Dólar soja: Costos y beneficios de un plan hecho para no devaluar

El nuevo esquema de exportación que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, el domingo para el complejo sojero permitiría duplicar el ingreso mensual de divisas y triplicar los recursos tributarios, aunque también podría tensionar los precios por una mayor emisión de pesos. El mecanismo contempla durante todo septiembre un alza de 40 por ciento en el caso del precio que recibe el productor por la tonelada de oleaginosa vendida y de 50 por ciento en la cantidad de pesos que recibirá el exportador por el ingreso de sus dólares, los cuales serán valuados a 200 pesos por billete verde. 

Este permitió un acuerdo con el sector en el que se prevé 5000 millones de dólares de liquidación de dólares en septiembre; esto es 2116 millones más que en igual mes de 2021. Como anticipo, unos 1000 millones de dólares ingresarían en las primeras 72 horas. Restan venderse 11.900 millones de dólares de soja de la campaña de este año (de acuerdo con las cotizaciones actuales). El atraso de comercialización respecto de igual período (hasta agosto) de 2021 es de 2500 millones de dólares, según cifras de la Secretaría de Agricultura.

La medida tiene un costo para el Estado, dado que el Banco Central tendrá que emitir mayor cantidad de pesos y Tesoro colocar deuda por la compensación de precios, un esfuerzo al que el propio Massa le puso número redondo (600.000 millones de pesos). El anuncio además vuelve a ser una pésima señal: un puñado de grandes exportadores, muchos presentes en el anuncio del domingo, manejan el 90 por ciento de la exportación de granos y, por ende, el precio del dólar. 

A favor, ya jugadas las cartas y reconocidas las urgencias, este mecanismo logra evitar una devaluación de shock y una baja generalizada de retenciones, lo que hubiese impactado directamente en la inflación; al tiempo que se cuidaron los recursos tributarios (una eliminación directa de retenciones los hubiese eliminado). Esta última es, quizás, la única señal en la dirección correcta; en particular si avanza la iniciativa de lanzar una suerte de IFE por única vez para 3 millones de hogares. 

El esquema también permite llegar directamente al productor, aunque los más chicos no son precisamente los que llegaron al inicio de la nueva campaña con retención de la cosecha pasada. Pero evita que la mejora en el precio la absorba únicamente el exportador y no la traslade el productor.

Haciendo números

Desde la Mesa de Enlace habían dejado en claro que solo aceptarían una devaluación o una baja de retenciones para que sus "asociados" liquiden, dos alternativas que atizarían todavía más la inflación. El anuncio de este domingo, en palabras del propio ministro, equivale a retenciones "cero".  

Con un sistema más simplificado que el denominado dólar 70/30, a través del cual casi no se hicieron operaciones (menos de 20 millones de dólares), el resultado es el de una eliminación de retenciones para la soja y todos sus derivados, con foco en que el alivio llegue directo al productor. No obstante, a las pocas horas, la respuesta de la Mesa de Enlace, la única ausente en los anuncios, fue que el dólar-soja genera "tensiones" dentro del sector. 

¿A qué se refiere con tensiones? Cuando se bajan las retenciones, como hizo el Gobierno durante tres meses en 2020 para que el sector venda los granos, la diferencia se la queda habitualmente el exportador, ya que no traslada la mayor ganancia al productor. Ahora se establecieron dos aspectos: por un lado, al chacarero se le reconocerá un precio de pizarra de entre 70.000 y 75.000 la tonelada, un 40 por ciento por encima de los valores actuales. 

Al exportador, dando por sentado que se cumple el compromiso de ingresar dólares por la prefinanciación de exportaciones, se le reconocerá una mejora del 50 por ciento, pasando a recibir por el stock comprometido 725.000 millones de pesos (descontadas las retenciones) respecto de los 500.000 millones que ingresaría con el tipo de cambio oficial. Parte de esta mejora se destinará a que cumplan con la mejora en el precio al productor. Ahí están las tensiones que ve la Mesa de Enlace para cuestionar la medida, aún cuando se hayan aceitado todos los eslabones de la cadena. Tal vez sea por esto mismo que ven "tensiones" en el esquema. 

