Finalmente, quedó trunco el proyecto ideado entre el expresidente Mauricio Macri, la exgobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Se terminó de frenar el traspaso regulatorio de las empresas de energía eléctrica Edesur y Edenor hacia Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires.
Durante la administración macrista se intentó crear un ente regulador conformado por representantes de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires para que sea el encargado de controlar el servicio de Edenor y Edesur. Sin embargo, el limbo jurídico que se estaba conformando podía dejar vía libre para que las empresas operen sin estrictos controles.
El secretario de Energía, Darío Martínez, junto con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se reunieron con el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Giusti, y el subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni. Será el ENRE que se quedará con la regulación del servicio, luego de que el año pasado, tanto la legislatura porteña como el gobierno de la provincia aprobaran el traspaso.
Ahora deberán emitir nuevas normativas para devolverle el control a Nación. Según pudo saber este medio, solo resta una firma final entre Martínez, el ministro de Economía, Martín Guzmán, Larreta y Axel Kicillof.
Se trata de un requerimiento legal, ya que el servicio nunca llegó a transferirse porque no se creó el nuevo ente de control. Concretamente, Provincia nunca terminó de concretar el acto final para la creación del Ente Metropolitano Regulador del Servicio Eléctrico.
Se desdolariza la tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires
En las vísperas del descongelamiento de tarifas en 2021, en Provincia se apuntan a definir un esquema propio en comunión con la política nacional. “Este año fue crítico, la red eléctrica necesita inversiones y tendrá que haber acuerdos, subsidios… estamos en un mes clave para las definiciones”, apuntó una fuente directa bonaerense a este medio.
Lo que ya está definido es que se desdolarizarán las tarifas de energía eléctrica en Buenos Aires. Cuando se fijó el mecanismo de ajuste anual del calor agregado de distribución, en la fórmula polinómica la ponderación del índice de salarios representa el 56%, el IPIM el 24%, el IPC el 12% y el tipo de cambio el 8%.
La inclusión del dólar en la fórmula, en un contexto de fuerte devaluación de la moneda, como el año 2018 y 2019, contribuyó a incrementar la fórmula de ajuste. El VAD configura el importe que las empresas destinan para afrontar los costos que significa construir, operar y mantener la infraestructura de la red eléctrica, es decir: obras, insumos, maquinarias, salarios, entre otros.
Según pudo saber El Destape, ya está acordado que se elimine el tipo de cambio de la fórmula. Ahora resta saber cómo se reemplazará esa variable, aunque puede elevarse la proporción de incidencia del resto de los factores en el futuro.
Desinversión y tarifazos
Cabe recordar que la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó hace tiempo el análisis de la última Revisión Tarifaria Integral (RTI) y del cumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires. El resultado demostró cómo durante la gestión de los últimos cuatro años, Cambiemos avaló aumentos injustificados de las tarifas de energía eléctrica que no fueron acompañados con inversiones por parte de las empresas Eden (norte y centro), Edea (Costa Atlántica y centro), Edes (sur) y Edelap (La Plata y alrededores).
El documento al que pudo acceder El Destape mostró que durante el período 2016-2019 las Empresas Distribuidoras de Energía aplicaron ajustes tarifarios que, sumados a la fuerte quita de subsidios a nivel nacional, representaron aumentos en las facturas finales de los usuarios que oscilaron en promedio entre 2.000% y 3.500% en apenas tres años. Sin embargo, este fuerte incremento no significó mayores inversiones en la red de distribución ni ejecución de obras en las instalaciones.
A pesar de que el monto reconocido de inversión incluido en las tarifas fue de $ 12.092 millones, no hubo un cronograma de ejecución de las obras pautadas, ni tampoco procedimientos sancionatorios en caso de incumplimiento de las mismas, según apuntó el informe oficial. De hecho, en los informes aprobados en ese período sobre el nivel de inversiones, se identificaron errores metodológicos que modificaron los resultados.
El extraordinario crecimiento patrimonial, producto de la RTI, tuvo su correlato en el crecimiento de los resultados: las cuatro distribuidoras de Energía Eléctrica aumentaron sus ganancias entre 2015 y 2018, entre 498% y 644%. La distribución de dividendos entre 2016 y 2019 acumuló un monto final de 309 millones de dólares.