Emergencia habitacional: el presupuesto para políticas destinadas a personas en situación de calle se redujo un 44% en CABA

En la Ciudad de Buenos Aires se estima, según datos oficiales y privados, que más de 8.000 personas viven en situación de calle. Se trata de un número que crece año tras año (en 2023 un 34,4% de personas manifestó que hacía menos de un año que se encontraba en tal situación) y pone sobre la mesa una problemática acuciante para gran parte de la población que no tiene hoy un techo donde vivir. Sin embargo, de acuerdo con un informe de organizaciones especializadas en la temática, el presupuesto presentado por la gestión local en materia de políticas de emergencia habitacional se redujo en un 44%, en valores reales (considerando inflación) para este año.

El informe al que accedió este medio se dio a conocer luego del llamado “Operativo Especial Orden y Limpieza” que el gobierno porteño llevó a cabo días atrás para “limpiar el espacio público” y que incluyó -según las propias imágenes oficiales difundidas- el desalojo de personas en situación de calle en distintos puntos de la ciudad. Al respecto, organizaciones de la sociedad civil advirtieron que creció la cantidad de población que, en poco tiempo, pasó a vivir en la calle, vinculado a situaciones de desalojo que se dan por las subas exorbitantes de alquileres -a partir del DNU 70/2023 que derogó la ley que los regulaba- y la imposibilidad de muchas familias de hacer frente a esos gastos o por tener que elegir entre comer o pagar una pieza para vivir. 

"Los cajeros automáticos se han transformado en monoambientes", había dicho en plena campaña electoral el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, sin embargo diferentes espacios como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaron que “frente al frío o la violencia, son el último refugio de quienes no tienen acceso a una vivienda". Si la situación ya se había agravado con la pandemia, en el presente la recesión económica que afecta actividades que generan fuentes de empleo y el ajuste de partidas sociales de contención, profundizaron aún más la situación. 

A respecto el informe analizó que históricamente “el gobierno de la Ciudad ha respondido a la emergencia habitacional con políticas de atención transitoria” es decir “sin soluciones a largo plazo” y a esto se suma en la actualidad el desfinanciamiento de las partidas orientadas a sostener el alojamiento en paradores o destinadas a subsidios para alquiler. “Repudiamos el enfoque adoptado y alertamos que esta política, lejos de ser integral y superadora, criminaliza a la población en situación de calle”, indicaron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH), Barrios de Pie, Hambre No, Casa Esquina, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Proyecto 7, entre otras. En relación, destacaron que “no existen políticas habitacionales, socio-productivas, laborales, ni de revinculación familiar” y reclamaron “el aumento del presupuesto de los programas destinados a esta población, incluyendo aquellas políticas destinadas a una solución habitacional a largo plazo y el cese del hostigamiento policial”.

Emergencia habitacional y de presupuesto

De acuerdo con datos del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle (ReNaCalle) realizado por diversas organizaciones sociales a fines del 2023, en la ciudad hay más de ocho mil personas que viven en la calle. De ese total, el 64% estaba directamente en la calle al momento del relevamiento, mientras que el 36% en algún dispositivo. Entre las personas en calle, el 17% se encontraba en un parque y los demás en terminales, bajos autopistas o cajeros automáticos, entre otros. La cantidad de niños y niñas en dicha situación superaba los 900 casos relevados. En relación, la cifra total de personas se ubicó muy por arriba de los datos oficiales plasmados en el censo que realiza el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que el año pasado registró un total de 3.511 personas en situación de calle (igualmente representó un alza del 34% respecto del 2022) de las que 2.268 dormían en algún parador, al tiempo que 1.243 no tenían ningún tipo de ayuda estatal. Según dicha fuente, el 73,4% de la población se localizaba en las Comunas 1, 3, 4, 13 y 14.

En tal coyuntura, días atrás, se difundieron imágenes del llamado “Operativo Especial Orden y Limpieza” en el que el propio jefe de Gobierno local daba cuenta del desalojo de personas en situación de calle en diferentes zonas de la ciudad, reflejando el “antes” y “después” de la “limpieza del espacio público”. Sobre ello, Macri valoró que “la calle no es un lugar para vivir, y la Ciudad tiene un sistema de atención que incluye paradores para las personas en situación de calle”. Sin embargo un informe que indagó en la situación actual en CABA alertó por el crecimiento del número de familias en tal situación a la vez que puso el ojo en las respuestas del gobierno porteño que, según se resaltó, son “de corto plazo” y muestran recorte en el presupuesto.

