La Legislatura mendocina sancionó una ley que contempla beneficios para los productores que se encuentran en situación de emergencia o en zonas de desastre agropecuario, en la que se los exime del pago del impuesto inmobiliario, otorga descuentos en los cánones de riego y electricidad y suspende los juicios en curso, informó hoy el Ministerio de Economía y Energía.
Esto se produce tras la publicación del Decreto 184 del Ministerio de Economía y Energía, con la lista de los distritos que se encuentran en estado de Emergencia Agropecuaria y los de Desastre Agropecuario.
El decreto comprende a 68 distritos, de 13 departamentos de la provincia, que fueron afectados por tormentas de granizo ocurridas en durante el período agrícola 2022/2023.
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La Ley Provincial 9083 declara en Estado de Emergencia a las propiedades que hayan sufrido un daño de 50% y hasta 79%, y estado de Desastre a las propiedades con pérdidas mayores al 80%.
La norma determina que los productores en emergencia agropecuaria estarán eximidos del pago del impuesto inmobiliario; así como de los cánones de riego (superficial y subterráneo) por un valor igual al 50% de la factura correspondiente; y contarán con una prórroga de hasta 90 días hábiles para los vencimientos de cuotas correspondientes a créditos otorgados por organismos financieros oficiales o mixtos.
Además, las instituciones financieras oficiales o mixtas provinciales deberán establecer líneas de créditos con tasas de interés bonificadas, un año de gracia y plazo de pago que no podrá ser inferior a los tres años.
A lo que se suma que las empresas y cooperativas distribuidoras de energía eléctrica deberán establecer una bonificación del 25% en las facturas de la energía eléctrica utilizada para riego agrícola, entre otras cuestiones.
Por su parte, los productores comprendidos en las zonas de desastre agropecuario, además de gozar de los mismos beneficios del caso anterior, contarán con una bonificación en la tarifa de la energía eléctrica será del 50%, y la suspensión de hasta 180 días hábiles de juicios y procedimientos por cobros de acreencias referidas únicamente a los impuestos y servicios contemplados en la ley.
Con información de Télam
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