El gobierno de Javier Milei quitó la potestad del Instituto Nacional de Yerba Mate para la fijación de precios, lo cual abre la posibilidad de suba de precios sobre uno de los productos más demandados en el país. Sin embargo, también expone y pone en peligro el trabajo de más de mil pequeños productores que se desempeñan en la actividad.
El DNU 70 publicado el 20 de diciembre de 2023 estableció la derogación de la Ley N°27.114, así como la modificación y derogación de artículos de la Ley 25.564 vinculada a la yerba mate. La primera regulaba la radicación y creación de establecimientos para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen. La segunda norma establecía el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Según detalló un informe del Centro de Economía Política (CEPA), el DNU significa la eliminación de las siguientes regulaciones:
- Los registros de identificación de la producción, elaboración, industrialización, y comercialización de la yerba mate.
- La promoción de distintas formas asociativas entre productores primarios de yerba mate y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona productora.
- La realización de acuerdos semestrales entre los distintos sectores participantes del INYM, que coadyuvan en la regulación del precio de la materia prima. El mismo resulta de un acuerdo en el INYM basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con yerba mate según las condiciones y estándares de calidad que fije la reglamentación, el cual mediante acta pertinente los sectores deberán respetar.
- La constitución, a través del INYM, de fondos con fines específicos.
La amenaza contra los productores
La producción primaria se encuentra atomizada, con 12.000 pequeños productores. La cuenca de producción cuenta con 228 establecimientos que operan como secaderos registrados a nivel nacional y 105 industrias molineras y fraccionadoras.
Los 10 primeros del ranking de producción industrial acumulan 72,7% del mercado. Y los tres primeros (Las Marías, Liebig, Santa Ana) explican el 41%, a través de media docena de marcas y presentaciones de las más diversas. Con este DNU, el INYM pierde las facultades para implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda, y, en caso necesario, establecer en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, medidas que limiten la producción.
Según apuntaron fuentes del sector, la medida "afecta principalmente a los productores, ya que no tienen precio mínimo de cumplimiento obligatorio para la hoja verde". En efecto, el INYM no sólo permitía a los productores ser parte de la discusión del precio (para no salir perjudicados) sino que establecía cantidades de hectáreas para poder plantar permitiendo a los pequeños su participación.
Además, con la derogación de la Ley N°27.114 -que imponía limitaciones al fraccionamiento de la yerba mate con exclusividad en Misiones y Corrientes-, se abre el juego a la compra de materia prima por parte de otras provincias para industrializarse fuera de la zona productora. La Ley justamente buscaba promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un Régimen de Envasado en Origen de la Yerba Mate en la región productora.
Con este escenario, la industria podría bajar considerablemente el precio dispuesto a pagar a los productores, que no tienen capacidad de resistencia económica para soportar una caída en sus ingresos. En tanto, con la apertura importadora que promueve el Gobierno, desde el sector denuncian que están trayendo materia prima a granel de otros países para extorsionar a los productores y hacer bajar los precios de la yerba mate local.
El laudo realizado por el INYM a finales de 2023, que llevó el precio de la hoja verde a $ 250 y de la yerba canchada a $950, quedó retrasado como resultado del salto inflacionario de los últimos meses. Al valor de $ 250 el kilo de hoja verde, el atraso respecto al precio de góndola llevó a que el productor sólo perciba 5,9% del precio. En la práctica, y dado que, a la fecha de realización de este informe, se paga $370 el kilo, el productor percibe 8,7% del precio. Los pequeños productores pretenden llevar este valor a $ 500, lo que equivaldría a casi 12% del precio de góndola (similar al laudo de abril de 2023).
La desregulación del precio planteada en el DNU 70, implica que las industrias procesadoras de yerba mate puedan decidir arbitrariamente el precio de pago al productor sin ninguna regulación de precios al productor que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha. Resulta difícil imaginar, en este contexto, que los productores logren recibir $500 por kilo de hoja verde. Esta cuestión se agrava por la decisión del gobierno de dejar exento de IVA adicional y Ganancias por 120 días a las importaciones de productos de primera necesidad incluyendo yerba canchada y molida en paquetes. Además, se garantizó el pago a treinta días desde el ingreso de la mercadería.
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