En medio de las discusiones sobre una posible revocación de la concesión a la empresa Edesur, el peronismo bonaerense impulsa en la Legislatura un proyecto de ley que prohíbe que fondos comunes de inversión se hagan del control societario de firmas de servicios públicos, entre las que se encuentran las empresas prestadoras de energía eléctrica.
El proyecto, con acuerdo de otros sectores, busca bloquear un cambio de dirección sin autorización previa de la autoridad de aplicación correspondiente. “Teniendo en cuenta las especiales circunstancias económicas que atraviesa nuestro país, es de especial importancia preservar que el control de las empresas prestadoras de servicios públicos en nuestra provincia no pasen a manos de sociedades o instrumentos financieros ajenos a la actividad, sólo interesados en una rentabilidad de corto plazo”, expresó el proyecto revelado por la agencia de noticias estatal Télam.
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En ese sentido, los legisladores expresaron que “la experiencia indica que es necesario que las empresas, ya sean públicas o privadas, prestadoras de servicios públicos, tengan un interés de largo plazo en la actividad, que las lleve, entre otras cosas, a cuidar los derechos de sus usuarios”. De esta manera, el fondo de inversión o adquiriente “deberá acreditar fehacientemente y en forma previa la idoneidad para la prestación del servicio que se pretende brindar”.
El proyecto de ley fue firmado por los diputados Pablo Garate, Rubén Eslaiman, Valeria Arata, Nicolás Russo, Alexis Guerrera, Micaela Morán, entre otros. Se trataría de impedir que fondos sin ninguna idoneidad en la materia específica y que sólo busquen un rédito económico, pasen a controlar a cualquiera de las empresas prestadoras energéticas.
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