El Gobierno de Santa Fe destacó hoy que el acuerdo para el cobro de la deuda por $151.873 millones de la Nación, que fue anunciado el miércoles en la Casa Rosada y que deberá ser ratificado por la Corte Suprema de Justicia, contiene títulos públicos y letras del Tesoro que devengan un interés “escalonado”, lo que le permitirá a la provincia contar con “un flujo de fondos” a corto plazo.
Además, los instrumentos financieros que obtuvo Santa Fe del gobierno federal están ajustados por CER –por lo que siguen al índice de inflación- y proporcionan una tasa de interés.
Durante una rueda de prensa, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y su ministro de Economía, Walter Agosto, brindaron detalles del acuerdo por el que la Nación cancelará la deuda reconocida a Santa Fe en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2015, cuya actualización asciende a $151.873 millones.
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Perotti sostuvo que si la provincia hubiese apurado el acuerdo, en base a un planteo realizado por el anterior gobierno provincial que demandó la aplicación de la tasa activa del Banco Nación para actualizar la deuda histórica, Santa Fe hubiese perdido de percibir $60 mil millones.
Sin embargo, al aguardar un nuevo fallo de la Corte –que tuvo como antecedente la tasa aplicada en el caso de la provincia de San Luis-, el Estado santafesino incrementó el crédito en $60 mil millones.
“No es un acuerdo que hemos hecho bilateralmente, no es una transacción, sino que es una sentencia la que establece el monto y cómo se actualiza”, recordó Perotti, para aclarar que “lo que nos tocó instrumentar son las formas de los pagos y los plazos”.
El encargado de brindar el detalle al respecto fue el ministro Agosto, quien indicó que “la cartera de instrumentos que la provincia recibirá para el pago de la sentencia incluye títulos públicos y letras del Tesoro Nacional”.
El funcionario afirmó que “todos los instrumentos contienen cláusula de ajuste por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), asegurando que no se deprecie el capital por efecto de la inflación”.
Además, sostuvo que “los activos mayores al año pagan adicionalmente al CER una tasa de interés que oscila entre el 1,45 y el 2,5 por ciento, según el plazo” de vencimiento del instrumento.
Ante planteos opositores sobre el plazo del acuerdo, que termina de cumplirse en diez años, Agosto explicó que de acuerdo al escalonamiento pactado, “en los primeros dos años la provincia va a cobrar 50 mil millones de pesos”.
“En el 20% del tiempo (del acuerdo) va a cobrar el 34% de la deuda”, detalló el ministro de Economía provincial, para abundar que en cuatro años Santa Fe percibirá el 55% de su crédito.
“Todos los bonos tienen distintos vencimientos, algunos llegan al año 2031. Pero a no confundirse, el flujo de fondos que generan estos bonos es lo que determina la vida promedio de esta cartera de instrumentos”, precisó Agosto, para explicar que dicha vida promedio es “de 3,5 años”.
Además, dijo que “los vencimientos se producen dos o tres veces por año. Muchos títulos tienen un vencimiento a final de año, acá escalonamos un cronograma casi permanente de flujo de fondos”.
Según se explicó, el acuerdo con la Nación –que ahora debe ser ratificado por la Corte Suprema- incluye la devolución de un bono por $9.085 millones que el gobierno federal otorgó a Santa Fe en 2017 en virtud de la firma del consenso fiscal de ese año.
A la vez, el Gobierno de Santa Fe adelantó que coparticipará a municipios y comunas lo que corresponde la deuda que cancelará Nación, detrayendo los recursos que las administraciones locales ya percibieron por el bono del pacto fiscal.
Agosto se refirió además al valor actual de los títulos públicos que recibirá Santa Fe, al decir que “veo a muchos preocupados por la cotización, pero no es la preocupación de la provincia salir a venderlos, porque no tiene urgencia para hacerlo”.
De todos modos, aclaró que “todos los instrumentos son transferibles y cuentan con mercado” para hacerlo.
En relación al destino de los recursos, dijo que existen afectaciones dispuestas en la ley de Presupuesto y que “la idea es que financien gastos de capital, inversión real directa o equipamiento, o bien a cancelar financiamiento que haya sido obtenido para gasto de capital”.
Con información de Télam
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