La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados avanzaba esta tarde en el debate de un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, por el cual se propone un régimen de transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), en el marco de una reunión informativa, con la presencia de abogados y especialistas.
La reunión de la comisión que preside el salteño Lucas Godoy (FdT), cuenta con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta; el titular de la fiscalía Federal 2 de esa provincia, Walter Rodríguez; además de autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Se trata de una iniciativa elaborada por el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez; la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, y la secretaria del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca, que busca transparentar el marco jurídico en el que se desarrollan las denominadas SAS, creadas en el gobierno de Mauricio Macri, que constituyen un tipo societario novedoso en la legislación argentina.
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Al exponer en el marco de la reunión, el presidente de la Corte de Santa Fe, Daniel Erbeta, sostuvo que "el concepto de persona jurìdica se ha resquebrajado en las últimos años" y consideró que las SAS "son una herramienta apta para el capital emprendedor, el problema no es el instrumento", al señalar que "hay un problema mas de fondo que tiene que ver con algunos vicios de la ley de sociedades".
Para Erbeta, "hay una regulación laxa" de la norma y consideró que "no hay una fiscalización adecuada en su constitución", al sostener que "existe una necesidad de discutir y proyectar algunas exigencias de mayor control", así como "fortalecer organismos de control y hasta de establecer sanciones en casos de omisión de estos controles".
Por su parte, el titular de la Fiscalía Federal Numero 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, relató que, tras una investigación, una de las causas a su cargo descubrió la existencia de unas 40 sociedades simplificadas que estaban interrelacionadas entre si y, que tras un trabajo, se construyó una imputación por delito de asociación ilícita tributaria, al señalar que la característica de este tipo de sociedades "es que duran entre 3 y 4 meses".
"Llegué a la conclusión que se habían formado para generar usinas de facturas falsas que llegaron a generar una suma de 700.000 millones de pesos y se emitieron más de 8500 facturas falsas. Esto fue posible gracias a las facilidades en conformar las SAS mediante los tramites a distancia que facilitaban comenzar con la inscripción de las sociedades", afirmó Rodríguez.
Por su parte, el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, afirmó que "la IGJ quiere que las sociedades se constituyan pero nació como una sociedad sin controles" y recordó que los Panamá Papers "puso en conocimiento que las actividades off shore facilitaban determinados delitos y puso en tela de juicio una operatoria que se practicaba desde los '90. Es fundamental el control estatal".
"Las Sociedades son un instrumento de capital perfecto pero también es un fraude. Para eso está la mayor parte de SAS", aseveró Nissen.
Según el Director de Sociedades Comerciales de la IGJ, Darío De León, "el 95 % de las SAS no llevan registros contables, es decir que no queda registro de ingreso y egreso, en definitiva a qué se dedican" y sostuvo que "es un problema estructural que redunda en la elección de este tipo particular, dado que nadie las controla, nadie sabe a qué se dedican".
En cambio, el abogado Alejandro Ramírez, dijo que "Pablo Escobar existió antes de las SAS y lavó todo el dinero del mundo" y sostuvo que "esta ley mata a las pymes. Quién va a hacer negocios en Argentina con esta inestabilidad. Estamos generando burocracia".
A su turno, Germán Martínez, autor de la iniciativa, aseguró: "No me enamoro de ninguno de los proyectos que presenté. Tratamos de buscar en cada uno de los proyectos que presentamos la posibilidad concreta que nos ayuden a resolver problemas y estoy seguro que este proyecto tiende a ésto" y pidió "no demonizar al que piensa distinto".
El principal objetivo del proyecto consiste en dotar de mayor transparencia a las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.), para que este tipo de sociedades creadas para emprendedores sea utilizada por personas que realmente quieran desarrollar una actividad económica legítima y no por aquellos que pretendan utilizarlas para lavar o blanquear dinero obtenido de fuentes ilícitas tales como el narcotráfico.
Según el proyecto, al elevar los estándares de control y fiscalización, este régimen implica mayor seguridad jurídica para los socios, contratantes y contribuyentes, desalentando el uso indebido para fines ilícitos.
Entre sus puntos centrales la iniciativa prevé que las SAS deban acreditar la existencia y veracidad del domicilio y sede social (actualmente sólo denuncian su domicilio sin acreditarlo) para evitar sociedades "fantasmas", así como la obligación de presentar estados contables y balances.
El debate se produce luego de que un proyecto de similares características elaborado por el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos), aprobado por la Cámara alta en junio de 2020 y que tuvo dictamen un año después, perdió estado parlamentario, por lo que Martínez decidió volver a presentar una iniciativa que aborda la misma temática aunque con algunos matices.
Con información de Télam
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