Retoman en la Cámara de Diputados ronda de análisis para reformar la ley de alquileres

20 de abril, 2022 | 14.05

(Agrega inicio de la reunión)

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados retomó esta tarde las consultas para avanzar en la reforma a la ley de alquileres, con la exposición de cerca de 40 representantes de los inquilinos, corredores inmobiliarios y propietarios.

"Creo que ya podemos empezar la semana próxima con el debate del dictamen", anticipó Moreau en el inicio del encuentro, si bien no descartó que si hay más expositores pendientes se dispondrá una nueva ronda para que participen referentes de todos los sectores.

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La primera en exponer hoy fue Lucía Cavallero, miembro de Ni Una Menos, quien sostuvo que "hay una relación desigual de poder", al considerar que "el punto de partida no puede ser pensar en que hay un interés común: nos encontramos en caso donde inquilinas nos vienen a comentar situación de chantaje" y advirtió que "el precio de alquileres se ha transformado en una fuente de endeudamiento".

Hasta las 17 está previsto que expongan, entre otros, Enrique Abatti, de la Cámara de Propietarios de la República Argentina; María Florencia Agüero Birocco, presidenta del Consejo Federal del Consumo (Cofedec) ; Ana Rebeca Ancina, del Sindicato de Inquilines trabajadores de Chubut CTA Autónoma; y Cintia Barenboim, investigadora del Conicet y docente UNR y UAI.

También estarán como invitados Andrea Bernal, Coordinadora de abogados y abogadas de interés publico; Alejandro Bustamante, presidente de la Cámara de Propietarios de Jujuy; Jorge Cialiciotti, del Consejo académico universidad Blas Pascal - director Escuela de negocios inmobiliarios argentina; y Emmanuel Canelli, de la Asociación Inquilinos de Rosario.

Asimismo expondrán Fernando Cantero, de la Asociación Civil Consumidores con Opinión (CABA), así como Lucía Cavallero, referente de Ni una menos; Juan Pablo Costa, del CEPA; Rolando Crook, de la Comisión derecho privado Colegio Abogados Catamarca; Leonor Dueñas,de la Unidad Inmobiliaria del Colegio de Martilleros de San Isidro, así como Jorge Enriquez, de ONG Causa Justa y Pamela Gaita, de la Cooperativa de Vivienda de Neuquén.

Además, fueron invitados a exponer Federico Gonzalez Rouco, Consultor de Centros de Investigación en temas de urbanismo y vivienda; Lorena Itabel, de ATE Ministerio de Economía; y Karina González, de Propietarios Unidos.

Entre otros, fueron invitados también Federico Kulekdjian, de la Oficina Provincial Coordinación Alquileres de Buenos Aires; Florencia Labiano, de Idaes/Unsam; Marta Liotto, del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad; Federico López Castromil y Mariano Oppel de Unidos por la Profesión, así como Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Ciudad y Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos Nacional (PTE).

En el último tramo expondrán Cecilia Pereyra, de Inquilinos por Quilmes; Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Económico y Sociales Scalabrini Ortiz-CABA; Luján Porras, presidenta de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de La Rioja; Natalia Ranzuglia, Red Inquilines Bonaerenses de Tres de Febrero; Eduardo Reese, Universidad Nacional de General Sarmiento; Lucas Simoniello, ONG DATA #Encuentro; Juan José Sisca, secretario general de Apyme Nacional; y Sebastián Tedeschi, Investigador de la Facultad de Derecho de la UBA, entre otros.

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron en los primeros días de abril analizar durante 30 días hábiles las reformas que se deben efectuar a la Ley sancionada en 2020 ante la reducción de una oferta para alquilar, con el fin de aprobar una nueva iniciativa en la primera quincena de mayo.

La Ley de Alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

Pero, y a menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma generó numerosas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad, y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.

Con información de Télam