Una clara mayoría expresó nuevamente que el ajuste recae sobre trabajadores y jubilados, y que se producirá resistencia social, mientras que un importante porcentaje se manifestó en contra de la dolarización, según una encuesta de la consultora Analogías a poco más de tres meses de la asunción de Javier Milei en el Gobierno. “Las opiniones pesimistas se imponen a las optimistas” en materia económica, aunque el mismo informe reconoce que la imagen pública de Milei no se vio deteriorada en la misma proporción. Solo empeoró en cinco puntos porcentuales respecto del momento de la asunción.
La consultora explicó que la encuesta se realiza “casi en forma simultánea al despliegue de un inédito y severo conflicto jurisdiccional entre la Nación y la provincia de Chubut”. “Antes del conflicto desatado con los gobernadores por la controversia con Chubut (viernes 23 de febrero), consultamos sobre la percepción de un eventual riesgo respecto del sistema federal y la integración nacional y las opiniones se dividieron casi en partes iguales: la mitad de los que emitieron opinión sobre el tema consideraron que está en riesgo la integridad nacional y el federalismo”, detalló.
En materia económica, siguen estables y persistentes las opiniones mayoritarias en contra de la dolarización, con el 53,3 por ciento de los encuestados en contra, mientras que solo tres de cada diez se muestra a favor de la propuesta. En ese sentido, los encuestados, en su mayoría, se ven defraudados respecto de las promesas de campaña. “El rechazo nítido a la dolarización de la economía y una incipiente alerta sobre la integridad nacional contradicen la premisa presidencial acerca de que efectivamente éste fue el programa validado electoralmente", dijo el informe.
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“Los dos principales arietes para concretar el programa minarquista (teoría de un Estado mínimo) para la eliminación del Estado, tal como lo conocemos hasta hoy, son la ruptura del sistema federal y la integridad nacional, por un lado, y la eliminación de la moneda, vía dolarización, por otro”, afirmó. El intento presidencial de transformar una demanda de cambio en la política económica en un mandato para destruir el Estado nacional parece estar sorprendiendo a importantes sectores de la opinión pública, “aún muchos de quienes lo votaron pensando en la necesidad de algún tipo de ajuste económico para frenar la escalada inflacionaria”, agregó. De todos modos, en la encuesta se reconoce, con el 56,9 por ciento de los votos, que Milei llevaría a cabo ese achicamiento del Estado, “aunque eso provoque el sufrimiento en distintos sectores de la sociedad”.
En un sentido similar, en la visión mayormente aceptada sobre el funcionamiento de la democracia representativa en la Argentina, una clara mayoría (alrededor del 50 por ciento de los encuestados) manifestó que son necesarios y válidos los consensos con legisladores y gobernadores para avanzar en reformas de la legislación.
La distribución de estas respuestas por segmento de opinión es muy regular; es decir que incluso los propios encuestados de opiniones oficialistas le reclaman al Gobierno que acuerde con las fuerzas de la democracia un eventual programa de ajuste. “Como puede verse, se trata de una demanda que está muy lejos de la imposición, la venganza y la agresión soez que parece orientar la conducta presidencial, dirigida a implementar un excéntrico programa que carece de legitimidad electoral alguna”, replica la consultora.
En ese sentido, el 47,1 por ciento de los consultados prevé que la situación económica en los próximos dos años va a ser peor que en la actualidad, de los cuales el 22,6 por ciento anticipa que será “mucho peor”, mientras que el 44,8 por ciento considera que será mejor. Donde el margen se amplía es en lo referido a sobre quién recae el ajuste: el 54,7 por ciento asegura que “a los trabajadores y jubilados”, y solo un 25,6 por ciento considera que se está realizando sobre “la casta política”. Respecto a ese tema, el 65,5 por ciento anticipa que habrá resistencia social.
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