Empleo público: los mitos que el gobierno de Milei usa para justificar el ajuste

Tras semanas de rumores sobre una ola masiva de despidos estatales y la confirmación de parte del propio presidente, Javier Milei, quien dijo ante empresarios “echamos 50.000 empleados públicos y van a caer 70.000 contratos”, finalmente los despidos empezaron a concretarse en la víspera de Semana Santa. Según pudo saber El Destape, a la fecha se contabilizan más de 11 mil despidos en toda la Administración Pública incluyendo Economía, Seguridad, Interior, Trabajo, Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, Servicio Meteorológico Nacional, Secretaría de Educación, INADI, Parques Nacionales, ANSES, SENASA, CONICET, Agencia Nacional de Discapacidad, AYSA, Administración General de Puertos, secretaría de DDHH, PAMI, Agricultura Familiar, Trenes Argentinos, entre otros, pudiendo -de continuar- llegar a afectar a más del doble de la cifra actual. 

Sin bien los argumentos centrales para dejar a miles sin su fuente de trabajo recaen en que son “muchos”, “vagos/improductivos”, “gastos innecesarios” y hasta que tienen “baja calificación”, lo cierto es que se trata de frases estigmatizantes y para nada novedosas pero que no tienen sustento directo en los datos duros. En detalle, los empleados públicos representan el 18% de la población total ocupada, con mayor presencia de mujeres sobre todo en Educación, Salud y Servicios comunitarios, y en un 51% cuentan con título terciario o universitario. Predomina el ámbito provincial, donde el peso sobre el total del trabajo varía entre el 13% y 40% según cada región, y según estiman consultoras y el sector gremial, el impacto del salario estatal en el presupuesto se ubica entre el 1,5% y 2% del PBI.

En tal escenario, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocaron a los trabajadores a realizar "ingresos masivos  y simultáneos en los puestos de trabajo" para repudiar la medida e indicaron que esta semana definirán en asambleas “la profundización del plan de lucha” con la continuidad de medidas de protesta en los diferentes organismos afectados, a la par que se reclama por aumentos paritarios por arriba de la inflación (el último ofrecimiento fue del 8%). “El presidente y sus funcionarios que tanto hablan de respetar la ley, han decidido quebrantar normas fundamentales y violar el derecho constitucional a la estabilidad en el Empleo Público, como figura en el artículo 14 bis. Cada cesantía se convierte en un calvario para el trabajador y la familia que la sufre, pero también detrás de cada puesto de empleo que se pierde, hay una política pública que se desmantela”, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional. 

A su vez, desde el gremio se muestran atentos frente al mecanismo de retiros voluntarios que comienzan a implementarse en empresas públicas y ante “el ajuste que se dispara rápidamente a las provincias y municipios”. Aseguran que de mantenerse el panorama actual “necesariamente la conflictividad va a ir creciendo” en tanto que, producto de los mismos despidos, se verán afectadas funciones clave para la atención ciudadana. 

Radiografía del sector público

En el marco del plan económico libertario de “fuerte ajuste fiscal para llevar la situación a equilibrio” un aspecto central se focalizó en el recorte en miles de puestos de trabajo de los más diversos ministerios, organismos y entidades públicas. En esa línea, muchos de los argumentos públicamente esgrimidos para fundamentar tal decisión retoman valoraciones que tienden a descalificar el trabajo público, aunque sin detallar con precisión datos específicos que den cuenta de la realidad del sector. 

Al respecto, ¿cuántos son los trabajadores públicos? El empleo del sector abarca más de 3 millones de personas en el país, lo que representa un 18% del total de la población ocupada. A su vez, la distribución por nivel de gobierno mostró que dos tercios del total de trabajadores se desempeñan en los gobiernos provinciales (66%), un 21% lo hace en el nivel nacional y el 13% restante en los municipios, el predominio provincial se explica fundamentalmente porque dichos Estados tienen a su cargo el sistema educativo, la seguridad y la salud pública en sus jurisdicciones 

Lo anterior fue relevado por una investigación del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) de la Universidad Nacional de San Martín en 2023 que detalló también dónde están ocupados. Por rama de actividad la mayor presencia se da en Administración y Defensa (47%), seguida por Enseñanza (27%), Salud (13%) y el 13% restante se distribuye entre Servicios comunitarios, sociales y personales y en la rama de Transporte y Comunicaciones. 

¿Se trata de personal sin formación? en el sector público el 50,6% de los empleados completó sus estudios terciarios y/o universitarios, mientras que en el sector privado el porcentaje se ubica en 17,6%. A su vez, existen diferencias entre las distintas actividades ya que “las ramas de Educación y Salud tienen mayores credenciales educativas, y el 77% cuenta con nivel terciario o universitario completo”. Por su parte, en la Administración pública “el 38% alcanza ese nivel, un valor inferior a la de las otras actividades del sector pero que duplica a la media del ámbito privado”, señaló el mismo informe.

