La exportación de soja en Argentina se concentra en sólo ocho gigantes, que armaron una red de offshores para minimizar el pago de impuestos y poder transferir dinero al exterior por fuera de la lupa de la AFIP. En los últimos 17 años, las cerealeras subfacturaron ventas al exterior por al menos U$S 11.000 millones, lo que representa el 5% de sus ventas.
Las multinacionales contratan a los grandes estudios contables y de abogados para que aprovechen al máximo su estructura internacional para eludir impuestos. Los “precios de transferencia” constituyen la herramienta predilecta por estas sociedades para este fin. Se trata de operar bienes, servicios, préstamos, entre sociedades vinculadas o relacionadas de un mismo grupo y desviar recursos vía el pacto de precios menores a los de mercado en las exportaciones (y mayores en las importaciones). Esto les beneficia con el pago de menos impuestos de los que les corresponden y la fuga de esos recursos. Las transacciones acostumbran cerrarse con filiales en guaridas fiscales que triangulan la mercadería.
Sólo un puñado de empresas concentra todo el sector oleaginoso argentino. El 94% de la molienda y exportación de los derivados de la soja la condensan ocho firmas. Se trata de cinco traders internacionales, como Bunge, Cargill, Dreyfus (LDC), Nidera-Noble (Cofco), y Glencore (por medio de Oleaginosa Moreno), y tres grupos nacionales, como Vicentin, Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos Agro.
Estas ocho compañías subfacturaron U$S 11.000 millones sólo con las exportaciones de harina de soja y aceites en bruto entre 2004 y 2020, de acuerdo a una investigación de Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti. En su reciente trabajo “Precios de transferencia en el comercio exterior del complejo sojero argentino (2004-2020)”, estiman que los desvíos promediaron el 5% de las exportaciones, aunque en algunos años las diferencias resultaron ser mayores y el ratio ascendió al 12%.
Estas firmas subfacturaron exportaciones en los momentos de gran variabilidad del precio internacional. “En los contextos de ascenso, las compañías exportadoras aumentaron más lentamente sus precios de comercialización, con el objetivo de acumular períodos relativamente largos de subfacturación. En cambio, durante los períodos de baja en el precio internacional, las empresas se acoplaron rápidamente al precio internacional de forma de evitar la sobrefacturación de la exportación del commodity”, explican los economistas. Es por ello que los períodos de subfacturación resultaron ser más duraderos que aquellos de sobrefacturación. A lo largo de los años se evidenciaron grandes diferencias entre el precio de mercado y el precio medio de comercialización pactado con el intermediario, lo cual permite verificar la intensidad del fenómeno.
“Las prácticas nocivas de subfacturación se sustentaron en los mecanismos de internacionalización en un sector que presenta una elevada concentración”, resumen Gaggero y Zanotti. Tanto los traders internacionales como los grupos nacionales desplegaron una red offshore para habilitar este comportamiento. Dreyfus, Moreno y Nidera se vincularon con estructuras radicadas en Suiza. La firma Noble del conglomerado Cofco, se mantuvo bajo el control de una estructura en las Islas Vírgenes Británicas, y Bunge de una estructura en las Islas Bermuda, mientras que el control de Cargill fue ejercido desde Canadá. Si bien Vicentin se encuentra controlado por las diversas familias accionistas, creó un holding paralelo en Uruguay denominado Vicentin Family Group. Por último, Molinos Agro detenta como controlante a una sociedad en la guarida fiscal de Delaware, Estados Unidos.
Según consta en los balances analizados por los investigadores, estas empresas comercian a través de firmas relacionadas radicadas en espacios extraterritoriales. Usualmente las firmas compradoras de los derivados de soja comprenden a cáscaras sin ninguna actividad en la economía real, radicadas en países de baja o nula tributación, a los que no les corresponde el destino final de las materias primas, sino que actúan como meros intermediarios. De hecho, no suelen contar con capital fijo ni poseer trabajadores a su cargo.
Se trata de una compleja triangulación de la venta para pagar menos impuestos y transferir fondos al exterior. Los compradores poseen ventajas tributarias y, gracias a estas operaciones, pueden acumular ganancias sin la obligación de tributar por ellas. Esos intermediarios son los encargados de acumular las diferencias entre la facturación al precio de mercado y la subfacturación del commodity. Tanto Bunge, Cargill como Vicentin mantuvieron como principales compradores a firmas relacionadas en Uruguay; mientras que Dreyfus y Noble detentaron como clientes a empresas en Suiza; Oleaginosa Moreno hizo lo propio con una sociedad relacionada en Países Bajos; y Molinos Agro con una filial en Chile.
La AFIP no se queda atrás. En el caso de las cerealeras, abrió múltiples procesos judiciales a lo largo de este período debido a las prácticas de desvíos de los precios de transferencia, pero se trata de un ejercicio que no siempre es sencillo de identificar.
Los precios pactados con las empresas relacionadas suelen seguir de cerca al internacional. Sin embargo, durante los períodos de ascenso de este último, el precio acordado con la vinculada queda rezagado por meses (o años). En cambio, cuando el internacional cae, el pactado con la relacionada se acopla rápidamente.
Las grandes firmas suelen desarrollar un grado elevado de internacionalización que les permite realizar prácticas nocivas a través del comercio intra-firma. Esta práctica, que no se limita al sector agroexportador sino que se repite en todos los sectores de la economía y en el mundo entero, perjudica tanto la recaudación de impuestos, como la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central, un bien tan preciado en medio de las negociaciones por una estructura de deuda sustentable para Argentina.
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