Este miércoles venció el plazo para que los chacareros liquiden la cosecha de soja retenida bajo un esquema de incentivos que se conoció como “dólar-soja”, el cual contemplaba la posibilidad de acceder por el 30 por ciento de lo liquidado al mercado oficial de cambios y el resto colocarlo en un plazo fijo atado al movimiento de la divisa. El esquema estuvo lejos de alcanzar el objetivo esperado de 1500 millones de dólares y apenas ingresaron unos 20 millones. Según fuentes oficiales y del sector, se aguarda por el lanzamiento de un nuevo esquema que permita destrabar los más de 10.000 millones de dólares que todavía siguen acopiados en silo-bolsas.
Con un mecanismo más sencillo que el actual y un retorno directo en pesos sobre lo liquidado, el Gobierno le ofrecería al productor un precio de entre 200 y 210 pesos por dólar ingresado. Resta conocer el esquema a través del cuál se realizará la mejora en lo que perciban los productores sin generar una fuerte emisión de pesos como resultado de la compensación.
La retención estimada de soja hasta la semana pasada equivale aproximadamente a unos 5700 millones de dólares. Pese a que el Gobierno ofreció a productores y exportadores distintas alternativas financieras para cubrirse de una eventual “pérdida de oportunidad” frente a una devaluación de la moneda, el ritmo de liquidación se contrajo todavía más en las últimas semanas. Mientras se esperaba un ingreso de 5000 millones de dólares en agosto, a partir de un esquema de incentivos al sector, la liquidación se ubicaría en torno a los 3000 millones.
Un menú remozado
Según supo El Destape, se barajaron varias alternativas para mejorar los incentivos para que los chacareros vendan su cosecha. Una primera opción había sido elevar del 30 al 50 por ciento el porcentaje que se les iba a permitir acceder a la compra de dólar ahorro, lo que luego de venderlos en la Bolsa (dólar MEP) se les aseguraba una mejora de entre 13 y 15 por ciento dependiendo del valor del variante financiera al hacer el “rulo”.
Sin embargo, los empresarios ruralistas adelantaron que rechazarían también este esquema y el propio secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, reconoció que no era un mecanismo que les sirviera a los productores. La otra opción que se presentó al sector es ofrecer un tipo de cambio intermedio, entre el MEP y el oficial, lo que lo acercaría a un valor de 200/210 pesos por dólar, acercándose a la mejora que exigen los productores para vender su cosecha a la industria molinera y a los exportadores. Si liquidan un porcentaje al dólar MEP, la medida tiene costo fiscal, porque se requiere mayor emisión de pesos.
En las últimas horas, desde la cámara que aglutina a aceiteras y cerealeras comunicaron a las empresas del sector que “el Gobierno ha tomado contacto con CIARA-CEC a los efectos de comunicar que están evaluando implementar para el mes de septiembre un régimen especial y extraordinario de liquidación de divisas a un tipo de cambio de 200 pesos únicamente aplicables para la compra de soja, durante el mes de septiembre”.
Parte del menú incluiría la aplicación de un certificado que las exportadoras le comprarían al productor y lo aplicarían al pago de derechos, según reconocieron a este medio fuentes vinculadas a la negociación con este sector. El certificado, que se pactaría en torno al 30 por ciento, se gatillaría automáticamente por cada liquidación primaria de granos que cada productor emita durante septiembre. El precio al productor mejoraría y se arribaría al escenario de retenciones cero en beneficio del productor, reclamo incesante desde la Mesa de Enlace.
“El gobierno también incluiría la necesidad de registro de Declaraciones Juradas de Exportaciones (DJVE) de soja y subproductos bajo la Ley 21.453. Esta condición especial durante septiembre sería de aplicación voluntaria para exportadores que adhieran al régimen de forma escrita vía comunicación a la AFIP”, señala el comunicado de CIARA-CEC que firma su presidente Gustavo Idígoras.
“No haría falta tener cuentas especiales en dólares o corresponsales bajo la última Comunicación del BCRA”, agrega la CIARA-CEC. En tanto, sostienen el pedido al Gobierno de un “ajuste del financiamiento en pesos de los techos establecidos por el BCRA (igualación de montos)”. La medida no es de extrañar en momentos en que los productores adquieren sus insumos para la próxima campaña y los bancos públicos financian esas adquisiciones a tasa subsidiada, quizás la única herramienta (su eliminación) de coerción para que el sector agroexportador deje de retener su cosecha.
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