Sigue sumando rechazos: casi el 70% de las empresas no ve con buenos ojos la dolarización de Milei

Según un informe privado, el sector advierte por efectos negativos como mayor inestabilidad y despidos. ¿Qué medidas tomarían en caso de concretarse el programa libertario y qué pasaría con cientos de laburantes?

26 de octubre, 2023 | 00.05

El candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, propuso en estas elecciones 2023 la dolarización de la economía. Se trata de un eje central de su plataforma aunque dado los cuestionamientos que sigue sumando desde diferentes sectores por la impracticabilidad de la medida en un contexto de escasez de divisas y por la mega devaluación que implicaría, cada vez lo enuncia menos públicamente. En ese sentido, en el marco de las elecciones del pasado domingo y anticipando el balotaje de noviembre próximo, un informe relevó qué piensan especialistas de diferentes empresas del país sobre la posibilidad de que la economía se dolarice y la respuesta fue contundente: el 67% consideró que la dolarización tendría un impacto negativo en el mundo laboral y empresarial.

El informe realizado por la consultora Bumeran a más de 300 profesionales de recursos humanos del país, destacó que más del 30% afirmó que de darse un escenario como el que propone el libertario debería “reestructurar los equipos para reducir costos en una dolarización”, en tanto que el 49% dijo que “podría aumentar la inestabilidad laboral por la dependencia respecto a la economía global” y un 37% que “podría requerir de ajustes fiscales que impacten en la contratación”. Asimismo, en el contexto actual, un 88% de los más de 2000 trabajadores que también fueron consultados consideró que la situación influye negativamente en las oportunidades laborales que pueden generase, además un 26% dijo estar ansioso por los resultados.  

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Más inestabilidad y menos trabajo

Una encuesta realizada a profesionales del área de recursos humanos de firmas que operan en el país por la consultora de búsqueda de empleo Bumeran arrojó que el 67% sostiene que la política de dolarización tendría “un impacto negativo” en el mundo laboral

En cuanto a las causas que justifican el rechazo a la medida que propone Javier Milei, quien competirá con el ganador de las elecciones generales, Sergio Massa (Unión por la Patria), en el balotaje de noviembre: el 49% sostuvo que podría aumentar la inestabilidad laboral, el 38% analizó que perjudicaría la economía de las empresas provocado despidos, y el 37% sumó que podrían implementar ajustes fiscales que afecten la contratación laboral. Solo un 15% consideró que podría ser positivo por una suba salarial en dólares. 

El estudio Cómo impactan las elecciones en el mercado laboral consultó además sobre las posibles medidas que las empresas tomarían en un eventual escenario de dolarización. En este punto, los 390 profesionales encuestados expresaron que en un 39%  de los casos “comunicaría de manera transparente los efectos posibles en los salarios y beneficios”, el 33% dijo que “restructuraría equipos para reducir costos”, el 32% habló de “brindar capacitaciones a los empleados sobre cómo gestionar sus finanzas en un entorno dolarizado”, el 28% dijo que “ajustaría estrategias de inversión y financiamiento” y el 27% realizaría “auditorias para revisar el modelo de negocios y la estructura financiera”, entre las causas principales. 

Asimismo el relevamiento consultó a más de 2600 trabajadores y trabajadoras sobre cómo estaban atravesando la coyuntura electoral y en ese sentido el 65% manifestó preocupación, el 35% angustia y el 26% ansiedad. También agregaron que en un 88% de los casos se considera que un escenario como el actual afecta las oportunidades de conseguir trabajo. 

Impacto en ingresos e inflación 

El posible impacto de la dolarización de la economía en los ingresos de la mayoría de la población es una preocupación central considerando que implica, en la práctica, canjear todos los pesos de la economía por los dólares de las reservas del Banco Central. Para concretarlo, y dado la escasez de reservas por todos conocida, sería necesario implementar un ajuste significativo del tipo de cambio (devaluación) que permita concretar ese reemplazo, complementado con un mayor endeudamiento externo.

En tal sentido, el centro CEPA calculó el valor que tendrían las prestaciones sociales actuales si se mantuvieran vigentes y fueran dolarizadas en un eventual gobierno de Milei, tomando como base un tipo de cambio de conversión de 1USD = $3700 (resulta de calcular el reemplazo de la base monetaria y el stock de Letras de Liquidez y otros pasivos en pesos del BCRA). Puntualmente (considerando el haber mensual sin contar refuerzos a octubre), la jubilación mínima ($87.459) quedaría en USD 24, la Asignación Universal por Hijo ($17.093) sería de apenas USD 5, la Pensión No Contributiva ($61.221) valdría USD 17, la PUAM ($69.965) sería de USD 19 y el Potenciar Trabajo ($66.000) de solo USD 18. 

En relación, desde el centro CESO advirtieron que otro punto clave a considerar tiene que ver con que una economía dolarizada no garantiza de por sí el fin de la inflación, pudiendo de hecho elevar los costos por la menor competitividad de la economía nacional y la mayor debilidad a shocks externos. “Si el nuevo régimen monetario se aplica luego de devaluar (un ajuste en el tipo de cambio para adaptarse a las reservas) y aumentar tarifas (para equilibrar las cuentas fiscales), comenzará con una fuerte presión sobre los costos de las empresas, ¿por qué razón Milei asume que las empresas no pasarán esa suba de costos a precios?”, señalaron en un informe al respecto.

En esa línea, alertaron también que el dólar tiene además su propia inflación: “la dolarización puede implicar no sólo la pérdida de soberanía monetaria y dejar la monetización de la economía atada a la suerte del sector externo, sino también una inflación en dólares que reduzca la competitividad de nuestra economía. Un escenario similar al de finales de la convertibilidad donde la falta de liquidez obligó a las provincias a emitir cuasi monedas para mantener operativo el andamiaje del Estado y a la población a emitir bonos de trueque para lograr una actividad económica de subsistencia”.