La quita de la concesión de Edesur, una solución de difícil ejecución

Más allá de las lluvias que se esperan, por fin, para los próximos días, la solución real a la crisis de Edesur va mucho más allá y no tiene una salida fácil: la quita de la concesión no solo implica un proceso judicial engorroso, sino que requeriría posiblemente una alta inversión y no solucionaría per se los problemas estructurales que hoy posee la empresa.

Tras los masivos y reiterados cortes de Edesur durante la ola de calor de las últimas semanas, el Gobierno encontró dos respuestas políticas paralelas. En primer lugar, denunció penalmente a todo el directorio de la empresa por defraudación y abandono de persona. En segundo lugar, el Ministerio de Economía instruyó al ENRE a realizar una auditoría para, en el plazo de tres meses, elevar un informe al Congreso con el fin de que este determine si corresponde avanzar en una quita de la concesión.

Este último camino plantea un problema de base en relación a los tiempos. No solo es imposible suspender automáticamente la concesión en los momentos de más álgida y lógica indignación popular con la empresa. Además, el timing político resulta complicado de sortear. En 90 días se estará al borde del inicio de la campaña, por lo que es de esperar una escasa actividad parlamentaria que permita avanzar en un proceso de quita. La decisión final de avanzar o no quedaría en manos de la gestión que asuma en diciembre.

Más aún, Enel, la multinacional italiana dueña de Edesur, ya anunció en noviembre pasado que planea ponerla en venta. Un proceso que, según anticiparon a El Destape fuentes cercanas a la empresa, comenzará formalmente en las próximas semanas, una vez superados los problemas de los cortes.

Se espera que, en total, el proceso de venta dure por lo menos un año. En este marco, los tiempos políticos y jurídicos de una quita de la concesión, que con seguridad terminará judicializada en el CIADI, pueden potencialmente demorar más que la venta directa de la compañía.

Los problemas de quitar la concesión

Así y todo, los problemas ni siquiera terminan allí. Suponiendo que la quita de la concesión efectivamente tenga lugar, el proceso que comenzaría también está cargado de incertidumbre.

Un punto a tener en cuenta es la alta inversión que requeriría comprar la empresa y hacerse cargo del servicio. Según expertos consultados por este portal, solo comprar Edesur saldría entre 200 y 300 millones de dólares, tomando como referencia la compra de Edenor por el Grupo Vila-Manzano en 2020. 

A eso se le debe sumar la inversión anual necesaria para mantener el servicio. Para el economista experto en energía de FIEL Santiago Urbiztondo, una cifra de 250 millones de dólares al año "resulta razonable". ​​​​​​​De este modo, quien quiera hacerse cargo de la distribuidora debería desembolsar un aproximado de 1.500 millones de dólares en los próximos cinco años.

Los potenciales compradores no abundan. Quien pica en punta es Central Puerto, la cual hoy, a través de Distrilec, posee la porción minoritaria de las acciones de la compañía. También manifestó su interés, meses atrás, la nacional Enercana.

Por lo engorroso del proceso, hay incluso quienes aducen que quitarle la concesión a Enel facilitaría su salida de Argentina, teniendo en cuenta una probable indemnización que recibiría por vía judicial. La empresa italiana, de cualquier modo, niega esta versión y afirmó a este portal que "en países en donde vendió activos lo hizo de manera correcta y espera que Argentina no sea la excepción".

El rol del Estado

​​​​​​​La otra solución posible, si se avanza con la quita de la concesión, sería que el Estado se hiciera cargo directamente del servicio. Esta chance, explicaron los expertos, es operativamente posible, porque el propio Estado se quedaría con los actuales cuadros técnicos.

Pero, más allá de eso, la opción revestiría sus propios problemas. "Económicamente parece difícil que el Estado esté en condiciones de pagar el valor de la empresa y llevar adelante las inversiones necesarias para mejor la calidad del servicio", afirmó un economista experto en el sector que prefirió hablar en off. ​​​​​​​En el mismo sentido, Urbiztondo sostuvo que el Estado tampoco tendría acceso al financiamiento requerido para brindar un buen servicio.

​​​​​​​Por eso, los especialistas coincidieron en que sería mejor un modelo de gestión privada. "​​​​​​​​​​​​​​La experiencia de los últimos 30 años en Argentina muestra que el mejor funcionamiento de los servicios públicos se dio cuando existió una provisión privada sujeta a regulación bajo contratos que eran integralmente cumplidos", señaló Urbiztondo. 

En todo caso, el rol del Estado debería ser supervisar "la venta de las acciones de Enel en Edesur a un privado con experiencia y capacidad para mejorar el servicio", explicó otro experto.

​​​​​​​Para otro especialista consultado por El Destape, que tampoco quiso dar su nombre, "el Estado podría conducir la empresa, es decir, teniendo mayoría en el directorio, dictar las políticas o lineamientos generales más cercanos a las necesidades propias del Estado. También podría designar al CEO y/o al CFO". Es decir, un modelo mixto, similar al que hoy tiene YPF.​​​​​​​

​​​​​​​Los problemas estructurales

De cualquier modo, quien se haga cargo de Edesur, ya sea el Estado o un privado, deberá afrontar problemas estructurales que no se solucionan con un simple cambio de manos de la empresa.

Básicamente, coincidieron los especialistas, el problema es la falta de infraestructura adecuada, consecuencia directa de las inversiones deficientes, tal como se ve reflejado en la frecuencia y duración de los cortes.

La cuestión es que uno de los factores que influyen en esta situación es el valor de la tarifa base, definida mediante el VAD (valor agregado de distribución). "Edesur no invirtió lo suficiente desde 2020", lo cual está "íntimamente asociado al cuasi-congelamiento del VAD, que desde mediados de 2019 hasta febrero 2023 aumentó nominalmente en torno al 40%, con una inflación acumulada en ese período que casi toca el 500%", señaló Urbiztondo. Desde este punto de vista, solucionar el servicio deficiente de la empresa implicaría un nuevo tarifazo como los de la gestión macrista.