Son los mismos empresarios que insisten en la necesidad de reducir la emisión de pesos para bajar la inflación, pero que ahora no les importa que por el diferencial de precios entre el dólar oficial y el sojero el Banco Central tenga que imprimir unos 300.000 millones de pesos más y sin respaldo (de 690.000 millones de pesos por tipo de cambio oficial a 1 billón por dólar-soja).

Para tener una idea, de haberse dispuesto la segmentación de tarifas a principio de año, el ahorro fiscal previsto era de 800.000 millones en todo el 2022. Para absorber esa mayor emisión de pesos, el Ministerio de Economía le dará al Banco Central el equivalente en letras del Tesoro denominadas en dólares a diez años de plazo por la diferencia entre los 200 pesos que le paga al sector sojero y los 138, por ejemplo, que está actualmente el oficial. 

Cuidar las arcas

"Si no hacemos nada, este mes (por septiembre) ingresan 1000 millones de dólares nada más. Lo mínimo que necesiten para el inicio de la campaña", reconocía hace unos días a El Destape un funcionario del equipo económico que comanda Massa. En las últimas semanas se había intensificado el intercambio de propuestas, donde la secretaría de Agricultura era la única de las partes que presentaba una salida no ortodoxa al problema. Para los empresarios era devaluación o baja de retenciones. 

De hecho, desde el equipo económico reconocieron a este medio que la alternativa de mejorar el programa 70/30 e incluso lanzar un certificado a cuenta de futuros impuestos por el diferencial (algo que impactaría directamente en la recaudación de este año) pero no implicaría emisión de pesos) no iba a ser aceptado. 

Una devaluación de shock, en el actual contexto inflacionario, crearía un espiral inflacionario que dispararía la pobreza estructural a niveles insostenibles. Una eliminación de retenciones, aunque fuese temporal, eliminaría uno de los principales canales de ingresos tributarios, algo que, para los planes de cerrar el año con un fuerte reducción del déficit (llevarlo al 2,5 por ciento del PIB), sería inaceptable. Especialmente cuando se está exigiendo a la mayoría de la población un "esfuerzo" para lograr reacomodar la cuentas fiscales. 

El mecanismo de dólar soja mantiene y potencia la recaudación, el principal canal virtuoso de la medida. En particular si una parte importante de esa mayor recaudación se piensa utilizar como un refuerzo de 15.000 pesos a unos 3 millones de hogares que se encuentran bajo la línea de indigencia. Esto implicaría un desembolso de entre 45.000 y 50.000 millones de pesos. 

Por el mayor valor del precio reconocido a los exportadores por los dólares de su prefinanciación (divisas que cambian a pesos para comprar la cosecha al productor) de manera anticipada, los ingresos tributarios podrían llegar a triplicar los niveles actuales. Bajo el axioma de que se cumplirá la palabra empeñada, los 5000 millones de dólares liquidador por el complejo oleaginoso representarían ingresos tributarios por unos 330.000 millones de pesos; unos 100.000 millones solamente por el diferencial de precios entre el oficial y sojero. 

La mejora es incluso contra contra fáctica, porque, sin el incentivo, tampoco ingresarían 5000 millones de dólares. Si se lo compara con los niveles de liquidación actuales, en torno a los 3000 millones de toneladas --y decreciendo--, el diferencial es todavía mayor. La recaudación se ubica actualmente por debajo de los 130.000 millones de pesos (en agosto fue de 89.000 millones y en julio, de 110.000 millones). Si los empresarios cumplen, con una cuarta parte del ingreso extraordinario se asistiría a 3 millones de hogares.

"Los mayores ingresos que esto genera por la apreciación cambiaria permite encarar dos programas: Uno de fortalecimiento para todas las economías. Y otro, a través de ANSES, de ayuda a los sectores más vulnerables entendiendo que este esfuerzo que hace el Estado pagando un mayor precio tiene un correlato social para compensar el problema de la inflación", comunicó el domingo Economía.