierno para reducir los subsidios a la energía
En la argumentación del documento oficial, se expuso que “los regímenes de subsidios generalizados no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, y benefician a quienes no necesitan tal apoyo en perjuicio de los más vulnerables, además de fomentar un consumo ineficiente y de dilapidar los recursos naturales y económicos del Estado Nacional, con emisión monetaria”.
Mientras que “en cambio, los subsidios focalizados buscan garantizar el acceso al consumo indispensable sólo a aquellos hogares que realmente lo requieran y lo necesiten, a la par que incentivan un consumo eficiente, en la medida en que el exceso al consumo indispensable se debe pagar a costo pleno, todo lo cual también redunda en eficiencias para el gasto público”.
Ante esto, el Ejecutivo consideró que “resulta conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados, representativos de un modelo basado en la autosuficiencia económica-financiera del sector energético, las exportaciones de gas y petróleo, la libre interacción entre oferta y demanda, y un marco de incentivos a la inversión privada en infraestructura”.
Hasta que entre en vigencia el nuevo régimen, se otorgó a la Secretaría de Energía una serie de facultades para “establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente establecido por el Decreto N° 332/22, con el objetivo de realizar una transición gradual, ordenada y previsible en el proceso de redeterminación de los subsidios a la energía”.
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