El Gobierno anunció este martes el decreto de necesidad y urgencia con foco en las relaciones laborales, con una fuerte flexibilización de los contratos y las condiciones para los trabajadores y las trabajadores. El proyecto provoca un fuerte debilitamiento de las condiciones laborales, otorgando a las empresas las posibilidad de despedir trabajadores en caso de que realicen una huelga, que será regulado vía el mismo decreto. Se reducen los aportes y contribuciones y se extiende el período de prueba, entre los principales puntos de DNU flexibilizador.
De acuerdo con el texto de la norma, el DNU busca avanzar con desregulaciones en la economía e incluirá la reforma laboral a la que apostará el gobierno de Javier Milei, en un contexto de “emergencia”, para darle “previsibilidad” a la relación entre empresarios y sindicalistas y “favorecer la generación de empleo”. Los puntos dados a conocer de manera oficial van en concordancia a los recientes anuncios en materia de designaciones, sobre todo en el área de trabajo, que responden a presiones del sector empresario por una flexibilización de las relaciones laborales y debilitamiento de las conducciones sindicales.
En el capítulo laboral, el DNU incluirá, por ejemplo, la reducción de las multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado. De esta forma, el decreto elimina las multas por mala registración laboral, lo que terminará favoreciendo la contratación de trabajadores informales sin penalidad. También se habilita crear un sistema indemnizatorio similar al Fondo de Cese Laboral de la UOCRA, que será voluntario y deberá negociarse en los convenios colectivos; la extensión del período de prueba de los trabajadores, que pasará a ser de ocho meses (actualmente es de tres meses).
La norma modifica los intereses por indemnizaciones, para lo cual se utilizará lo que marque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 3 por ciento y se excluirán de la base de cálculo rubros como sumas no remunerativas, teléfono celular, premios o los bonos anuales, y la incorporación de la figura de “trabajador independiente con colaboradores”, con la idea de ayudar a que emprendedores o monotributistas puedan contratar personal, con aportes a la seguridad social y ART.
El DNU contempla además la regulación del derecho de huelga mediante la incorporación de la educación y el transporte entre los servicios esenciales, con el mantenimiento del 50 por ciento de la actividad normal, y la inclusión de los bloqueos sindicales como causal de despido para desalentar las protestas extorsivas que cortan el acceso a las fábricas o impiden la entrada de los trabajadores.
Dentro de las reducciones de aportes y contribuciones, se incluyen la obra social, PAMI, fondo nacional de empleo, el seguro de vida obligatorio y las ART. En otro capítulo, se modifica el aporte por cuota solidaria y se contempla el bloqueo sindical como "causal de despido", al tiempo que se "regula" el derecho a huelga.
En cuanto a las designaciones, primó en la elección la firme postura de un sector empresarial, ligado al Grupo Techint y de la Unión Industrial. En consecuencia, se confirmó en las últimas horas la llegada del abogado Claudio Aquino, vinculado a grandes corporaciones empresarias, a la silla máxima de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNA). Se trata de un espacio de gobierno fundamental en la relación del gobierno con los sindicatos. De allí salen los permisos de convocatoria a congresos, asambleas y elecciones gremiales, se emiten las certificaciones de autoridades y se debate encuadramientos sindicales, entre otros puntos clave.
Aquino es un experimentado abogado en material laboral, que defendió su tesis doctoral con un trabajo crítico contra el modelo sindical argentino, algo que despertó inquietud y preocupación en el ámbito de los gremios.
Otra designación confirmada es la de Pedro Frankenthal, en el área de Negociación Colectiva, bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo al mando de Omar Yasín, como titular, y Horacio Pitrau, como segunda línea. Frankenthal formó parte del gobierno de Mauricio Macri siendo, en distintas etapas, sub director nacional de Relaciones del Trabajo y Asesor principal de la Secretaría de Trabajo, durante la gestión de Jorge Triacca, y Director de Análisis Laboral del Sector Público, durante la administración del ex Secretario de Industria Dante Sica.