El Congreso avanza en regular la polémica ley de emprendedores que lanzó el macrismo hace tres años y le entregó una herramienta similar a las offshores a los narcos e individuos que buscan evadir controles del Estado. El proyecto del Frente de Todos que suspende por 180 días la inscripción de nuevas empresas consiguió dictamen de comisión de Legislación General y podrá ser tratado en el Senado desde la semana próxima.
Las sociedades por acción simplificada (SAS) surgieron en el marco de la ley de Mauricio Macri sancionada en 2017. Entre otras ventajas, estas compañías pueden fundarse en 24 horas con un capital ínfimo y mínimos controles del Estado. Por eso al menos una banda narco es investigada por utilizarlas para comprar droga y lavar dinero por $ 1.200 millones, pudo corroborar El Destape. También fue el vehículo con el que muchos compraron inmuebles por millones sin justificar el origen de los fondos.
La propuesta del senador Oscar Parrilli pone en pausa la creación de estas sociedades por seis meses y le entrega a la Inspección General de Justicia, a cargo de Ricardo Nissen, y a los demás registros públicos provinciales el control de su legalidad. Durante ese tiempo deberán acreditarse como "emprendedores" aquellos dueños que armaron una SAS para llevar adelante un pequeño negocio, caso contrario se les impondrá la transformación a una SRL, con las regulaciones adicionales que estas implican. Hasta tanto se presenten en el registo público, los socios tendrán responsabilidad ilimitada y solidaria para evitar así fraudes, que tan fácilmente pueden llevarse adelante con la ley macrista.
Además, estarán obligados a presentar sus balances contables a la autoridad de control, otra omisión que Cambiemos había planteado, pese a que el resto de las empresas debe hacerlo. El proyecto de Parrilli pasó con modificaciones mínimas, como incluir que si existen legislaciones provinciales que regulan a las SAS, la ley nacional no se opondrá. Con este dictamen de mayoría, podrá tratarse desde la semana próxima en el pleno del Senado.
Promovido por Macri, la ley de emprendedores pretendía ayudar a los pequeños empresarios a realizarse. Por el contrario, su estructura similar a las offshores sirvió también como una puerta de entrada para organizaciones delictivas e individuos que pretenden esconder sus activos de familiares, socios o del propio Estado. La carencia de control es tan flagrante que incluso algunas figuran en contratos de compra de propiedades con fechas anteriores a las que fueron inscriptas.
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