En el marco de un contexto de caída de consumo, suba de costos y cuentas al límite por el ajuste del gobierno de Javier Milei, Alimentos Refrigerados SA (ARSA) tomó la decisión de realizar suspensiones temporales en sus dos plantas: una se encuentra en Córdoba y la otra en Arenaza, Buenos Aires, según publicó el diario La Voz.
Esta semana, las autoridades de ARSA y de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) mantuvieron una nueva reunión en las oficinas de la Secretaría de Trabajo con el objetivo de negociar la situación laboral de los empleados de la firma, que, desde hace varios meses, trabajan con un formato de horas reducidas y en medio de una serie de medidas de fuerza tomadas por el gremio.
La compañía tiene dos plantas para la elaboración de productos lácteos, una en Monte Cristo, Córdoba, y otra en Arenaza, en el partido bonaerense de Lincoln, que hasta 2016 pertenecieron a Sancor y luego a Vicentin Family Group. En total, tiene 520 trabajadores, los cuales reclaman por el pago de montos adeudados correspondientes al mes de mayo, junio, el aguinaldo y el fin de las jornadas laborales reducidas.
Los directivos advierten que, en el marco del concurso y del conflicto gremial, las ventas habrían caído hasta 50%, lo que resulta difícil recomponer la producción normal.
“Las plantas están abiertas con un grupo muy chico de operarios, que por voluntad propia están trabajando y cobrando el 60% de sus salarios, hasta que se reponga un poco la actividad. El grueso de los trabajadores están en un paro encubierto. Se está operando al 30% de la capacidad productiva en las dos plantas”, describieron a Infobae fuentes cercanas a la empresa.
El conflicto parece estar lejos de encontrar una solución, ya que no se visualiza un acuerdo a nivel interno. En línea con las decisiones de ciertas compañías automotrices que también sufren la recesión en el territorio del gobernador Martín Llaryora, los directivos de ARSA proponen reducir a la mitad la jornada laboral, durante “un período convenido”, con lo cual cada empleado trabajará 15 días del mes.
Mientras que el sindicato Atilra reclama que se presente el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), algo que ya fue descartado tiempo atrás. En este marco, la compañía asegura que cumplirá con “el pago completo de los haberes”. Por los días no trabajados, entregará una compensación de $100 mil.
“Nuestra predisposición al diálogo se mantiene inalterable, confiamos que se puedan alcanzar a la brevedad, acuerdos razonables que permitan garantizar la continuidad de una operación productiva y sustentable”, aseguraron en el acta oficial de la empresa.
Conflicto en Córdoba: exigencias de Atilra ante la falta de pago para sus trabajadores
Sin nueva fecha de encuentro en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, ahora depende de Atilra trasladar la propuesta a los trabajadores y encontrar la alternativa para que todos puedan seguir adelante.
“Atilra y todos los trabajadores van a acompañar a la empresa, pero tiene que presentar un PPC para que la propuesta quede avalada por el Ministerio de Trabajo”, explicó a La Voz el secretario general de Atilra Seccional Córdoba, Oscar Rodríguez.
“Hemos dejado asentado que la empresa no cumplió sus promesas anteriormente”, agregó el dirigente gremial.
Por su parte, Arsa descartó el establecimiento de un PPC, debido a que "este es un mecanismo previo a implementar despidos", algo que “no está en el espíritu” de los directivos.
“El PPC es algo que se descartó hace dos meses, porque la empresa no está en condiciones de implementar plan de despidos, por estar en concurso preventivo. Por ahora, queremos proteger la mayor cantidad de puestos de trabajo; este plan de alternancia es el indicado para el contexto actual”, señalaron a La Voz desde la empresa láctea.
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