El principal indicador que permite ver las inequidades entre quienes tienen un empleo registrado quienes trabajan en la informalidad es el salario, que en este último caso pierde por varios cuerpos frente a la inflación. Si bien en la licuadora del Javier Milei ingresaron todos los salarios, los más perjudicados fueron los informales. Con una inflación que corre a un ritmo de 287,9 por ciento interanual y acumulaba hasta marzo el 51,6 por ciento (último dato con fines comparativos, los salarios del sector privado registrado acumulan en el trimestre un alza de 50,5 por ciento; los públicos, de 43,2 por ciento y los informales, un 29,1 por ciento. A esto se suma la pérdida del último año, cuando los guarismos eran de 231,7 por ciento, 183,7 por ciento y 129,2 por ciento, de acuerdo con el INDEC.
Si se compara desde noviembre, a abril (solo para estadísticas de trabajadores registrados), la capacidad adquisitiva promedio registrado disminuyó en 14,9 por ciento. “Dentro del período del actual gobierno, la mayor pérdida se registró en los meses de diciembre y enero, tras la fuerte devaluación la moneda y la aceleración consecuente de los incrementos de precios. Entre noviembre de 2023 y enero de 2024 la caída real llegó a ser de 21,3 por ciento, y alcanzó el 23,8 por ciento si el poder de compra se mide en alimentos”, destaca el último relevamiento de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA). Esta situación se da a partir de un paulatino y continuo de desprotección laboral, el cual se busca acelerar con los cambios en la Ley de Trabajo que promueve La Libertad Avanza
Salarios bajos y sin protección
Luego de varias décadas de aplicación de modelos de flexibilización organizacional y productiva, conviven en la etapa actual distintas formas de ocupación desvinculadas de las garantías y derechos laborales existentes. La composición de la relación asalariada está lejos de ser homogénea dado que una parte importante de las y los trabajadores ya no es receptora de los derechos establecidos en los distintos convenios laborales.
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“El contexto de este deterioro en los últimos diez años, se caracteriza por una (cada vez más) profunda crisis del mercado de trabajo y su incapacidad por proteger y aumentar los pisos de empleo registrado y trabajo formal”, señala el informe realizado en conjunto entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET).
A raíz de las formas de gestión llamadas flexibles de la mano de obra, hacia mediados de los años ochenta empezó a registrarse la expansión del cuentapropismo informal en detrimento del trabajo asalariado, coincidiendo también con el inicio del empleo precario, referido a las contrataciones que se encuadran en el derecho comercial pero no laboral, en el marco del sector formal, “negando de manera parcial o total las garantías asociadas al derecho laboral e invisibilizando su carácter problemático”.
Sólo para enumerar algunas carencias de protección que sufren los empleados informales y que el gobierno libertario busca legitimar se destacan: la ausencia del aporte jubilatorio, el salario anual complementario (aguinaldo), vacaciones pagas, licencias y acceso a cobertura de salud, entre las de mayor popularidad.
Como excepción, el documento destaca los años que van entre 2003 y 2009, que estuvieron marcados por un fuerte crecimiento de la inserción laboral asalariada, “en consonancia con la recuperación económica experimentada durante esos primeros años”. “Cabe señalar que la recuperación de las ocupaciones al inicio de la post convertibilidad se montó sobre una estructura previa fuertemente precarizada hasta 2005 inclusive, con una tasa anual de desprotección del 49,8 por ciento, es decir que la mitad de la población ocupada se hallaba desprotegida”, sostiene el informe. La creación de empleo protegido aumentó un 39,7 por ciento entre 2003 y 2009 lo cual equivale a 1,5 millón de puestos de trabajo asalariados o por cuenta propia protegidos.
A partir de 2013, el trabajo por cuenta propia adquiere un mayor dinamismo en el cual si bien los puestos de trabajo de baja calificación aumentaron un 8,1 por ciento, incorporando a 136 mil personas, el cuentapropismo no precario creció un 25,3 por ciento (que representa a 97 mil personas).Por su parte, el trabajo asalariado protegido creció durante toda la etapa un 6,9 por ciento, incorporando a 357 mil personas, en el que la fuerza de este proceso estuvo concentrada principalmente entre el 2010 y el 2011, dado que durante los últimos tres años, entre 2012 y 2014.
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Hacia finales de 2015 se abre la siguiente etapa asociada con el cambio de gobierno que trajo consigo un conjunto de políticas públicas tendientes a revertir el proceso de recomposición social experimentado durante las dos etapas previas. Con el nuevo esquema laboral se produce un fuerte crecimiento de la desprotección alcanzando el 43,1 por ciento en 2019, lo que equivale a un aumento del 8,6 por ciento entre 2016 y 2019 (421 mil personas con inserción laboral endeble) lo que implica que la mayor contribución a las ocupaciones las hicieran los nuevos puestos de trabajo desprotegidos, aunque el macrismo mostrara este tipo de números como mejore del empleo.
En cuanto a la inserción asalariada, la pérdida de empleos protegidos fue del 1,7 por ciento (96 mil personas) y el crecimiento de los precarios fue del 3,8 por ciento (110 mil personas). Y el crecimiento del trabajo desprotegido se debió principalmente al incremento del cuentapropismo de baja calificación (311 mil nuevos trabajadores informales, que en el periodo implicó un aumento del 15,7 por ciento). Esto inició un fenómeno novedoso, que fue la pérdida de 3,6 puntos porcentuales del componente asalariado.
Durante el gobierno de Alberto Fernández hubo una leve recuperación del trabajo asalariado, pero no alcanzó a recuperar lo perdido en las etapas anteriores. Ahora Milei busca institucionalizar el trabajo informal con su regulación. Así, el Estado vuelve a provocar el desamparo y la fragmentación de los colectivos trabajadores.