Con las elecciones generales de octubre, se van despejando los planteos de la ortodoxia liberal que hace del ajuste fiscal extremo su mantra para la estabilización a partir de 2024. En cambio, el ministro y candidato Sergio Massa habla de la posibilidad de acomodar las cuentas públicas sin caer en las recetas del Fondo. En una línea similar, desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) elaboraron un documento para pensar, de manera propositiva, cómo se podría alcanzar la estabilidad de precios, con un proceso que lleve a tener una moneda fuerte como fue el programa del Plan del Real en sus comienzos, en un escenario que también permita profundizar la inversión del Estado nacional en áreas claves que generen empleo.
“Tomando la experiencia del Plan Real de Brasil en los noventa y buscando evitar la aceleración inflacionaria durante la transición, sugerimos tomar una doble ancla inicial durante el proceso de fijación de precios relativos en moneda indexada”, puede leerse en un reciente documento elaborado por el CESO, con la firma de Andrés Asiain. La palabra clave sería moneda indexada.
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La segunda ancla sería el salarial: “Al igual que la experiencia de Brasil, tomando los salarios reales promedio de los meses que hayan transcurrido desde la última actualización paritaria firmada por cada sector como referencia inicial de salarios en moneda indexada. Pero, adicionalmente, se sugiere un congelamiento inicial de precios convirtiendo los mismos a valores indexados”.
El congelamiento debería realizarse por un período de tres meses (o seis, de ser necesario), tiempo suficiente para negociar precios, salarios y otros contratos a valores indexados por los propios actores económicos acompañados por el Estado.
“En el momento del congelamiento, el Estado se encarga de fijar en moneda indexada sus precios claves, como las tarifas de servicios públicos, el dólar, la tasa de interés, los impuestos y subsidios”, indicaron desde el CESO.
La clave de todo este proceso pasaría por dos lados. Una vez estabilizados los precios relativos nominados en moneda indexada, “habría que sustituir la moneda corriente por la indexada que pasa a ser la moneda única de circulación legal”. Y el segundo aspecto central, es que a diferencia de lo que plantean los liberales de La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, se debería profundizar la inversión pública.
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Base teórica
La base teórica que analizaron en el CESO para plantear una moneda indexada como el plan del real corresponde a los economistas Persio Arida y André Lara-Resende. También se analizó un programa de estabilización húngaro, aplicado durante la hiperinflación de 1946.
“La clave para que los instrumentos financieros indexados no generen el rechazo de la moneda nacional, es que son generados contra demanda. Es decir, la moneda indexada no debe imprimirse para financiar déficits públicos ni líneas de redescuentos bancarias generando una competencia devastadora contra la aceptación de la moneda nacional”, explicó Asiain.
Los programas de estabilización estudiados llevaban implícitos “importantes ajustes fiscales que reequilibraron el presupuesto público”. Sin embargo, destacaron desde el CESO, el Plan Real de Brasil tuvo fuertes déficits públicos a poco de implementarse.
Lo central de la propuesta del CESO es que se propone un programa de estabilización como lo fue el Plan del Real, sin ajuste presupuestario.
El rol del Estado
“La política fiscal y monetaria sugerida se basa en una mejora de las cuentas públicas sin contracción de los gastos. Para ello, la clave es el fondeo de fideicomisos a partir de dos grandes fuentes de liquidez. Por un lado, los pasivos del Central en manos de los bancos. Por el otro, los activos del FGS-ANSES”, sostienen desde el CESO.
Según consta en el informe, con la utilización de tan solo el 10% de ambas fuentes de financiamiento se podría reducir en 2 puntos del producto el déficit primario que. Si a este se le suma que en 2024 habrá una recuperación de las exportaciones agropecuarias, por ende una mayor recaudación por la vía de los derechos de exportación, se llegaría a un déficit fiscal casi equilibrado (-0,6% del PBI aproximadamente.).
“Todo esto sin la necesidad de ajustar aún más los gastos”, concluye el CESO.
En este escenario, una expansión económica y que genere empleo podría darse a partir de la inversión de recursos en servicios educativos (118.000 puestos directos); inversión en vivienda y hábitat, con erogaciones por un valor equivalente al 0,7% del PBI o un 2,92% del gasto público. De esta manera, podrían construirse más de 96 mil casas a nivel nacional
“La política debe ser complementada con regulaciones que faciliten la adquisición de terrenos, evitando que el impulso público a la construcción sea apropiado por los propietarios vía la valorización de sus terrenos, como en experiencias pasadas, sin que ello haya afectado la estabilidad de los precios”, añadió el CESO.
“Se podrían crear 500.000 puestos de trabajo, mediante un impulso productivo en sectores con elevado multiplicador del empleo y bajos requerimientos de importaciones”, concluyó el trabajo firmado por Asiain.
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