Elecciones 2023: descartada una dolarización inmediata, a Milei sólo le queda la motosierra

Con contradicciones dentro de su propio espacio y la admisión de que su plan de dolarizar la economía debería esperar –según el propio Javier Milei—al menos dos años, los primeros años de un eventual gobierno libertario se basarían en un fuerte recorte del gasto y en preparar el terreno para una segura privatización de activos. El plan motosierra es lo único que se mantiene como propuesta tras las PASO y de cara a las elecciones 2023 de octubre. Adjudican el cambio de timón a la emisión de pesos y a la necesidad de contar con un stock de divisas (para hacer la conversión) que no está al alcance del país.

Diana Mondino, eventual canciller de un gobierno de Milei, sostuvo que se necesitaría unos 90.000 millones de dólares para avanzar en un esquema de dolarización, algo que también había adelantado su jefe de asesores Dario Epstein. Incluso la idea de eliminar al Banco Central fue minimizada por otro integrante de su equipo, Juan Nápoli, quien aseguró que “no se va a eliminar el Banco Central”. “Hay frases de Milei que pudieron generar impacto pero él se propone regularlo, no eliminarlo”, sostuvo el candidato a senador por el espacio de Milei.

Sin dolarización y con BCRA

Más allá de los efectos negativos de la dolarización, que advierten desde todos los espacios y usinas de pensamiento dentro y fuera del país, ahora su propio espacio reconoce su inviabilidad ante un hecho concreto: faltan dólares.

La dolarización propuesta por Milei tiene como uno de sus mentores al economista Emilio Ocampo, quien formalizó el punto crucial de la propuesta de manera muy clara: sólo cierra tomando más deuda, lo que matizó con el ejemplo de “empeñar las joyas de la abuela”. Para esto, se pondría como “garantía” los activos del país; llámese Vaca Muerta o Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. En criollo sería reprivatizar activos y la vuelta de las AFJP.

Aun así, el monto requerido sería casi imposible de conseguir en el mercado y Milei comienza a recalcular el momento de esa medida. Según reconoció en un foro económico hecho a su medida, no sería antes de los dos años, cerca de “la elección de medio término” (las legislativas de 2025. Los asesores públicos del candidato anarco capitalista sostienen que la demora se debe al déficit cuasi-fiscal; es decir, a los activos remunerados (letras de liquidez) que se emiten para capturar circulante y generar ahorro del público. Un esquema que exige el acuerdo con el Fondo Monetario y que Milei no adelanta poner en discusión.

Sin posibilidad de conseguir los dólares ni rediscutir una baja de tasas con el FMI para que se vaya reduciendo el stock de intereses que se paga, el riesgo de empaquetar esos pesos en un símil plan Bonex aparece como el principal fantasma de su propuesta. Estas alternativas implican costos altísimos para los ahorristas e inversores que tienen colocados sus excedentes financieros en el sector bancario, dado que las leliq respaldan los depósitos del sistema.

Como se dijo anteriormente, la alternativa es garantizar el ingreso de dólares que financien el nuevo esquema y respalden la totalidad de los pasivos a cubrir, lo que coquetea con la posibilidad de una mega privatización de recursos, como llevó a cabo el menemismo en los primeros años de Gobierno con una fuerte alianza de los sectores empresarios concentrados.

“Impulsó las privatizaciones, entregó el patrimonio nacional, nuestra soberanía energética, sumergiendo a una cuarta parte de los trabajadores en el desempleo, la precarización, la informalidad, el endeudamiento externo y a salarios y jubilaciones de hambre”, señalaron a través de un comunicado de trabajadores y trabajadoras de empresas privatizadas en los años 90.

