En las próxima horas se conocerá una nuevo suba de los haberes jubilatorios, cuyo ajuste surge de una formula entre recaudación e variación salarial y que se aplicará en diciembre. El incremento se ubicaría en 33,5 por ciento y el aumento acumulado se extiende en lo que va del 2023 al 147 por ciento. Seguramente cierre este año por debajo de la inflación, a no ser por el impacto de los refuerzos que aplicó de manera discrecional el Gobierno para que jubilados y pensionados no pierdan contra la inflación.
Este plus que se incorporó con cada nueva actualización fue posible con Estado presente que administra los recursos y un fondo de garantía de sustentabilidad que permite direccionar ese dinero a segmentos producticos que generen empleo, además de realizar inversiones no solo financieras; dos instrumentos que el candidato libertario Javier Milei busca desmantelar y reemplazar por un esquema de renta privado, como fueron las tristemente célebres AFJP. En simultáneo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se utilizaría como capital respaldatorio de la toma de deuda para dolarizar la economía.
De acuerdo con las cifras oficiales, a fines del primer trimestre de 2023, el valor de la Cartera de Inversiones del FGS ascendía a 11,3 billones de pesos, lo cual representó un aumento de 1767 mil millones. Si se valúa en dólares, el alcanzó a fines del trimestre bajo análisis los 54.081 millones de dólares, 0,5 por ciento mayor que a fines del trimestre anterior, y 4,5 por ciento superior a igual trimestre de 2022.
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En medio de la ola privatizadora que impulsa la oposición, el gobierno, siguiendo el decreto vigente --que el candidato libertario-- pretende eliminar viene aplicando la fórmula. Pero como tiene un rezago que complica los ingresos en un contexto inflacionario, es reforzado con algún plus sobre los ingresos.
Para determinar el porcentaje de aumento, se realiza un cálculo que es igual a la sumatoria del 50 por ciento de la recaudación de ANSES y del 50 por ciento de la variación salarial, que va a estar marcada por el valor más alto, ya sea del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores estables) o del IS (Índice General de Salarios). Los ajustes anteriores habían sido del 18,7 por ciento en marzo, 27,33 por ciento para junio y 27 por ciento en septiembre. Con esta suba, el total acumulado es del 147 por ciento en lo que va del 2023.
Si bien el líder de La libertad Avanza (LLA) habla de un recorte de 15 puntos del Producto que recaerá “sobre la política”, la única viable en los términos de este número es recortar jubilaciones y salarios públicos.
Los gastos de funcionamiento, que incluye los sueldos de trabajadores públicos (2 por ciento), donde se registran los sueldos de los trabajadores del sector público, los gastos en programas sociales como el progresar o Argentina Trabaja (46 por ciento) y las transferencias a provincias (58 por ciento), donde también tallan el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil y los bonos a jubilados.
Este mes se habilita a los titulares de AUH a cobrar el 20 por ciento que retiene la ANSES, con un bono extra 17.536 pesos. Incluye a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Los montos anteriores fueron de 15.000, 17.000 y 20.000 pesos durante los meses de junio, julio y agosto de 2023.
Sin Estado y sin haberes
Sin los refuerzos y los beneficios cuantificables que se otorga a jubilados y pensionados y como resultado único de la fórmula, a partir de este mes cobrarían 87.460 pesos. Sin embargo, son los refuerzos (37.000 pesos) y garantía del 82 por ciento del salario mínimo (32.260 pesos) este ingreso alcanza al 156.720 pesos. “Además, si el jubilado o pensionado tuviera como obra social PAMI, se adiciona el refuerzo de 15.000 pesos más, totalizando 171.720 pesos”, detallan desde la ANSES.
No hay dudas de que nuestro sistema de jubilaciones está atravesando una crisis derivada de la baja de aportes del sector trabajador, por menores ingresos relativos y altos niveles de informalidad, con un déficit anual superior al 51 por ciento. La apuesta de continuidad del actual Gobierno, a través de la candidatura del ministro de Economía, de avanzar con beneficios y controles para la formalización de trabajadores, que representan cuatro de cada diez puestos privados.
En los últimos meses, se ha observado una insistencia creciente hacia la creación de sistemas privados complementarios de la jubilación. Estos sistemas, a menudo conocidos como fondos de pensiones privados o planes de jubilación voluntaria, ofrecen a los individuos la oportunidad de ahorrar y gestionar sus propios fondos destinados a la jubilación, complementando los sistemas de seguridad social públicos.
