Dentro del Gobierno se contraponen dos ideas rectoras, de sus principales referentes político. Por un lado, el presidente Javier Milei reiteró su intención de dolarizar la economía, mientras que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca mostrar resultados en su supuesta lucha contra el narcotráfico. Sin ingresar en juicios de valor y desplegando luego la explicación del caso, la experiencia internacional muestra que los países dolarizados son propensos a este tipo de contrabando y al lavado de activos. La particularidad de la Argentina es su posición geográfica, los países con los que limita, la extensión y, sin lugar a dudas, el escaso control de la Hidrovia que única a la Argentina con Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
En noviembre último, Julio Andrés Rodríguez Granthon, juzgado en Rosario por presuntamente haber formado parte del operativo de narcotráfico "Cuevas blancas" en 2021, a la hora de declarar, justificó las operaciones ilegales con la moneda estadounidense con los dichos del todavía entonces candidato presidencial Javier Milei: “¿Usted no escuchó lo que dijo Milei? El peso argentino es excremento, cualquiera con dos dedos de frente ahorra en dólares”. Si bien existen cambios en la normativa penal cambiaria, y puede llevarse a cabo una investigación por enriquecimiento ilícito sin contar con el delito precedente, la dolarización como medio de pago habitual hará más difícil esta segunda etapa.
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El caso de Ecuador
El último ejemplo a nivel global es Ecuador, el país más extenso con una economía dolarizada totalmente, y, además por su posición en global, el que más está sufriendo el flagelo del narcotráfico. Los países que tienen al dólar como moneda son: Panamá, El Salvador, Ecuador, Montenegro, Palaus, Kosovo, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia y Timor Oriental.
Hace unos días, el presidente Milei volvió a poner de ejemplo a Ecuador como un ejemplo exitoso tras la dolarización, pese a estar en estos momentos inmerso en una de ola de caos sistémico producto del narcotráfico. “Con la dolarización, Milei no solo busca frenar la distribución de ingresos en Argentina en desmedro de las grandes mayorías, sino que además favorece directamente al narcotráfico, lo que provocaría un aumento de la inseguridad”, según un informe de la fundación Ocipex.
Otra coincidencia con Ecuador, es que en los últimos cuatro años, el Estado comenzó a estar cada vez más ausente, favoreciendo la dolarización a los narcos, que en última instancia es la manera de lavado ese dinero derivado de la venta de drogas. El retiro del estado de áreas claves se acentuó desde 2017 con el entonces gobierno de Lenin Moreno que desarticuló la inteligencia militar y dejó a las Fuerzas Armadas sin capacidad de control de los estados con puertos desde donde se exporta la droga.
Esa debilidad estatal cuenta con otro componente explosivo que genera las condiciones para las instalaciones de los cárteles de droga: la dolarización. Desde el año 2000, el país sudamericano adoptó el modelo que reivindican los libertarios para frenar una crisis inflacionaria parecida a lo que hoy tiene Argentina y que incluso algunos opositores comienzan a estimar como un hecho en el corto plazo.
La diferencia geográfica con Ecuador es que este último está ubicado entre los dos productores de cocaína más grandes del mundo. La contracara es la Hidrovia, con puertos manejados por extranjeros, dejando un corredor fluvial abierto por donde salen exportaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
El DNU de Milei
La desregulación de la economía que promueve el gobierno indefectiblemente supone la supresión del rol del Estado en sus tareas de control y supervisión de la actividad. Así, los efectos negativos en los índices de criminalidad serán ineludibles. El crimen organizado se aprovecha de la ausencia estatal. Las noticias de Ecuador muestran que el país se encuentra actualmente transitando una de sus peores crisis. Combatir estos delitos complejos supone una planificación e intervención integral por parte del Estado.
El DNU 70/23 “promueve la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”, acrecentando significativamente el riesgo y vulnerabilidad de nuestro país ante el narcotráfico. “El artículo 2.- DESREGULACIÓN. El Estado Nacional promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respecto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes y servicios y trabajo”, señala el decreto.
“Como muestra Juan Monteverde, el territorio argentino es clave para el tránsito y exportación de drogas hacia Europa y Africa. La Hidrovia Paraná-Paraguay es el corredor fluvial por donde salen exportaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay”, señala el informe de Ocipex.
Por su parte, un informe de UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones) titula “Global Reporto on Cocaine 2023”, ubica a la Argentina como el cuarto país de origen de las incautaciones de cocaína efectuadas por las autoridades aduaneras europeas en el 2021. “Las modificaciones que introduce el DNU sobre el Código Aduanero acrecientan las brechas de control sobre las mercaderías que salen de nuestro país, facilitando su libramiento bajo el pretexto de lograr una mayor agilidad en los procesos de comercio exterior”, destaca el informe.
Las rutas aéreas también son de relevancia para el narcotráfico en la frontera norte de nuestro país. Según el informe ya citado, los vuelos clandestinos se utilizan en combinación con los canales fluviales. “Por ello resulta alarmante que las modificaciones que introduce el DNU al Código Aeronáutico permite el libre despegue, circulación y aterrizaje en el territorio, incluso de aeronaves extranjeras y drones”, agrega el documento de la fundación.
Si a esto se suman el marco de una crisis económica galopante favorecida por políticas de ajuste que generan aún más pobreza, la disponibilidad de tipos societarios con escaso control estatal como las SAS y una inminente dolarización podrían hacer estragos. La experiencia ecuatoriana muestra que la dolarización favorece el lavado de activos proveniente del narcotráfico. Los dólares ingresan fácilmente en circulación en la economía y no queda rastro cambiario.
El acto de Patricia
La pregunta es ¿qué se haciendo para detener el avance del narcotráfico? En Argentina, los delitos relacionados a la tenencia, producción y comercialización de estupefacientes están regidos por la Ley N° 23.737 y sus modificatorias. Según el Sistema Nacional de Información Criminal, Buenos Aires, CABA, Salta y Santa Fe (en ese orden) suman la mayor cantidad de hecho delictivos vinculados a la Ley de Estupefacientes.
“Sin embargo, en absolutamente todos los casos, la tenencia simple de estupefacientes explica la gran mayoría de los hechos delictivos. Esto responde a una política de criminalización del consumo, y no necesariamente de lucha contra el narcotráfico”, detalla el informe. Es imposible no recordar la foto con sus mega-operativos y escasos resultados. "Cuando era ministra, su orgullo era sacarse una foto en un secuestro de 25 porros”, le disparó en medio del debate presidencial la candidata de izquierda Myriam Bregman.
Pero si la tenencia de estupefacientes crece año a año en vez de reducirse, entonces claramente hay algo que no está funcionando. Mientras tanto, los hechos delictivos identificados y asociados a la comercialización se mantienen estancos. “Esto resulta preocupante si cruzamos esa información con los delitos vinculados a la tenencia y portación de armas de fuego. Hay un visible correlato entre ambos tipos de delito, a excepción de Salta”, destaca el informe.
Los índices crecientes de hechos delictivos asociados al consumo personal, lejos de indicar que se están tomando cartas en el asunto, sólo nos indican que el problema del narcotráfico en la Argentina se está agravando. En paralelo, delitos que pueden asociarse al narcotráfico, como la portación/tenencia de armas de fuego y los homicidios dolosos, aumentan y se concentran en las principales áreas afectadas del país.
“De lo que estamos seguros, es que dolarizar y desregular el Estado en función de criterios exclusivamente económicos, sin complejizar respecto a nuestros problemas de seguridad, sólo allana el camino para el avance del crimen organizado”, concluye el Ocipex.
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