El fin de la era privatizadora en las empresas hidroeléctricas ya comenzó y el Gobierno prorrogó la discusión sobre qué hacer con el agua para el próximo año. Nación y las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro deberán sentarse a la mesa para definir el futuro, con miradas aún no comunes acerca del negocio. Participación privada, liderazgo de Enarsa, o protagonismo federal, opciones que se barajan en el mazo.
Esta semana, la Secretaría de Energía designó a Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) como veedor de las centrales hidroelécticas Alicurá, El Chocón Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyos plazos de concesión están próximos a vencer, y estableció que una vez vencidos, las concesionarias deberán continuar a cargo durante 60 días corridos. El 11 de agosto vencen los contratos de concesión de Alicurá, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados y el 29 de diciembre el de Piedra del Águila, firmados en 1993 en el marco de la privatización de Hidroeléctica Norpatagónica Sociedad Anónima (Hidronor).
Sin embargo, entre 2023 y 2026 vencerán en total los contratos de concesión de 17 centrales hidroeléctricas, que fueron otorgadas en la década del 90 por plazos de 30 años. Los contratos se originaron en las privatizaciones del menemismo y el inminente vencimiento enciende el debate sobre el rol que debe asumir el Estado de cara al futuro.
En lo inmediato, las concesionarias a las que se les vencen los contratos son AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados) y Central Puerto (Piedra del Águila). Energía consideró "pertinente adoptar medidas dentro del marco contractual que permitan garantizar la continuidad del servicio que prestan las centrales y resguardar los intereses públicos vinculados con la generación energética y preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la cuenca".
Las concesionarias continuarán con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante 60 días corridos, prorrogables por un plazo similar. En ese lapso, Enarsa actuará como veedor, a la vez que se convocó a las provincias de Río Negro y Neuquén a que propongan un representante para colaborar conjuntamente con el Ministerio de Economía. Es decir, será la próxima gestión quien determine qué hacer.
La energía hidráulica es una de las fuentes más importantes para la generación de energía eléctrica. Posibilita la producción de alimentos, energía y es insumo de los procesos productos; y vía de comunicación y comercio. La semana pasada, las secretarías de Industria y de Energía, y las empresas Enarsa e Impsa habían acordado poner en marcha un “relevamiento estratégico” de otras ocho centrales hidroeléctricas cuya concesión vence el año próximo.
El proyecto de Parrilli
A fines del año pasado, el senador neuquino del Frente de Todos, Oscar Parrilli, presentó un proyecto de ley para gestionar la continuidad de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional a través de Enarsa en sociedad con Neuquén, Chubut y Río Negro. El texto ordena que Enarsa se asocie con las provincias del "dominio del recurso hídrico comprometido en los aprovechamientos hidroeléctricos referidos en el artículo precedente, a través acuerdos bajo las condiciones y parámetros que las partes convengan”. Como opción para cada caso, el proyecto abre la puerta para que se pueda “incorporar la participación del capital privado”.
El proyecto propone, para iniciar el debate, “que Enarsa pudiera retener el 51% del total del dominio, ya que de esta manera podría simplificar y agilizar la operatoria en sus distintas áreas y funcionar en consonancia con las disposiciones que, en materia energética global, disponga el gobierno nacional”.
Con la prudencia de evitar conflictos con provincias a semanas de las elecciones 2023, el Gobierno es cauto a la hora de fijar una posición concreta. Fuentes cercanas a la Secretaría de Energía señalaron a este medio que "la idea es que las provincias estén de acuerdo con el rumbo que decida el gobierno", por lo que "si hay puntos conflictivos se evaluarán".
Las provincias sostienen el control de sus recursos y el rol de las hidroeléctricas
Un documento que circula dentro de la Secretaría de Planificación y Acción para el Desarrollo de Neuquén marca duramente las pautas de un nuevo esquema de negocios. La provincia gobernada por Omar Gutiérrez tiene en su territorio tres cuencas hídricas primordiales cuyos principales ríos son el Colorado, el Neuquén y el Limay.
La energía hidroeléctrica aporta actualmente más del 16% del total de la electricidad consumida en el mundo. En el plano global son China, Estados Unidos, Brasil y Canadá los mayores productores de hidroelectricidad, y en conjunto generan más del 50% del total mundial
La participación de las energías renovables en la cobertura de la demanda eléctrica pasó de equivaler el 2,3% de la demanda en diciembre de 2015 a un valor estimado en más del 10% en diciembre de 2019. Hoy, un tercio de la matriz de generación eléctrica de Argentina es libre de emisiones, y se estima que en 2030 será dos tercios libre de emisiones.
El dilema de las regalías y la constitución el 94
Por lo producido de generación de energía hidroeléctrica en base a un recurso de jurisdicción provincial como el agua, se cobran por parte del dueño del recurso un impuesto denominado “regalía”. En el caso de que las fuentes hidroeléctricas se encuentren en ríos limítrofes entre provincias, o que atraviesen a más de una de ellas, este porcentaje del 12% se distribuye equitativa y racionalmente entre ellas.
Con el precio de la energía eléctrica regulado por el Estado, cambiaron las condiciones del efecto cobro de las regalías hidroeléctricas. Como en los últimos años el valor de la energía para el cobro de la regalía estuvo fijo, se generó un punto de conflicto entre la provincia y la Nación. La controversia pasa por el valor a través del cual se calcula el monto de las regalías, dado que el espíritu de la ley dispone que se debe cobrar por el monto de las ventas realizadas por la empresa generadora. Sin embargo, en la actualidad el cálculo para el cobro de las regalías se realiza por el valor mayorista fijado en pesos por la Secretaría de Energía.
En agosto del 2021, Neuquén realizó un reclamo formal aduciendo el pago atrasado de 1.164 millones de pesos por parte de Nación (más intereses). En respuesta, la Secretaría de Energía actualizó el monto de pago de regalías, dejando sin respuesta la demanda provincial por lo adeudado, afirman desde la cordillera.
La Constitución Nacional, luego de su reforma de 1994, dispuso que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Este “dominio” sobre los recursos naturales alcanza también necesariamente su aprovechamiento. La mayor tensión entre las provincias y el Estado se origina a partir de la convergencia de atribuciones que ambas órbitas de poder estadual detentan respecto de la energía hidroeléctrica dentro del marco de reparto de competencias diseñado en el texto constitucional.
Los equipos legales neuquinos sostienen que Nación no puede vaciar de contenido las prerrogativas que detentan las provincias; menos aun cuando se gestiona y se decide sobre recursos naturales cuya titularidad exclusiva corresponde a los Estados locales. De este modo, las provincias titulares del dominio originario del recurso agua deben tener participación obligada y activa.
Del otro lado del mostrador deslizan que las grandes obras para el andamiaje del negocio hidroeléctrico las hizo el gobierno nacional. En un lapso de décadas, las provincias poco hicieron en términos de giro de recursos para que del agua broten dólares.
Más allá de contrapuntos sobre la letra fina legal o la visión estratégica que se quiera imprimir, los tiempos de la política "patearon" hacia adelante cualquier definición. Dado el escenario actual, entre Sergio Massa, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta estará el representante que en 2024 se siente en la mesa con los gobernadores para delinear la concesión futura.
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