El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UP) en estas elecciones 2023, Sergio Massa, aseguró que envió una propuesta a los bancos implicados para atender la situación de los tomadores de créditos hipotecarios UVA y confirmó que, en caso de ganar la segunda vuelta electoral, pondrá en marcha un millón de créditos hipotecarios nuevos a partir del 1° de enero del 2024 para argentinas y argentinos. "Aumenta el salario, aumenta el crédito", marcó.
En diálogo con TN, el titular de Hacienda dio algunos detalles de las políticas de vivienda que llevará a cabo si llega a la Presidencia el próximo 10 de diciembre. "Vamos a poner en marcha desde el 1° de enero un millón de créditos hipotecarios nuevos", anunció.
Por otro lado, Massa aseguró que dará una respuesta a los más de 320 mil argentinos que obtuvieron créditos UVA durante el gobierno de Mauricio Macri y que cuyas cuotas quedaron atadas a la inflación, terminando disparados. "Ya hice una propuesta que la están estudiando Banco Nación y Banco Provincia para suspender por 180 días el pago de las cuotas y reiniciar esos contratos atados a coeficiente de variación salarial para que todos esos beneficiarios rencuentren o rencausen ese crédito", manifestó.
MÁS INFO
"Es decir: aumenta el salario, aumenta el crédito. La mayoría están en tres bancos públicos: el Ciudad, el Provincia y el Nación. A los últimos dos les propusimos una suspensión de seis meses con una cláusula de paréntesis del Banco Central", completó el candidato presidencial del oficialismo.
Cabe resaltar que, sobre este tipo de créditos, ya existe un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, en julio de este año, que promueve atender su situación en base al planteo de que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores y agrega la suspensión de los desalojos por un plazo de un año. Uno de los principales puntos del proyecto es que modifica el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, definido durante la gestión Macri, que establece a la evolución de la inflación como parámetro de ajuste de las cuotas.
Además, establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medida preventiva o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas con este tipo de crédito. Asimismo, quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. Además, el proyecto prevé la creación de un fondo fiduciario para hacerse cargo de hasta tres cuotas del crédito en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral.
Cabe resaltar que el proyecto pasó por la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde los representantes de la Cámara Alta debatieron y recibieron a deudores de créditos UVA y a directivos de las principales entidades bancarias para realizar una revisión del sistema y el 21 de septiembre pasado obtuvo dictamen para ser tratado en recinto. Todavía no hay fecha para su tratamiento.
MÁS INFO
A instancias del oficialismo, la iniciativa tiene algunos cambios: se dejan sin efecto las cláusulas de ajuste Unidad de Valor Adquisitivo y Unidades de Vivienda (UVA-UVI) para todos los préstamos que tengan por destino adquisición de vivienda única y se las sustituye por un mecanismo de indexación por el Índice de Salario (IS) que publica el INDEC; se ordena la realización de nuevos mutuos, proponiendo una novación (la transformación de una obligación en otra) en la que el capital debe retrotraerse al 31 de agosto de 2019 sobre el cual hay que restarle las porciones de capital que están contenidas en las cuotas que se hayan abonado entre esa fecha y la fecha del mutuo nuevo con fecha del 1° de septiembre del 2023.
A ello se suma que el establecimiento del Banco Central como autoridad de aplicación y se insta a que se ponga en práctica un programa de difusión en materia financiera para los clientes actuales y futuros, poniendo énfasis en los riesgos que se toman; que en caso de que la relación cuota-ingreso no calce en el 30% de los ingresos del tomador del crédito, las entidades bancarias deben establecer métodos respetando la Ley de Defensa del Consumidor y prevén la creación de un fondo fiduciario para hacerse cargo de hasta tres cuotas del crédito si el deudor se encuentra desempleado.
Cerrar sesión