- Salir del régimen actual de movilidad de las jubilaciones por ser insostenible. Se pretende declarar por ley la Emergencia Previsional y morigerar las indexaciones automáticas de haberes.
- Imponer el fin de las moratorias previsionales y el nacimiento de jubilaciones parciales en función de los aportes realizados. Es posible encontrar argumentos a favor y en contra de las moratorias.
- Eliminar el derecho a percibir pensión por fallecimiento y jubilación. Acá es importante considerar que la canasta básica del jubilado supera los 250.000 pesos mensuales, con lo cual, muchas veces una persona que cobra dos beneficios mínimos suma 160.000 y cubre al menos el 64 por ciento de sus necesidades.
- Liquidar los regímenes de excepción (especial y diferencial) que permiten jubilarse antes y con menor cantidad de aportes.
- Eliminar el aporte patronal, con un esquema exclusivo de aportes personales. Casi todos los países del mundo cuentan con aportes patronales y personales.
Milei no hace referencia a la generación de empleo, lo que deja en claro que respuesta no pasará por un control del empleo informal.
Las joyas de la abuela
Las últimas cifras informadas por el ente que conduce Fernanda Raverta dan cuenta que en el primer trimestre, el total de personas jubiladas y/o pensionadas fue de 7.539.270. El 76 por ciento tiene algún beneficio contributivo y el 24 por ciento restante tiene solo beneficios no contributivos.
En el mismo mes, se liquidaron un total de 8.848.866 beneficios previsionales (178.538 más que en marzo 2022), de los cuales 6.989.833 corresponden a beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y 1.859.033 son beneficios no contributivos. Dentro del subsistema no contributivo, en marzo 2023 se liquidaron 1.859.033 beneficios: el 63 por ciento de ellos corresponde a PNC por invalidez, 16 por ciento a madres de siete hijos o más, 16 por ciento a PUAM y el 5 restante corresponde a pensiones para ex combatientes de Malvinas, pensiones por vejez, ex presos políticos, COVID Ley 27.549, pensiones graciables y especiales.
Por su parte, el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado permitió que más de 276.000 madres argentinas estén percibiendo su jubilación gracias a esta importante política. La propuesta del referente del libertario Benegas Lynch, quien pretender empeñas “las joyas de la abuela” encubren una privatización encubierta. Dentro de su esquema de dolarización sin dólares, el economista sostiene que se puede armar un fideicomiso, con activos subyacentes (garantías), como Vaca Muerta, YPF y el fondo de los jubilados, con el objetivo de captar divisas en el exterior.
Sin embargo, el FGS de la ANSES no es solo una mera cartera de inversión sino que directa e indirectamente es un reaseguro de las jubilaciones y pensiones. El último informe del FGS al que accedió este medio releva que existen 8,3 billones de pesos en la cartera de inversiones de la ANSES. En materia financiera se distribuyen en un 60 por ciento de títulos negociables no garantizados, 13 por ciento de bonos Cuasipar y 0,6 por ciento de títulos negociables garantizados.
El 79,6 por ciento de los títulos públicos Nacionales están invertidos en moneda local, siendo la principal inversión los bonos en pesos con capital ajustable por CER (50 por ciento del total de TGN). También están contemplados títulos públicos provinciales y municipales, los préstamos a provincias y títulos de bancos provinciales. En obligaciones negociables totalizaron 102.399 millones a fin de marzo de 2023, 17,4 por ciento mayor que el trimestre anterior. El principal sector donde se encuentran invertidas las Obligaciones Negociables es en Petróleo y Gas con una participación de 63 por ciento.
En acciones, donde está el mayor lobby empresario para quitarse al Estado de encima, el stock asciende a 1,46 billones. Las principales empresas en las que tiene injerencia el Estado son Banco Macro, Gas Natural, Edenor, Telecom Argentina, Pampa Energía, Mirgor, Grupo Financiero Galicia, Molinos Río de La Plata, Transener, Aluar Aluminio, Grupo Clarín, Ledesma, YPF, Central Térmica Güemes, Cablevisión Holding, IRSA Propiedades Comerciales, Molinos Agro y Ternium Argentina entre otras.
La presencia del Estados, por ende la representación de argentinos dentro de estas empresas, permitiría una mayor regulación de las mismas, generando incentivos para la creación de empleos que mejore la formalidad. También ganaron en términos efectivos por sus tenencias en papeles privados.
Durante el primer trimestre del año, se cobraron dividendos en efectivo (pesos y dólares) por 1,7 mil millones, mientras se cumplía con el pago de haberes.
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