Una de las propuestas del candidato a presidente Javier Milei es terminar con la obra pública, lo cual pone en peligro miles de puestos de trabajo y el desarrollo de los barrios del país. Su idea de ejecutar un plan "a la chilena" ya fracasó durante la gestión de Mauricio Macri, quien apoya al libertario de cara al balotaje elecciones 2023. Por qué el sector privado no puede igualar al Estado en la función social de generar infraestructura.
Esta semana, la diputada nacional electa de La Libertad Avanza y eventual canciller de Milei si gana, Diana Mondino, aseguró que el Estado no debe encargarse de ejecutar obra pública. Para ejemplificar su pensamiento, afirmó que las personas tendrían que "construir las cloacas" por su cuenta, como sucedió "siempre".
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En diálogo con Urbana Play, afirmó: "Hoy pagás un montón de cosas que no recibís. El Gobierno decide hacer una obra como una cloaca y desde Tierra del Fuego a Jujuy pagan algo que será en otro lugar". Y siguió: "La gente de ahí, a lo sumo paga un camión atmosférico. En vez de pagar impuestos para la obra pública, se debe juntar la gente del barrio para decidir que se haga una obra. Así se hizo siempre".
Las declaraciones retomaron el plan de Milei para cercenar la obra que lleva adelante el Estado, una medida que lleva meditando hace tiempo. En una entrevista televisiva de 2018 con la señal de noticias A24, había sostenido: "Si la obra pública fuera cero, ¿Cuánto pude haber de coimas? ¡Cero! La obra pública existe porque existe Estado. El principal problema es la existencia del Estado".
El fracaso de las PPP
El modelo de Milei replica el modelo chileno, el cual inspiró la política macrista entre fines de 2015 y 2019 bajo los contratos de participación pública privada (PPP). En 2020, luego de la implementación fallida de las PPP, el Gobierno tomó la decisión de rescindir los seis contratos con las empresas que se encontraban a cargo de las concesiones de seis corredores viales. Luego de un análisis exhaustivo, el Ministerio de Obras Públicas concluyó que el esquema PPP era insostenible económica y financieramente. La incapacidad de las compañías concesionarias de cumplir con las obligaciones establecidas en los contratos aceleró la decisión en aquel momento.
La modalidad fue creada en julio de 2018 a partir de la concesión de seis corredores viales. Bajo este tipo de contrato, el financiamiento, la realización de las obras, la concesión del mantenimiento y la explotación comercial quedaban a cargo del sector privado. Los contratos se realizaron en dólares, tanto en lo referido al costo del financiamiento como a la ejecución física de las obras.
En este marco, su avance fue prácticamente nulo. En 2020, más de dos años después del comienzo de este esquema, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llegaba en promedio solo al 2%. Aún con la expansión de puestos de trabajo promovida luego de la pandemia, el sector de la construcción recién superó el desguace de empleo que propició Macri y que podría imitar Milei.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había citado la auditoría de la SIGEN que "desnudó la verdad y toda la puesta en escena que armaron con publicidad y la complicidad de medios amigos", señaló. Actualmente, son más de 6.500 las obras públicas activas en el país, 3.665 terminadas y con récord histórico de empleo en el sector de la construcción, con casi 500.000 trabajadores registrados.
A partir de la readecuación de los contratos encarada por esta gestión, se generaron 148 proyectos, de los cuales 55 conforman la primera etapa de intervenciones que el Ministerio puso en marcha. De este total, 11 obras están en ejecución, seis se encuentran a iniciar, 17 están en proceso de licitación y las dos restantes son proyectos en circuito, con los que se intervendrán 1.669,5 kilómetros.
En el ojo de los constructores
Fuentes de la actividad de la construcción señalaron que los programas delineados por Milei sólo funcionaron en Canadá y Australia, y que incluso en esos países representan como máximo el 20% de toda la obra pública. Además, las obras plenamente realizadas por inversión privada deberían tener algún tipo de mecanismo de repago por parte de los usuarios, como el peaje para las autopistas. Hay cientos de obras de infraestructura que directamente no ofrecen esa posibilidad.
Solo por citar un ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, impulsa el Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), que contempla la construcción de 500 CDI en las 23 provincias del país. Una mirada estrictamente privada eliminaría infraestructura social, como proyectos de hospitales y escuelas.
La incidencia de la inversión pública en la Inversión total en infraestructura pública, es decir el aporte de los Tesoros, es del 83% del total. Esta cifra despeja los argumentos de Milei de la obra pública sin el Estado.
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