Las elecciones 2023 pondrán en juego dos modelos de país también en la dimensión energética: la continuidad del esquema estatista actual o un cambio hasta uno privatizador, con perjuicios en el plano productivo, inflacionario y de acceso a recursos.
La propuesta de volver a privatizar YPF surgió de parte del espectro político de la oposición de derecha, frente a la perspectiva que sostiene la coalición oficialista de mantener el status de sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado que tiene la empresa petrolera desde la nacionalización de 2012.
La primera opción, sin embargo, implicaría una serie de consecuencias negativas. En primer lugar, el modelo privatista no garantiza el desarrollo pleno de los recursos energéticos del país. YPF asumió lo que en la jerga del sector se denomina "riesgo petrolero". Sobre todo, esto se vio en los últimos años en relación a Vaca Muerta.
Básicamente, esto quiere decir que solo YPF tiene la capacidad de invertir en volumen y tiempo suficiente como para poner en marcha la exploración y posterior explotación de posibles yacimientos de gas o petróleo que hay en el país.
Esto mismo ocurrió en Vaca Muerta. En 2013, solo la petrolera estatal operaba allí, gracias a una inversión inicial de 1.500 millones de dólares. Las diez compañías privadas que actualmente operan en la cuenca neuquina recién comenzaron a llegar cinco años después, y no hubieran arriesgado inversiones similares si antes no hubiera quedado demostrado el negocio y se hubiera allanado el camino para hacerlo.
Se trata de un punto clave, ya que hoy se encuentran en ciernes al menos dos proyectos importantes que requieren de un gran capital de riesgo inicial: el yacimiento de Palermo Aike en Santa Cruz y la explotación offshore frente a la costa de Mar del Plata.
El mismo riesgo petrolero se asocia también al desarrollo de la planta de GNL en el sur bonaerense para la exportación del gas de Vaca Muerta. Mientras que el proyecto de YPF, en asociación con Petronas, proyecta una venta al exterior anual de 25 millones de toneladas de metros cúbicos, los proyectos privados como el de Techint contemplan una exportación cinco veces menor.
De hecho, esta evasión del riesgo ya ocurrió durante los 13 años en los que YPF estuvo en manos de Repsol. La producción de petróleo alcanzó su récord histórico en el país en 1998, con 49.000 millones de metros cúbicos. A partir de 1999, cuando la privatización se completó con la venta del último paquete accionario del Estado a la empresa española, la producción comenzó a caer progresivamente hasta alcanzar un mínimo de 31.000 millones de metros cúbicos en 2012, cuando se produjo la renacionalización. Gracias a ello, YPF pasó en 2015 a producir un 20% más de barriles diarios y a triplicar su inversión, que alcanzó un tope de 6.250 millones de dólares ese año.
Los números en juego son grandes. Argentina espera exportar, hacia 2030, unos 35.000 millones de dólares solo mediante el complejo de gas y petróleo. Esta abultada cifra, que igualaría al complejo oleaginoso, requiere inversiones de riesgo y quedaría en duda bajo control privado de la empresa. Pero, en cualquier caso, permite comprender la importancia estratégica de YPF para los capitales privados.
Es decir, hoy la petrolera estatal es dueña de aproximadamente un 45% de los yacimientos explotados en Vaca Muerta (12.000 kilómetros cuadrados de un total de 30.000). Privatizar el 51% de las acciones en manos del Estado sería la vía más rápida y barata para que el mercado se haga con el total de las reservas que la empresa posee, valuadas, según cálculos del CEPA, en 310.000 millones de dólares.
Pero, además, YPF tiene un sentido geográfico capilar que los actores privados no tienen por qué sostener. En este sentido, la presencia de las petroleras privadas es limitada fuera del AMBA y los grandes centros urbanos, ni hablar en los pequeños rincones más alejados del país.
Hay otro plano en el que la petrolera estatal fue clave en estos últimos años: la política de precios del sector energético. Desde que el ministro de Energía de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, liberalizara las tarifas en 2017, YPF fue la que marcó el precio de los combustibles al consumidor, ya que por lo general mantuvo el precio más bajo del mercado. Por lo tanto, en general las petroleras privadas aplicaron sus aumentos solo una vez que YPF había hecho lo propio.
Se trata de uno de los dos aspectos en los que el mantenimiento de la petrolera en manos estatales puede ayudar a combatir la inflación. El otro es precisamente el productivo. Según el Gobierno, con Vaca Muerta a tope en los próximos años, el precio local del gas y la luz debería bajar un 30%, y un 80% a comparación con el precio actual de importación. Esto permitiría acceder a tarifas más baratas no solo a los usuarios residenciales de nivel alto sino, sobre todo, a las industrias electrointensivas, que por lo tanto tendrían así la posibilidad económica de contener grandes alzas en sus costos de producción.
Cerrar sesión