Cambiemos no sólo dejó en crisis a la deuda nacional, sino que hizo lo propio en la provincia de Buenos Aires. Ahora, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, y su par bonaerense, Pablo López, negocian contrarreloj con los acreedores para evitar el default con propuestas de canje que vencen hoy para el soberano y el lunes la provincial. La raíz del problema, en ambos niveles, se debe a la imposibilidad de pagar los vencimientos por la recesión económica y las nuevas urgencias que generó el coronavirus.
En caso de que no reestructure la deuda, la gestión de Axel Kicillof afronta obligaciones por $ 220.000 millones para este año. De acuerdo a las estimaciones que surgen de mirar las finanzas sub-soberanas, el monto se iguala a lo que ARBA consigue en seis meses. Si se incluye la coparticipación, esto equivale al 20% de la recaudación total. Por lo tanto, si no reestructura, López debería contar con sólo el 80% de los ingresos para mantener en pie a la provincia con mayores habitantes del país. Una tarea que, en el contexto del 40% de pobreza y la actual pandemia, entraría en el récord Guiness si pudiera cumplirse.
Para ser prácticos, esos $ 220.000 millones equivalen a 3,1 veces el presupuesto de PBA en salud para todo el año. Ascienden también a cuatro meses de pago de todos los salarios, lo que abarca médicos, policías, docentes, administrativos. Se pueden comparar si no con 2,75 años del gasto destinado a seguridad.
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La reestructuración aparece como la única alternativa razonable para evitar el default y apuntar a un escenario futuro de repago, luego de los tres años de gracia que ofreció López. La situación se agravó por el megaendeudamiento pero también por la crisis que generó la implosión inherente al modelo macrista golpeó con más fuerza a la Provincia.
La situación social de la Provincia
Antes de la emergencia del coronavirus, Buenos Aires venía de una recesión iniciada en 2018. En enero en la producción industrial bonaerense se contrajo 4,9% interanualmente. En el mismo mes se registró una destrucción de 55.700 puestos de trabajo registrados privados contra enero de 2019: una caída del 2,9% interanual, con lo que fue el vigésimo mes de baja consecutiva.
La pobreza afecta al 38,9% de los bonaerenses (por encima de la media nacional del 35,5%). La desocupación también se ubica por encima que en el resto del país: 10,5% contra 8,9%. De modo que esta jurisdicción concentra el 60% de todos los desempleados del país.
La pandemia sencillamente agravará estos indicadores. Según estimaciones privadas, el derrumbe en la actividad económica sub-soberana en marzo podría alcanzar el 10% interanual.
Para morigerar el impacto de la nueva crisis, se calcula que la gestión de Kicillof aumentó las erogaciones en $ 25.000 millones, lo que representa el 26% de la recaudación propia de la Provincia de marzo, abril y lo proyectado para mayo. El 40% del dinero reforzó el presupuesto en salud, otro 40% la asistencia a los 135 municipios para el pago de salarios y el 20% restante se dividió entre alimentos, seguridad y justicia.
Pero al mismo tiempo, la emergencia sanitaria recortó un 25% la recaudación tributaria de abril ante los menores pagos de los contribuyentes por la baja en sus ingresos o las nulas ventas. En conjunto, se estima que entre marzo, abril y mayo, la Provincia dejará de recaudar $ 50.000 millones.
El irresponsable megaendeudamiento de Vidal
Buenos Aires, como todas las provincias, recauda en pesos. Sin embargo, el 86% de su deuda se encuentra nominada en moneda extranjera. La ex gobernadora María Eugenia Vidal incrementó el peso de los bonos en dólares en 26 puntos porcentuales.
Por esto, ante las incesantes devaluaciones se quintuplicó el total medido en pesos entre 2018 y 2019. Ascendió entonces al 18% de los recursos totales el pago de los servicios de deuda en ese último año, por lo que se calcula que en 2020 ese porcentaje supere el 20%.
Vidal también redujo el plazo promedio ponderado de la deuda de 5,7 años a 3,3 años en los últimos cuatro años. Como consecuencia, el 80% de los vencimientos se concentran entre 2020 y 2025. Sólo de la parte bajo legislación extranjera, la Provincia debería pagar U$S 5.500 millones entre 2020 y 2023.
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