El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) presentó acciones judiciales de carácter penal, a raíz de las auditorías y revisiones llevadas adelante por ese organismo. La investigación por anomalías que trasuntan en ilícitos penales alcanzan al ex ministro de Energía Juan José Aranguren, al ex titular de ENARGAS Ezequiel Roitman y demás integrantes del entonces Directorio del organismo. El perjuicio económico calculado por el ENARGAS asciende a 561 millones de dólares, de los cuales 393 millones obedecen al perjuicio contra el fisco, mientras que 168 millones contra los usuarios y las usuarias del servicio público de gas por redes.
El Ente comunicó este miércoles que promovió dos denuncias por causas que incluyen abuso de autoridades y violación de los deberes de funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
La primera es contra Aranguren y se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, Secretaría 23, con intervención de la Fiscalía Federal N° 9 a cargo de Guillermo Marijuan. La causa ha sido delegada para su investigación al fiscal en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal de la Nación. En este caso se denuncia una maniobra pergeñada en los distintos niveles participativos, que tuvo lugar cuando el entonces ministro de Energía convocó a todos los productores y licenciatarias del servicio público de distribución de gas para establecer lo que denominaron Bases y Condiciones en la comercialización de Gas en PITS.
En ese momento se fijó por dos años precios uniformes para cada una de las cuencas contratos a un tipo de cambio variable en dólares que habría sido inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la Ley N° 24.076 y provocaron un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas.
"Ante la finalización de la Ley de Emergencia Económica, en 2018 se debía volver a la desregulación del precio del gas, es decir, la libre negociación del precio entre las empresas productoras y distribuidoras. Sin embargo, el ENARGAS en lugar de proteger a los usuarios y las usuarias y rechazar ese acuerdo (las referidas “Bases y Condiciones”) lo avaló y efectuó el traslado de los precios a tarifas en abril del 2018", recordó el ENARGAS.
La segunda causa se tramita en ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 6, Secretaría 11, con intervención de la Fiscalía Federal N° 12 a cargo de María Alejandra Mangano. Fueron denunciados: Aranguren; Daniel Alberto Perrone, ex subinterventor y posterior director de ENARGAS; Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del ex Ministerio de Energía y Minería; David Tezanos, ex interventor de ENARGAS; Andrés Ferraris, ex director nacional de Política Tarifaria y luego director nacional de Economía de los Hidrocarburos en el ex Ministerio de Energía y Minería; Juan Manuel Carassale, jefe de Gabinete del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y Graciela Cristina Bevacqua, ex directora Técnica del INDEC.
Los hechos de la denuncia se sustentan en una presunta manipulación del factor de actualización de la base tarifaria, la cual tiene enorme relevancia en el cálculo tarifario desde que incide en la tarifa a través de la rentabilidad y las amortizaciones. Las conductas denunciadas habrían tenido la finalidad de llevar artificialmente el factor de actualización a 33, lo que significó un incremento del 3.300 por ciento para este componente tarifario.
El proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos que culminó en el 2017 con la elección de una combinación de índices de precios que redundaron en un factor de actualización sobre la base tarifaria de “33” (de punta a punta, desde enero de 1993 a diciembre del 2016), tuvo un efecto sobre las tarifas del servicio que se refleja en los mayores montos en concepto de rentabilidad y amortizaciones que les aportaron a las licenciatarias del servicio de gas por redes ingresos en exceso para el quinquenio 2017-2021 por al menos 21.255 millones de pesos constantes de diciembre de 2016 (equivalente a 1.343 millones de dólares).
Si se los compara con una propuesta alternativa analizada por los mismos funcionarios involucrados, consistente en una combinación de índices nacionales que llevaban a una actualización sobre la base tarifaria de “24” veces, que -casual y sospechosamente- coincide con el resultado de aplicar la previsión original del marco regulatorio de los años ’90, esto es mantener las tarifas en dólares.
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