Cómo era Máxima, la AFJP que lideraba Javier Milei en los '90

“Javier Milei es hijo de las privatizaciones”, afirmó el gobernador bonaerense y candidato de Unión por la Patria, Axel Kicillof, este jueves durante un acto. Si de casta se habla, los principales proyectos del líder de La Libertad Avanza y candidato para las elecciones 2023 encuentran raíces en la entrega del patrimonio nacional ocurrido durante los gobiernos de Carlos Menem. Y ni hablar de sus referentes económicos, actores principales de aquel período. “Laburó para las AFJP, después para Aeropuertos Argentina 2000, ¿Cómo no va a querer privatizar? Más casta no se consigue, haberse llevado la plata de las jubilaciones eso es un choreo. Vos viviste de eso Milei, eso es un curro”, agregó el mandatario. 

El candidato libertario fue economista en jefe de Máxima AFJP durante los '90, por ende, ocupó un lugar central en el esquema financiero que permitió licuar las jubilaciones de miles de personas que de manera permanente debían ser rescatadas por el Estado nacional.

“Todos los meses aportábamos, todos los meses la plata iba a la cuenta de un banco que la administraba y ellos cobraban la comisión. Te decían que iban a hacer hermosas, fantásticas inversiones, para ellos era un fantástico negocio”, explicó Kicillof sobre el funcionamiento de las AFJP, que en el país copió el modelo de jubilaciones privadas de Chile.

El sistema de jubilaciones de reparto conocido como AFJP fue una estafa para los miles de jubilados y jubiladas del país, pero también para el propio Estado nacional. El sistema de capitalización ideado en la década del '90 se constituyó como un fenomenal negocio financiero que eclosionó con el estallido de la burbuja de las hipotecas basuras en plena crisis de 2008. 

Lo cierto es que la privatización de la seguridad social a manos de las AFJP dejó a miles de jubilados con haberes paupérrimos y, a su vez, generó un gigantesco déficit fiscal ya que el Tesoro tuvo que seguir pagando las jubilaciones mientras perdía la recaudación de aportes y contribuciones. Es decir, tampoco se mejoraron las cuentas públicas. Con la propuesta del libertario, nada garantiza que el esquema jubilatorio sea mejor que el implementado por el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Lo paradójico del asunto fue que los bancos empezaron a jugar a la timba financiera con el dinero de los aportantes, que al momento de tener que jubilarse, en muchos casos tenían menos dinero que al inicio del sistema. La capitalización siempre fue para los privados, que además abultaron sus balances con altísimas comisiones.

Ante la crisis de este sistema privado, sumado al estallido de las hipotecas subprime que generaron una eclosión financiera global, el Estado nacional tomó la decisión de recuperar los fondos de las AFJP. La medida fue adoptada en 2008, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y con Amado Boudou como titular de la Anses.

Por entonces, el 41 por ciento de quienes estaban bajo el régimen de capitalización privado, como los usuarios de Máxima donde Milei ejercía como economista en jefe, necesitaba alguna transferencia del Estado para llegar a cobrar la mínima jubilatoria. En aquel año, el Estado tuvo que poner 4000 millones de pesos para apuntalar a las AFJP. El Estado terminaba salvándoles las papas a los grandes bancos dueños de las Administradoras de Jubilaciones.

Derechos para casi nadie

El candidato de la Libertad Avanza esbozó en su plataforma tanto la salida del actual régimen solidario como así también la caducidad para la fórmula de movilidad y cualquier intento de moratoria.

Con la última moratoria aplicada a mediados de 2022, quedó explicitado que solo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria presentaban más de 20 años de aportes. Dentro de este grupo, los que superaban los 25 años de aportes se reducían a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100.

Es decir, sin la última iniciativa que permitió el ingreso de 800.000 personas, solo estaban en condiciones de jubilarse el 35% de las personas en edad de hacerlo, según los cálculos realizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en base a datos del Ministerio de Trabajo y la Anses.