Las complicaciones que hacen virtualmente imposible avanzar con la dolarización desde el punto de vista económico son numerosas. Pero esta iniciativa impulsada por Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza en las elecciones 2023, también luce inaplicable desde lo político y jurídico: aun si el libertario accediera al poder, la conformación del Congreso a partir de diciembre anticipa la presencia de una amplia coalición de fuerzas que podría bloquear cualquier proyecto que el Poder Ejecutivo impulsase para cambiar el peso por el dólar norteamericano.
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Los referentes económicos de LLA insisten en que este punto del programa económico no será modificado incluso después de la alianza con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y parte del PRO. "La eliminación del Banco Central y dolarización no se negocian", afirmó el propio Milei la semana pasada, mientras en su fuerza ratifican que Emilio Ocampo será el presidente del Banco Central si el partido gana las elecciones e instan al gurú del progama dolarizador a subir el perfil en las redes sociales.
Pese a que en LLA aseguran tener al menos cinco vías económicas posibles para llevar a cabo la dolarización que proponen, pasan igualmente por alto la falta de viabilidad jurídica del plan. El problema, en pocas palabras, es que la dolarización debe sí o sí ser aprobada en el Parlamento.
Dolarización: ¿Constitucional o inconstitucional?
Los juristas se dividen en dos posturas principales sobre la dolarización de Argentina. Algunos consideran que esta iniciativa es directamente inconstitucional. Entre ellos, el propio Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. "La Constitución dice que hay que tener una moneda que se emita en Argentina", por lo que "si la dolarización implica eliminar el peso, entonces es inconstitucional", afirmó Rosatti en septiembre pasado en un reportaje con el diario El País de España.
Aunque no lo dijo explícitamente, la referencia del titular del tribunal supremo es al artículo 75 de la Constitución, que habla de las atribuciones del Congreso. En su inciso 6, este artículo establece que el Parlamento debe reglamentar "un banco federal con facultad de emitir moneda" (es decir, un Banco Central), mientras que en su inciso 11 determina que debe "fijar el valor de la moneda" y en su inciso 19 añade que debe "defender el valor" de esa moneda emitida.
La misma postura sostienen abogados constitucionalistas cercanos al mundo "nac & pop" como Andrés Gil Domínguez, quien considera que "dolarizar la economía implicaría transferir las facultades otorgadas por el artículo 75 de la Constitución Nacional a la Reserva Federal de los Estados Unidos", lo que volvería inconstitucional a la iniciativa.
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La dolarización es diferente de la convertibilidad. En una convertibilidad, como la que hubo en Argentina entre 1991 y 2001, se establece un tipo de cambio fijo pero se mantiene la existencia de una moneda nacional, con la obligación del país de tener suficientes reservas para mantener la paridad establecida. Pero, en la dolarización, en cambio, la moneda nacional deja de existir, lo que lleva a un virtual choque con lo dictado en el artículo 75 de la Constitución.
Pero, a pesar de ello, otros juristas entienden que la dolarización sí es constitucional, entre ellos Félix Lonigro, de postura históricamente cercana al antiperonismo. "Yo interpreto que las potestades del Congreso son potestades, no obligaciones", explicó Lonigro en diálogo con El Destape.
El Congreso, ineludible para dolarizar
Lonigro agregó que, aun así, la dolarización sí debería hacerse por ley, por ser precisamente una atribución del Congreso nacional. En ese caso, aclaró que podría aprobarse por una mayoría de "quórum normal", y no por una mayoría absoluta ni especial. También señaló que tanto el Senado como Diputados podría ser la cámara de origen.
Existe otra posibilidad, explicó también Lonigro, que es la de que la dolarización sea implementada por DNU (de hecho, el actual peso nacional fue sancionado por decreto en 1992). Sin embargo, este eventual DNU debería ser ratificado en el Parlamento, subrayó, a través de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. La comisión debería dar dictamen favorable al DNU para que luego sea aprobado en el recinto. Aunque alcanza con que solo una de las dos cámaras lo apruebe para que el decreto tenga plena vigencia, la conformación de las bancadas resulta ineludible.
Probablemente, todos estos pasos ocurrirían de todas manera, ya que la definición de inconstitucionalidad recién la determinaría, en todo caso cuando se judicialice una eventual ley dolarizadora.
Los antecedentes no son auspiciosos. El caso del fallo de la Corte de 2004 que avaló la pesificación de los depósitos muestra que difícilmente el máximo tribunal pueda, con una simple decisión, borrar un eventual hecho consumado como la dolarización. Sobre todo teniendo en cuenta la catástrofe económica que una reversión de la pesificación de depósitos hubiera supuesto en ese momento para el gobierno de Néstor Kirchner,
La coalición anti dolarizadora en el Congreso
Entonces, si el Congreso resulta ineludible en caso de que un eventual gobierno de Milei decida dolarizar, hay que poner la lupa sobre la conformación de la cámaras a partir de diciembre, ya conocida luego de los resultados de las elecciones del 22 de octubre.
En Diputados, el Frente de Todos tendrá un total de 108 bancas (pierde 10), mientras que La Libertad Avanza tendrá un total de 38 escaños (gana 35) y Juntos por el Cambio contará con 94 bancas (pierde 23). En el Senado, en tanto, el FdT tendrá 33 bancas (gana 1), a las que se suman otras tres de aliados provinciales. Por su parte, La Libertad Avanza contará con siete senadores (a partir de cero actuales) y JxC con 26 (pierde 8).
Pero la clave, obviamente, estará en el comportamiento de los congresistas de JxC. Hoy por hoy, es poco menos que obvio que esa bancada se partirá a raíz del acuerdo de Milei con Macri y Bullrich.
Fuentes parlamentarias del PRO en la Cámara Baja estimaron, ante la consulta de El Destape, que es probable que haya unos 35 diputados del frente PRO y aliados que decidan acompañar la alianza con LLA. Al contrario, fuentes parlamentarias del radicalismo, tanto en Diputados como en el Senado, ratificaron a este portal que sus congresistas votarían firmemente en contra de cualquier eventual proyecto de dolarización.
De este modo, es posible especular con las coaliciones parlamentarias que se formarían frente a un intento de dolarizar la economía argentina. En Diputados, las fuerzas del radicalismo (entre la UCR y Evolución) suman 35 escaños. Agregándole los 108 del FdT, se puede anticipar una "coalición antidolarizadora" de unos 143 escaños, es decir, 14 más de los necesarios para bloquear cualquier iniciativa. Al contrario, las fuerzas de LLA más las del PRO serían, hoy por hoy, de no más que unos 73 diputados en total, casi la mitad.
En el Senado, por su parte, el radicalismo tendría unas 13 bancas desde diciembre. Por lo tanto, sumado a los 36 del FdT y aliados, la "coalición antidolarizadora" alcanzaría las 49 bancas, 12 más que las necesarias para bloquear la iniciativa. Hasta ahora, en cambio, no hay senadores de JxC que sigan en funciones tras el 10 de diciembre que hayan manifestado su apoyo a Milei.
Por supuesto que este cuadro no solo depende de que gane o no Milei, sino que también puede variar de aquí a 2025. Incluso, un Milei presidente podría desistir de esta iniciativa a partir del acuerdo con Macri. Pero, en cualquier caso, sirve para dar un panorama actual de la dificultad de aplicar la dolarización pregonada por LLA aun prescindiendo de toda su dimensión económica.
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