Uno de los objetivos centrales detrás del programa político económico presentado por Javier Milei (La Libertad Avanza) sería el desfinanciamiento de todas las provincias del país. Una reversión recargada del sálvese quien pueda aplicado durante la gestión macrista. El libertario no solo propone un drástico recorte del gasto público con la excusa de bajar el 90% de los impuestos que se cobran en el país. También pretende ponerle un punto final a la coparticipación federal de impuestos, un esquema de transferencias directas clave para el sostenimiento de las diferentes localidades del país, y que además cuenta con rango constitucional. De llegar a concretar esta medida, en caso de ganar las elecciones 2023, sería el tiro de gracia para la mayoría de las jurisdicciones de la Argentina y sus habitantes.
“Hay que avanzar en la eliminación del sistema de coparticipación federal de impuestos; se llama correspondencia fiscal: vos gastás en función de lo que recaudás”, explicó Milei ante cada micrófono que le acercaron previo a las PASO. Lo que no dijo es que también pretende eliminar Ingresos Brutos, la fuente genuina de recursos para las provincias. Un programa que solo cierra en la cabeza del libertario.
¿Los gobernadores y gobernadoras no deberían ser los primeros en pronunciarse en contra de este programa de exclusión?
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¿Qué es la coparticipación?
La Coparticipación Federal es el sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido por los tributos establecidos por el Estado, a partir de una delegación efectuada por las provincias a la Nación. En la reforma constitucional de 1994, Pacto de Olivos mediante entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, se encomendó al Congreso a sancionar una nueva ley para actualizar los porcentajes correspondientes a cada provincia, en función de su densidad demográfica.
Dicha reforma nunca pudo concretarse. Según lo establecido en la propia Carta Magna, para avanzar con otra Ley de Coparticipación Federal se necesitaría el consenso de todas las provincias. Es decir, el voto positivo de todos los diputados y senadores.
El desfinanciamiento de las provincias forma parte del libreto liberal. Macri quiso avanzar con una propuesta similar a la de Milei sin motosierra. En 2016, la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, se benefició con un alza del 593% en sus recursos coparticipables (2015-2018) a partir de un DNU. Para el resto de las jurisdicciones, la suba de las transferencias había sido tan solo de un 40%. El macrismo concentró recursos en CABA y PBA.
Distribución de recursos
La masa coparticipable bruta se conforma del 100% del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628), el 89% del IVA (leyes 23.966 y 27.432), el 100% de los Impuestos Internos Coparticipables (ley 26.674), además de otros tributos menores.
¿Los gobernadores y gobernadores no deberían expedirse públicamente ante la posibilidad del desfinanciamiento masivo de sus jurisdicciones?
Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias (coparticipación más otros impuestos) representan una buena parte de los ingresos locales. En promedio, alcanzarían al 70,3% del total del presupuesto de cada jurisdicción. Sin coparticipación ni Ingresos Brutos, el plan de Milei empujaría a las provincias a constituirse en sociedades anónimas.
¿Cuál es la situación en cada una de las administraciones? ¿Cuál sería el horizonte de cada jurisdicción en caso de que gane Milei? Del total de recursos tributarios que maneja Formosa, el 77% corresponde a envíos de Nación, y solo el 15% son recursos propios, vía Ingresos Brutos. Una situación similar se da en La Rioja, con el 78% de sus recursos provenientes de las transferencias nacionales, o en el caso de Jujuy, con el 70% de sus ingresos vía RON.
La lista, según el análisis realizado por el CEPA, sigue de la siguiente manera: Catamarca (78,5% de sus recursos son de origen nacional); Chaco (69%); San Juan (70%); San Luis (66,4%); Salta (58,2%); Río Negro (59,7%); Entre Ríos (60%); Tierra del Fuego (62,8%); Tucumán (57,6%); Santa Cruz (58,8%); Santa Fe (53,1%); Mendoza (49,8%); Misiones (47,2%); Chubut (47,8%); Córdoba (48,6%); Buenos Aires (33,3%), Neuquén (35,6%), y CABA (8,7%).
El fin de la coparticipación aparece en el programa económico político del libertario como una de las reformas de tercer orden. Cuando se le consultó sobre esta iniciativa, respondió: “Bueno, que hagan el ajuste. Es un problema de índole federal. Que se hagan cargo las provincias”.
En otra entrevista, definió: ‘’Hay que buscar la forma de correr el Estado del medio, lo que provoca que estas provincias no se desarrollen’’. Nada más lejos de lo que sucede en cada uno de los territorios, donde los Estados –nacional, provincial y municipal- son claves para la cohesión social y constituyen un dique contra la privatización de cualquier espacio público y recursos naturales, más allá de las inequidades ya existentes.
Darwinismo
La eliminación de la coparticipación federal choca con el texto constitución reformado en 1994. Dejar sin recursos de origen nacional a las provincias equivale a que no se paguen los salarios de los docentes, enfermeros, policías, médicos, administrativos, bomberos, etc. Tampoco el empleado que recolecta la basura, en caso de que el servicio sea municipal, o arregla las deficiencias en los postes de luz, etc.
Si este fuese el futuro de la Argentina, el plan de miseria planificada como el que implementó Macri quedaría corto. La propuesta libertaria se asemeja a la ejecución directa de un programa darwinista. Y con un final cantado: nadie se salvará solo.
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