El sistema de jubilaciones de reparto conocido como AFJP fue una estafa para los miles de jubilados y jubiladas del país, pero también para el propio Estado nacional. El sistema de capitalización ideado en la década del '90 se constituyó como un fenomenal negocio financiero que eclosionó con el estallido de la burbuja de las hipotecas basuras en plena crisis de 2008. La propuesta del candidato a presidente por La Libertad Avanza en las elecciones 2023, Javier Milei, de volver a un esquema similar al ideado por Domingo Cavallo ya resultó bastante caro para el conjunto de los adultos mayores. Ni les mejoró sus haberes, ni pudo reducirse el tan mentado déficit fiscal. A esta reforma estructural, el libertario también agregaría la caducidad de la fórmula de movilidad y cualquier intento de moratoria. El modelo del sálvese quien pueda.
La propuesta del líder libertario ya fue probada en la Argentina. Y como muchas de las políticas neoliberales implementadas desde la década del '90 hasta 2002, generaron más daños que beneficios. En su esquema de reformas estructurales de segundo orden, Milei plantea la vuelta a las (ex) AFJP. Lo que ocurrió con miles de jubilados antes de 2008 – año en que el Estado recuperó los recursos de los trabajadores y trabajadoras- podría ser un prisma para adentrarse en lo que podría ser un nuevo desfalco hacia los adultos mayores.
Lo cierto es que la privatización de la seguridad social a manos de las AFJP dejó a miles de jubilados con haberes paupérrimos y, a su vez, generó un gigantesco déficit fiscal ya que el Tesoro tuvo que seguir pagando las jubilaciones mientras perdía la recaudación de aportes y contribuciones. Es decir, tampoco se mejoraron las cuentas públicas. Con la propuesta del libertario, nada garantiza que el esquema jubilatorio sea mejor que el implementado por Cavallo.
Ante la crisis del sistema, el Estado nacional recuperó los fondos de las AFJP en 2008, a través de una ley del Congreso nacional. Por entonces, el 41 por ciento de quienes estaban bajo el régimen de capitalización privado necesitaba alguna transferencia del Estado para llegar a cobrar la mínima jubilatoria. En aquel año, el Estado tuvo que poner 4000 millones de pesos para apuntalar a las AFJP. El Estado terminaba salvándoles las papas a los grandes bancos dueños de las Administradoras de Jubilaciones.
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Es decir, con la propuesta de Milei del sálvese quien pueda, lo más probable es que muchos jubilados y jubilados queden a merced, nuevamente, de la especulación del sistema financiero. Pero eso no es todo. El libertario también va por las moratorias y otros beneficios previsionales.
Derecho para pocos
El candidato de la Libertad Avanza esbozó en su plataforma tanto la salida del actual régimen solidario como así también la caducidad para la fórmula de movilidad y cualquier intento de moratoria.
Con la última moratoria aplicada a mediados de 2022, quedó explicitado que solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria presentaban más de 20 años de aportes. Dentro de este grupo, los que superaban los 25 años de aportes se reducían a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100.
Es decir, sin la última iniciativa que permitió el ingreso de 800.000 personas, solo estaban en condiciones de jubilarse el 35% de las personas en edad de hacerlo, según los cálculos realizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos del Ministerio de Trabajo y la Anses.
La baja cantidad de aportantes en relación a los jubilados efectivos es una de las falencias del actual sistema. Pero en vez de su disolución como propone Milei, un avance más “productivo” (para usar un término que cae bien entre libertarios) sería propender hacia una mayor formalización de las relaciones laborales. Es decir, combatir el trabajo no registrado y atacar dos pájaros de un tiro: terminar con un circuito de evasión y fortalecer, a través de las contribuciones patronales y los descuentos jubilatorios, al sistema solidario instituido desde la ANSES. Todo lo contrario al plan “sálvese quien pueda” de Milei.
Muévelo
Otra idea del libertario sería ponerle fin a la movilidad jubilatoria, a pesar de que este esquema de indexación había sido ordenado por la Corte Suprema de Justicia en varios fallos judiciales. La movilidad resulta ser, en la actualidad, otro de los pilares del sistema público de jubilaciones.
Según el último anuncio del Ministerio de Economía, el tercer aumento anual por la Ley de Movilidad será del 23,29 por ciento para septiembre. Además, para seguir recuperando el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones mínimas, el organismo continuará con su política de refuerzos que será de 27 mil pesos en septiembre, octubre y noviembre, por lo que, ningún jubilado o pensionado cobrará menos de 114.460 pesos. Asimismo, el haber de las y los jubilados de la mínima que se jubilaron con los 30 años de aportes efectivos (1,2 millones de personas) quedará en 123.760 pesos.