Sin control sobre la oferta de divisas, la estabilización del tipo de cambio parece cada vez más lejana. La apuesta oficial es conseguir un "shock de confianza" a partir de una reestructuración exitosa de la deuda y utilizar los nuevos bonos emitidos para bajar los precios de la versión bursátil de la divisa. Esto, explican, arrastrará los valores que se piden en las cuevas por el blue y se reducirá la presión sobre el tipo de cambio. Se trata de una ingeniería que permite suavizar tensiones pero que no estabiliza el mercado en el mediano y largo plazo. La respuesta es la generación genuina de divisas y el control sobre ese flujo.
La Argentina cuenta con un problema estructural de restricción externa que responde a una múltiples causas que van desde los altos niveles de ahorro y consumo en moneda externa de la población hasta una matriz industrial fuertemente deficitaria en términos de divisas. El ejemplo más claro es el sector automotor, por su alta participación de piezas importadas, algo que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se busca revertir. Mientras se alcance, si es que se logra, revertir a través de una mayor industrialización del país el déficit de cuenta corriente es necesario cuidar el ingreso de divisas de sectores que, por ventajas competitivas extraordinarias, tienen potencial de generarlo.
Si la estrategia es "hablarles con el corazón", la pelea parece perdida. La regulación sobre el mercado agroexportador sigue siendo la pata corta de la mesa, especialmente luego de la fuerte flexibilización macrista sobre el sector, el principal proveedor de divisas. Esta ventaja sobre el resto les permite presionar sobre el tipo de cambio, forzando mayores devaluaciones de las que la economía doméstica es capaz de absorber, afectando el poder de compra de las familias.
Mientras crecen las denuncias por evasión de grandes empresas, principalmente exportadoras de cereales y oleaginosas, la liquidación de divisas en el país de este sector se contrajo a sus mínimos en once años. El último mensual que difunde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que concentra el 40 por ciento de las exportaciones argentinas, detalla que en los primeros ocho meses del año el sector liquidó 13.346 millones de dólares, un 12 por ciento por debajo de igual período de 2019 (15.238 millones de dólares. Desde el 1 de enero al 28 de agosto del 2009 se habían liquidado 12.022 millones de dólares.
El agro-timing
La desregulación macrista relajó los plazos de ingreso de las divisas por prefinanciación de exportaciones, lo que les otorga un mayor margen para cartelizar la decisión de cuándo vender sus dólares en el mercado local. Según el Banco Central, el sector vendió de forma neta 4600 millones de dólares durante noviembre y diciembre pasados (con un 84 por ciento de aumento respecto al mismo bimestre del año previo), "básicamente por los mayores ingresos por anticipos y prefinanciaciones del exterior, endeudamiento que se vino cancelando a lo largo del año 2020, y que se detuvo en los últimos dos meses".
Esa aceleración respondió a una maniobra especulativa ante la posibilidad de que el cambio de Gobierno en diciembre trajera un retoque en los derechos de exportación. Ese aluvión de declaraciones juradas hasta diciembre les permitió evitar quedar alcanzados por cinco puntos más de retenciones. Ese volumen prácticamente triplicó el volumen de los últimos cinco años y supera en más de 12 millones de toneladas los negocios cerrados para la misma altura del año anterior, consignó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Lo mismo había sucedido septiembre de 2018 cuando el macrismo se vio obligado, tras acordar el salvataje con el Fondo Monetario, a reinstaurar, en forma de impuesto fijo, las retenciones a las exportaciones. La diferencia es que esa maniobra tuvo colaboración oficial. Previo al cierre de declaraciones juradas hasta el anuncio del cambio de esquema de derechos de exportación, se aceleraron los registros a niveles históricos para una jornada, lo que denota que hubo un aviso desde el entorno del entonces ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere al sector.
Hay un problema todavía más complejo que ese y que responde a la posibilidad que tienen las agroexportadras de eludir los controles y evadir impuestos. Frente al argumento de que la vida del grano en el silobolsa es finita y que en algún momento deberá venderse, la triangulación de las operaciones con otros países ofrece la respuesta más clara. A través de un complejo entramado contable, que incluye el robo de datos de vamilias vulnerables, para sobrefacturar costos y ocultar el origen de los granos entre filiales hasta terminar con sus ganancias en jurisdicciones off-shore, multinacionales del sector también le suman presión del dólar.
Los agro-evasores
El mes pasado finalizaron los alegatos por venta ilegal de granos a partir de una estructura que incluía el reclutamiento de personas insolventes, empresas y facturas apócrifas, sociedades utilizadas para “blanquear” las operatorias en Río Cuarto, Córdoba. "Estamos cerca de tener la primera sentencia de la historia por este tipo de maniobra de evasión y lavado de activos", señaló a El Destape el fiscal Carlos Gonella, quien denuncia a Atilio Omar Mengo y la reclutadora de indigentes era María Pía Cardozo. La investigación, según reconoce Gonella, llega hasta Cargill y Bunge.
El Destape reveló esta semana un esquema similar que se conoció en distintos puntos del país a través de un allanamiento simultáneo que realizaron la AFIP junto con la Justicia Federal de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal. Las estimaciones preliminares arrojan que las usinas de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de 2800 millones de pesos. Con esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por 430 millones de pesos entre 2017 y 2020.
Los allanamientos se realizaron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras. Las medidas judiciales también contemplaron domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde la Fiscalía de Córdoba no se conocieron los nombres de los primeros detenidos por el secreto de sumario. Desde el operativo en San Francisco se conocieron los nombres de Mauricio Pizzi, su esposa María Abtt, Diego Manzotti y Domingo Benzo, gerente del grupo cooperativo Mutual Devoto, y los contadores Omar Granelli, Agustín Granelli, Miguel Montali y Lucas Zoppetto.
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Los estudios contables reclutaban a la gente. En algunos casos se les pagó a las personas por el acceso a la clave fiscal y al cambio de registro pero en su mayoría directamente bajo engaño les robaban la clave fiscal y los convertían en contribuyentes. El paso siguiente era colocarlos como titulares de las empresas, bajo la estructura de las SAS, que no tienen ningún control. Las facturas se emitían y se enviaban de manera digital (vía WhatsApp y/o correo electrónico) y se presentaban ante la AFIP como gastos de las empresas y con eso achicaban y evadían todo el impuesto IVA.
El primero de los grandes nombres de las empresas que triangulaban que se conocieron fue Vicentin, como resultado de la investigación que desencadenó la escandalosa cesación de pagos de su deuda y los millonarios paquetes de ayuda que recibió del macrismo. La AFIP denunció el pasado 21 de agosto a Vicentin por la posible evasión de 110 millones de pesos por operaciones registradas entre 2016 y 2019 a través de sociedades truchas, para luego solicitar el reintegro de un IVA que nunca ingresó al fisco. La causa está radicada en el Juzgado Federal de Reconquista, a cargo de Aldo Alurralde y el fiscal Roberto Salum, según detallaron desde el organismo.
Independientemente de cómo se resuelvan estas causas, la falta de regulación sobre el principal fuente de dólares y desestabilización política y económica es el principal desafío que enfrenta el Gobierno para "tranquilizar" el mercado de cambios. La marcha atrás en una posible estatización del grupo agroindustrial Vicentin, tras haber sido rescatada de la quiebra auto-infligida, le impidió al país contar con una empresa testigo que pusiera en evidencia el manejo de un sector que gusta moverse en la opacidad. Un paso en la dirección contraria hacia una economía sana.
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