En cuanto a las brechas de género, vale mencionar la evidente feminización de los trabajos, ya que el 55% de los puestos son ocupados por mujeres, proporción que se reduce al 40% en el sector privado. Esta diferencia también se observa según las distintas actividades ya que la mayor tasa de feminización se da en las ramas Educación (77%) y Salud (71%) mientras que "el 59% de las mujeres insertas en el sector público realiza tareas de calificación técnica o profesional (43% y 16%, respectivamente), en el sector privado, el 26% de las mujeres ocupa puestos con ese nivel de calificación” esto debido a que se insertan con frecuencia en “puestos operativos o sin calificación”, explicaron los especialistas. En este punto no es menor señalar que a las desigualdades estructurales que existen en el mundo laboral y que se plasman en mayores dificultades de acceso y permanencia para las trabajadoras, se suma ahora el proceso masivo de despidos que podría agravar aún más la precarización existente.  

Otro aspecto tiene que ver con ¿qué rol cumplen este sector? El documento planteó que se trata de tareas clave para asegurar el cumplimiento de las propias acciones de gobierno, es decir, volver efectivas las políticas públicas que se implementen facilitando el vínculo con la población en general. Al respecto, se sostiene también que la especialización en muchas de las tareas lleva años de formación y experiencia en áreas como niñez, obra pública, transporte, ancianidad, salud, para estar en condiciones desde el Estado de atender necesidades concretas tanto cotidianas como excepcionales, valen de ejemplo la pandemia sanitaria por Covid-19 y en el actual brote de dengue.  

¿Cuánto gasto demanda? La información disponible muestra que la participación en el gasto corriente de los salarios públicos (11%) se ubica muy por detrás de lo destinado a jubilaciones y prestaciones sociales (40%), así como de los subsidios económicos (14%). Con datos a febrero de 2024, se observó que “con una incidencia menor en la estructura de gastos, las remuneraciones a los empleados de la Administración Pública Nacional continúan mostrando una retracción respecto a la inflación (-6,4% interanual) aunque menor que la de enero (-17,2% interanual)”, según detalló el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP). 

Por su lado, un informe de la consultora PxQ indicó que, si bien “algunos argumentos fiscales fueron electoralmente muy efectivos, son poco relevantes desde el punto de vista económico” y sobre los gastos de personal del sector público nacional, explicaron que representan solo “el 1,4% del PIB, con seguridad, defensa y poder judicial como los principales”. En consonancia, datos relvados por ATE Capital dieron cuenta de que “el impacto del salario estatal en el presupuesto es muy bajo”. Según el gremio, en los últimos 4 años se ubicó en torno a un 2% del PBI y entre un 8% y un 10% de todo el presupuesto de la Administración Pública Nacional. 

Es preciso señalar en este punto que el informe de UNSAM evidenció además que en las modalidades de contratación persisten “déficits” al observar “segmentos de trabajadores que se encuentran contratados bajo modalidades inestables”, tal es así que “el 11% están empleados a través de contratos por tiempo determinado, proporción que desciende al 4% en el sector privado". A su vez, el 38% de con contratos por tiempo determinado “acumula tres o más renovaciones contractuales, lo cual hace presumir que sus tareas no son ‘transitorias o estacionales’ como define la Ley de Regulación de Empleo Público Nacional (25.164) que deben ser las del personal no comprendido en el régimen de estabilidad”.

La agenda pendiente

Los datos económicos que permiten dar cuenta de las realidades concretas de un sector sobre el que generalmente se habla mucho pero se conoce poco, dejan ver también los principales problemas estructurales que se mantienen en el sector y que el informe “Mito y realidad sobre el empleo público” publicado por Ana Castellani, ex secretaria de Gestión y Empleo Público nacional, sintetizó en “disparidad de carrera administrativa en los distintos niveles, desiguales niveles de transparencia, ausencia de programas de capacitación, disparidades salariales, ausencia de convenios colectivos, múltiples marcos legales, y brechas de género en cargos directivos”

A su vez, en la coyuntura actual, desde ATE mencionaron entre las demandas centrales y conjuntamente con el cese de los despidos mencionados, aquellas que tienen que ver con “aumentos salariales por arriba de la inflación, pases a planta permanente y estabilidad laboral, apertura de todos los Convenios Colectivos de Trabajo sectoriales especialmente los más postergados, incorporación de una suma fija al salario en concepto de Orientación que garantice el reconocimiento de la función y un salario digno, y garantizar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público”. 

Para cerrar, en este marco cree también la alarma por el incremento del desempleo y la informalidad laboral con una profundización de las condiciones precarias ya existentes en mercado de trabajo y que recrudecen el empobrecimiento de las familias argentinas.