El Gobierno “no tiene intención de intervenir en la operación de la empresa, ni cambiar la situación patrimonial de Edesur”, según afirmó Claudio Cunha, Country Manager de Enel Argentina -dueña de Edesur- en un comunicado. En medio de los masivos cortes de luz, la empresa deslizó la necesidad de "disponer de recursos para operar" como forma de presionar para mayores aumentos de tarifas. La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, había expresado que desde el Ejecutivo se analizan "todas las variables legales y posibles", luego de la veeduría y la multa por 1.000 millones de pesos impuestas a la empresa.
“Mas allá de las multas y penalidades que decida aplicar la autoridad en el ejercicio de su función de control, concordamos en que la solución estructural pasa porque las empresas puedan disponer de los recursos suficientes para operar, mantener y realizar las inversiones que el sistema requiere y acompañar así el crecimiento del país”, apuntó Cunha. Al mismo tiempo, sostuvo: “Estamos trabajando conjuntamente en la elaboración de un plan que está en desarrollo”.
“Después del mejor enero en cuanto a calidad de servicio de los últimos cinco años, en febrero estamos atravesando un fuerte incremento de cortes producto de una demanda histórica y sobre lo cual Edesur sigue trabajando para solucionar los más rápido posible los desperfectos y la falta de luz de los clientes”, añadió Cunha. Además, el ejecutivo pidió “disculpas a los clientes por los inconvenientes ocasionados y agradeció a los trabajadores de Edesur por la dedicación y el compromiso que demuestran siempre y en especial desde que se inició esta contingencia”.
Sobre fines de enero, Las distribuidoras de energía eléctrica Edesur y Edenor, consideraron que es "imprescindible" una "adecuación tarifaria" de los servicios que prestan. Según ambas compañías, si se mantienen los actuales valores tarifarios, sus déficits operativos aumentarían en 2022 en $ 43.236 millones (Edesur) y $ 56.817 millones (Edenor), consignaron a la agencia NA. Ante el ENRE, Edesur puntualizó que, sin ajuste tarifario, el flujo de fondos de la compañía tendría un déficit adicional de $ 43.236 millones.
La voz del Gobierno sobre la situación de Edesur
El Gobierno no descarta todavía la expropiación de la empresa distribuidora eléctrica Edesur, luego de haberla multado con 1.000 millones de pesos y de establecerle una veeduría por los cortes que afectaron a cientos de miles de usuarios en los últimos días.
“El Gobierno analiza todas las variables siempre que legalmente existan y sean posibles para cuidar a los usuarios de Edesur”, afirmó en ese sentido la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, al ser consultada acerca de si está en análisis la posibilidad de expropiar Edesur. “El nivel de los cortes de luz y el maltrato a los usuarios lo venimos viendo durante los últimos años”, agregó Cerruti en su habitual conferencia de prensa de los jueves en la Casa de Gobierno.
Al respecto, la vocera del Gobierno explicó que "ayer se tomó una medida muy contundente con la multa y la intervención para ver exactamente qué está haciendo, qué inversiones están haciendo y cuál es la responsabilidad de la empresa, y en ese marco todas las posibilidades son analizadas".
El ministro de Economía, Sergio Massa, instruyó el miércoles a la Secretaría de Energía y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) a aplicar una multa de 1.000 millones de pesos a la empresa Edesur por los problemas que presentó para brindar el servicio durante los últimos días, dejando a miles de familias sin luz en diferentes jurisdicciones del AMBA. Asimismo, se designaran veedores para auditar la calidad del servicio.
Más temprano, el presidente Alberto Fernández y el titular de la cartera de Economía se reunieron para analizar la situación y tomar medidas frente a la problemática. Entre tantas posibilidades, se analizaba que el Gobierno tome a su cargo la gestión operativa de la distribuidora sin que esto implique la estatización de la compañía, a partir de un informe del ENRE
Finalmente, decidieron aplicar una multa millonaria y solicitaron que el servicio sea inmediatamente devuelto a usuarios "que hayan sido víctimas de cortes superior al promedio establecido en el contrato de la totalidad de la factura del último mes".
La oposición le quita responsabilidad a Edesur y culpa al Gobierno
Diputados de la oposición, encabezados por la radical Jimena Latorre, presentaron un proyecto de resolución para citar a la Secretaria de Energía, Flavia Royón, y al Interventor del ENRE, Walter Martello. El objetivo es que los funcionarios expliquen, entre otras cosas, los recientes cortes de energía en el área metropolitana de Buenos Aires, la intervención de los entes de control y el cumplimiento de la segmentación tarifaria.
Asimismo, buscan que se detalle cuáles fueron las acciones preventivas tomadas por el ENRE y su Intervención desde la finalización del periodo estival del año 2022 hasta el inicio del actual tendientes a evitar las fallas del suministro eléctrico y reducir los cortes. En relación al corte del 10 de febrero que afectó a 180 mil usuarios, Latorre quiere que tanto Royón como Martello, informen si se originaron por un problema de generación o por fallas de la red de distribución.
“Los cortes son un síntoma de la crisis en la que nos hundieron gracias al populismo energético de los gobiernos kirchneristas”, señaló Latorre y añadió: “Los anuncios de Massa son un reconocimiento implícito del incumplimiento de este gobierno del marco regulatorio eléctrico y el avasallamiento institucional a los Entes reguladores”.
En este sentido, la legisladora denunció: “Fiel a su estilo, Massa pretende tapar con humo el deterioro del servicio y la insostenibilidad del sistema. Ni las sanciones se van a hacer efectivas de un mes para el otro, ni la infraestructura se recupera sin tarifas que remuneren los costos operativos”.
El PRO exige información al Gobierno
Por su parte, el titular de la bancada del Frente PRO en Diputados, Cristian Ritondo, solicitó al Gobierno que brinde información acerca del funcionamiento de Edesur. Junto a otros diputados, pidió un detalle de los cortes, lugares afectados, duración de los mismos, cantidad de usuarios afectados, causas y responsabilidades, entre otros.
Desde la oposición, además, solicitaron conocer detalles sobre la totalidad de los reclamos efectuados en el último año, las sanciones y los montos de las multas aplicadas por el ENRE, las auditorías, las inversiones y las obras realizadas. “La ineficacia y la falta de control del Estado no puede suplirse con las declaraciones realizadas desde el Gobierno sosteniendo que era necesario revocar la concesión de Edesur, esa no es la solución”, afirmó.
Por otro lado, diputadas y diputados del PRO rechazaron la idea de la estatización de la empresa y aseguraron que “no necesitamos más Estado, sino un Estado más eficiente que asegure el cumplimiento de la provisión del servicio de luz y el compromiso asumido con la inversión necesaria”. Acompañaron al pedido: Mercedes Joury, María Luján Rey, Gabriela Besana y Alejandro Finocchiaro.
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