En el mientras tanto

La propia Mondino, candidata a diputada nacional por la espacio libertario, sostuvo que los pasos a seguir son primero “arreglar el tema de las leliq”, luego abrir el mal denominado “cepo” y entonces avanzar a la dolarización. Por lo que en los primeros años se enfocarían en el recorte y las reformas estructurales en materia laboral y previsional. El candidato presidencial promete una reducción drástica del gasto público con impacto del 15 por ciento del PBI y una rebaja del 90 por ciento de los impuestos (equivalente a 2 puntos del PBI).

Un recorte de 15 puntos del PBI en el gasto (26,25 billones de pesos) equivale a casi un año de gastos de la administración pública. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los gastos totales hasta julio sumaron 17 billones de pesos). Es decir, no habría gasto por cubrir en el presupuesto próximo. Las miradas apuntan a posibles privatizaciones. Con un Producto en torno a los 500/550 mil millones de dólares, un recorte de 15 puntos (unos 75.000 millones de dólares o 26,25 billones de pesos), el impacto no será menor.

Según datos del Ministerio de Economía de la Nación, el déficit operativo de las empresas públicas el año pasado fue de 363.735 millones, lo que representa el 0,78 por ciento del PBI. Si se suman los aportes de Nación a las empresas para financiar gastos corrientes y de capital, el número asciende a 550 mil millones, el 1,2 por ciento del PBI. Con lo cual, el ahorro derivaría en un ingreso de capitales vía venta de activos del Estado.

El programa que Milei se divide en etapas. “La primera etapa implica un fuerte recorte del gasto público del Estado y una reforma tributaria que empuje una baja de los impuestos, la flexibilización laboral para la creación de empleos en el sector privado y una apertura unilateral al comercio internacional. Ello acompañado por una reforma financiera impulse una banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas”, sostiene el plan que implementaría su Gobierno.

Junto con lo analizado sobre el plan de ajuste y la baja de impuestos, que desfinanciaría al Estado llevando a la necesidad de un nuevo recorte –así ad infinitum—, la apertura comercial en un contexto de falta de dólares podría empeorar la situación y castigar todavía más a las empresas locales que producen los bienes que serán sustituidos por compras externas. Por su parte, la “libre competencia de divisas” (eliminar restricciones o “cepo”) provocaría un salto inflacionario, tal como reconoció la propia Mondino.

Y a la postre, más recorte

En una supuesta batería de medidas de “segunda generación” se propone una reforma previsional para recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones, alentando un sistema de capitalización privado (AFJP), junto a un programa de retiros voluntarios de empleados públicos.

La privatización de empresas públicas está incluso dentro de su esquema de propuestas, aunque sostiene que solo de aquellas deficitarias. Sin embargo, para alcanzar el objetivo de la dolarización y la consecución de divisas necesarias, sería una venta masiva mucho más amplia a la propuesta.

Dentro de la reforma tributaria, llevaría en los supuestos primeros años de gestión una eliminación y baja de impuestos. “Achicar el Estado con la oferta de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y revisión de contratos de locación de obra y de servicios”, sostiene en su plataforma. Esto reduciría la capacidad de acción del Estado, siendo el único actor con peso  suficiente para enfrentar a los enormes poderes fácticos de los sectores sociales privilegiados y de regular al “mercado”.

Entre las reformas laborales, se presentaría una nueva ley de contrato de trabajo que elimine las indemnizaciones sin causa para sustituirlo por un sistema de seguro de desempleo, al tiempo que se reducirían las cargas patronales que gravan el trabajo. De esta manera, sería para el sector empresario casi gratuito tomar y despedir trabajadores a su antojo. Otro punto que anticipa la privatización de servicios se encuentra en la propuesta de “proponer a las empresas privadas la extensión de los servicio de cloacas, luz, agua potable y gas a los puntos críticos de la Nación”.

También se propicia, como sucedió con el macrismo, la realización de obras de infraestructura con capitales privados, en un remozado programa de Participación Público-Privados. Removiendo al Estado en sus funciones de planificador de infraestructura y la creación de empleos asociados a la obra pública.