La libre disponibilidad de divisas, por el 25% de las exportaciones de soja, estará vigente por 30 días. Según informó el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y el secretario de planificación del desarrollo y competitividad, Jorge Neme, la obligación de los exportadores será utilizar esos recursos para importar soja desde Brasil con el objetivo de sostener los niveles de actividad de la industria procesadora. Entre enero y julio de este año, las importaciones de soja se incrementaron un 27%, según datos del Banco Central.
“La balanza alimentaria con Brasil pasó a ser deficitaria como consecuencia de que aumentaron las importaciones de soja. Por la mala cosecha local, ya se importaron 1300 millones de dólares de la oleaginosa”, explicó Neme durante una conferencia de prensa.
Entre enero y julio, las grandes cerealeras liquidaron 11.503 millones de dólares, cuando un año atrás habían aportado 22.708 millones. En su faceta compradora, el mismo sector incrementó su demanda de divisas para la importación de soja en un 27% interanual.
Los grandes productores agropecuarios, muchos de ellos integrados de manera vertical con los exportadores y la industria, siguen reteniendo parte de la cosecha de soja del año pasado. Hasta el momento cuentan con 8 millones de toneladas en silobolsas. La devaluación del peso del 22% no les movió un pelo.
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Las cerealeras podrán disponer del 25% de los recursos generados por sus exportaciones sin tener que ingresarlos al mercado único y libre de cambios. La medida tendrá una vigencia de 30 días. “Es un tiempo prudente y nuestro objetivo es que se siga manteniendo el nivel industrial y fuentes de trabajo en el sector dedicado al procesamiento de soja destinada a la fabricación de aceites y harina”, aclaró Bahillo. Con esta medida, las grandes cerealeras obtendrán una ganancia extraordinaria, destinada a importar porotos de soja que luego se exportarán en forma de aceite y harina.
Durante la conferencia de prensa, los funcionarios de Agricultura detallaron que se invirtieron cerca de 200 millones de dólares para asistir a los productores afectados por la sequía. En total, los recursos y medidas llegaron a más de 16.000 productores. Entre las medidas adoptadas, hubo recursos para cubrir la emergencia (9400 millones), programas de fortalecimiento para los diferentes sectores productivos (53.746 millones), fondos rotatorios y transferencias hacia las provincias.
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