El documento “Vivir sin techo y sin hogar” indicó en ese sentido que “se responde a la emergencia habitacional con políticas de atención transitoria, a través de la provisión de alojamientos en Centros de Inclusión Social (paradores) o con la gestión de subsidios monetarios para la gestión de un alquiler. En ningún caso los programas vigentes prevén soluciones habitacionales definitivas o de largo plazo, y aquellos que alguna vez existieron (como Ley 341 y la Ley 624) hace años se encuentran discontinuados o desfinanciados”. Asimismo las organizaciones que presentaron el documento con más de veinte firmas, evaluaron que “actualmente los subsidios habitacionales tampoco alcanzan a cubrir los gastos del alojamiento”. De acuerdo a datos de la Clínica Jurídica del CELS, esta ayuda monetaria sólo cubre un tercio del costo de alquiler de habitaciones en hoteles-pensión y “en la medida en que no se actualicen las partidas presupuestarias asignadas a estos programas, incluso estas respuestas de emergencia se verán fuertemente desfinanciadas”. Con las proyecciones actuales, el conjunto de las políticas de emergencia se vería reducido en un 44% en términos reales, de acuerdo a las cifras del presupuesto presentado.

En un escenario ya crítico, “las nuevas medidas del gobierno desplazan las formas de intervención hacia una mirada criminalizadora y estigmatizante del problema habitacional. Enmarcar conceptualmente las acciones de gobierno como operativos de ‘orden y limpieza’ califica directamente a quienes habitan la calle como objetos de intervención en materia de higiene urbana o control policial, en lugar de concebir a estas personas como sujetos de derechos cuyas vulneraciones el Estado tiene la obligación de reparar”, agregaron. En la misma línea, el informe planteó que “las acciones que se anuncian como avances innovadores habilitan intervenciones por fuera de los alcances de los encuadres normativos y las garantías de derecho. Por ejemplo, el Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático flexibiliza el traslado compulsivo de las personas en situación de calle a hospitales para su evaluación, sin criterios claros de riesgo de vida sobre sí mismo o sobre otras personas”.

Condiciones precarias de vida

Una serie de relevamientos en torno a la situación de inquilinos que viven en hoteles pensión y conventillos de CABA mostró que “los hogares se caracterizan por poseer bajos ingresos y se encuentran subempleados (un 35,8% trabaja pero querría o necesitaría hacerlo por más horas)”. Asimismo, el 53% de los hogares destinaba hace un año más de la mitad de sus ingresos para pagar su vivienda, un guarismo superior al nivel promedio que se ubicó en torno al 40%. En relación, crece el endeudamiento, ya que el 25% registró algún tipo de deuda sobre el pago del alquiler y de aquellos hogares pidieron dinero prestado, el 56,8% lo utilizó para poder pagar el alquiler.

La encuesta realizada por ACIJ y otros espacios sociales, destacó también “la Importancia e insuficiencia de los subsidios habitacionales”. En lo concreto, el 22,7% manifestó que percibía el subsidio habitacional, siendo una práctica menos utilizada en los conventillos (13,3%) que en los hoteles (26,2%). La mitad de estos casos realizó un amparo judicial para obtenerlo, tanto por la negación en una primera instancia como para lograr un monto adecuado al valor de lo que pagaba. De hecho, el 72% admitió que el monto es insuficiente para el pago del alquiler de la pieza. 

Sobre las barreras en el acceso al mercado formal de alquileres, el 58,2% de los hogares encuestados dio cuenta de dificultades debido a la falta de un recibo de sueldo y un 56,4% por no contar con otros requisitos como mes de adelanto y garantía. A su vez, menos del 25% de los hogares encuestados afirmó tener contrato por escrito, el 62,7% declaró no tener un plazo acordado para el tiempo de permanencia en la pieza que alquila y casi un 30% identificó estar en riesgo de desalojo. El 66,6% de quienes ya habían sido desalojadas, respondieron que no recibieron ninguna asistencia estatal ante esa situación. 

Desde las organizaciones destacaron que se trata de una problemática que se sostiene en el tiempo y que encuentra a alrededor de la mitad de los hogares con problemas vinculados a la infraestructura. Específicamente, se identificaron problemas en el acceso a servicios, agua y tendido eléctrico (55,5%), insuficiencia de luz natural o ventilación (45,5%), presencia de plagas y problemas de higiene (50%) y problemas de accesibilidad (54,5%). Se destacó la falta de espacios de juego y estudio para infancias y adolescencias en un 65,5%.

Sobre las facilidades para encontrar un techo donde vivir, las personas encuestadas refirieron que el 62,8% tuvo que mudarse en los últimos 5 años, y quienes viven en hoteles-pensión poseen mayor rotación (el 47,5% admite haberse mudado entre una y dos veces y un 21,3% tres veces o más durante los últimos 5 años) en comparación con los hogares en conventillos. Finalmente sobre las expectativas a futuro el 79% de las familias consideró que continuará viviendo en el mismo hotel-pensión o conventillo y el 8,6% quisiera renovar pero no le será posible. A la vez que el 25,6% de quienes viven en hoteles y el 30,8% en conventillos, manifestó temor por quedar en situación de calle.